La jueza argentina María Servini de Cubría ha pedido a la INTERPOL la extradición de tres policías y un guardia civil que están imputados en la causa 4591/10 por delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad. Los delitos fueron cometidos en España por la dictadura Franquista entre 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, causa conocida como la Querella Argentina. Se trata de cuatro torturadores del franquismo.
Torturadores del franquismo
La orden se dictó el pasado 18 de septiembre contra:
- Los policías Celso Galván, de 77 años, que fue escolta de Franco y después en la Casa Real, acusado por varios querellantes como autor de torturas, además de ser uno de los tres policías que participaron en el asesinato del estudiante Enrique Ruano, en 1969.
- Contra el ex comisario José Ignacio Giralte González, de 71 años, miembro de la Brigada Político Social (BPS) y posteriormente del Cuerpo Nacional de Policía, sindicado también como torturador.
- Contra el siniestro Juan Antonio González Pacheco, de 67 años, conocido como Billy el Niño, miembro destacado y condecorado de la BPS y que se hizo tristemente famoso por su sadismo en los interrogatorios.
- Y contra el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 74 años, acusado de torturas. Dueño del Centro Hípico Valdemoro, donde en 1994 y junto a otros guardias civiles, rindieron homenaje al golpista Antonio Tejero.
Una lista extensa
Recordamos que entre los imputados por la jueza argentina, además de los citados, están los exministros franquistas Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Así como Fernando Suárez Gonzáles, que fue Ministro de Trabajo en 1975, por lo que formó parte del Consejo de Ministros que dio el “enterado” a los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 que acabaron con la vida de cinco militantes antifascistas.
Depende de Rajoy
El gobierno de Mariano Rajoy tiene en sus manos el tramitar o no la petición de extradición, que deberá estudiarse en Consejo de Ministros, según informan desde el ministerio de Justicia, llegado el caso de que la INTERPOL detuviera a estos individuos.
El hecho que esta querella se esté tramitando en Argentina, dado que las víctimas españolas no encontraron la justicia y la reparación en su propio país, y sabido las trabas que el gobierno del PP ha puesto a todos los trámites de esta querella, como la interrupción de las primeras videoconferencias que los querellantes con la jueza, no nos hace albergar esperanzas sobre la colaboración debida a la justicia y la petición que llega de Argentina.
Si el gobierno del Estado español diera el visto bueno a esta primera diligencia, el caso pasaría a la Audiencia Nacional, que con su negativa podría parar todo el proceso, y si diera su consentimiento, Rajoy y su gobierno tendrían la última palabra y negar la extradición, que además podrían justificar con alguna triquiñuela legal, que haberlas haylas, dejando eso sí, a ciudadanos españoles indefensos y sin posibilidad de reparación y justicia.
