Este 28 de agosto de 2015 ha amanecido (es un decir) con la noticia de un nuevo registro en CatDem, la sede de la Fundació de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), al que se han sumado, progresivamente, los registros en la sede de la propia CDC (situada en la calle Còrsega de Barcelona), y en los ayuntamientos convergentes de Sant Celoni, Figueres, Lloret de Mar (Girona) y Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
Dichos registros tienen como origen las detenciones, el pasado 23 de julio, de tres miembros de la familia Sumarroca (fundadores de CDC y relacionados profesionalmente con la constructora TEYCO) y de Daniel Massagué, ex-alcalde de la población tarraconense de Torredembarra y expulsado de la formación política por otra imputación en un caso de corrupción municipal. Estas detenciones se enmarcan en el denominado «Caso Petrum», en el que la Fiscalía acusa a los tres Sumarroca de pagar 1,4 millones de euros, a través de diferentes empresas, a Massagué, a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Este movimiento policial (probablemente rodeado de una parafernalia exagerada) con la elecciones autonómicas a un mes vista, no ha dejado indiferente a nadie. Y surgen dudas sobre la verdadera independencia (curiosa palabra) del poder judicial respecto a las injerencias del ejecutivo.
CiU es el partido catalán con más casos de corrupcion en su haber. No es una novedad que, a mayor tiempo gobernando, mayor oportunidad de corromperse. Por mucho que algunos de sus miembros tachen esta situación de intencional y oportunista, en un intento de desestabilizar el proceso soberanista. El enfoque de CDC hacia la campaña, en la que no parece existir nada salvo la cuestión independentista, muestra a las claras el uso partidista de esta ilusión de millones de personas, para tapar sus vergüenzas en materia de corrupción y nefasta gestión. Un intento ruin de tapar el bosque con un árbol, adueñándose de una aspiración popular, sin establecer, ni explicar cómo ni cuando y negando la existencia de cualquier otra materia. Y en este proceso, cuenta con el beneplácito de sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que han sacrificado su parte más zurda en aras de ese, histórico en la formación, cierto es, anhelo independentista.
Pero esto no justifica el, sospechoso, uso de la Fiscalía con fines políticos.
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno, y probada embustera profesional, se ha apresurado a negar toda implicación política en la operación policial, casi a la vez que García Albiol, candidato popular a la Generalitat, pedía responsabilidades políticas inmediatas, empezando por una comparecencia de Artur Mas en el Parlament «voluntaria o forzada». Demasiado oportuno todo.
Se dice que la información es poder. Y el poder se ejecuta cuando más le conviene a uno. Este parece ser un momento preciso para el gobierno central (al menos esa es su creencia) de desprestigiar el movimiento independentista catalán. Y CDC le da demasiadas oportunidades.
Las elecciones son un juego, en que todos los participantes mienten en mayor o menor grado.
Y la ciudadanía debería estar a la altura de este país (sea Catalunya o España) y no caer en palabras vacías y cortinas de humo. La corrupción es corrupción y los recortes de derechos y bienestar… son recortes de derechos y bienestar. Mantener una España como la actual, o encaminarse a una Catalunya gobernada por la vieja política no va a mejorar en gran cosa la situación del ciudadano medio.
Hoy, 28 de agosto de 2015, se han vuelto a producir registros por corrupción en la sede del principal candidato a la presidencia de la Generalitat. Y eso es, mezquindad y prostitución de los estamentos jurídicos al margen, una verdad incuestionable y a la que se ha de poner freno.
