Más de veinte de organizaciones y entidades sociales han participado hoy en Madrid en una jornada reivindicativa contra el poder de las grandes empresas energéticas, cuya consecuencia directa es la pobreza energética y para pedir que se mantenga la moratoria de cortes de suministros básicos vigente desde 2020. Si no se prorroga la prohibición de cortes de suministro, que finaliza el 31 de diciembre de 2023, podríamos encontrarnos con una gran crisis de cortes de agua, luz y gas con consecuencias catastróficas para miles de hogares.
El actual momento de incertidumbre política y la interinidad del Gobierno, a la espera del próximo intento de investidura, genera mucha preocupación y ansiedad en más de un millón y medio de hogares beneficiarios del bono social, que dependen de la aprobación de las medidas adecuadas para garantizar sus derechos más básicos. Por ello, las organizaciones exigen al próximo ejecutivo que apliquen las medidas urgentes que demanda la situación ante la cual nos encontramos:
En primer lugar, se reclama la prórroga de la moratoria de cortes de agua, luz y gas en hogares vulnerabilizados, garantizando así los derechos fundamentales de la ciudadanía en los que la energía es transversal, así como el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS) reconocido por Naciones Unidas. En paralelo, se debe avanzar para hacer permanente la prohibición de cortes en hogares vulnerabilizados en la línea de lo que han propuesto tanto la Comisión como el Parlamento Europeos en el marco de la reforma del mercado común de la electricidad.
Además, se exige que todos los impagos desde 2020 asociados a esta medida sean asumidos por las grandes empresas del sector, cuyos beneficios netos no han parado de incrementarse en los últimos años como una forma de “compensación social” por tratarse de un suministro esencial, con una cartera de clientes asegurada en un mercado altamente rentable y con poca competencia.
En relación con el oligopolio energético, se denuncia también su responsabilidad con la actual situación de emergencia climática, siendo precisamente Endesa, Naturgy e Iberdrola la segunda, cuarta y octava empresas españolas que más dióxido de carbono emitieron en el año 2022 respectivamente.
Por otro lado, las vecinas de la Cañada Real, sin luz desde hace más de tres años, exigen una solución a la actual vulneración de derechos, denunciada por una pluralidad de organismos y organizaciones internacionales.
Ante el evidente aumento del coste de la vida debido entre otros al carácter sistémico del precio de la electricidad, del que las energéticas y el aumento exponencial de sus márgenes empresariales son indiscutiblemente responsables, el colectivo de pensionistas reclama un sistema de pensiones justo y digno para todas.
En la actual crisis ecosocial los hogares son el último refugio climático ante olas de calor y frío. En cambio la mayor parte de los fondos europeos no se están dedicando a mejoras energéticas de las familias más vulnerables y que viven en régimen de alquiler. Se reclama la priorización de la rehabilitación energética y los subsidios para instalaciones de autoconsumo renovable a los barrios y familias más vulnerabilizados independientemente del régimen de propiedad de los inmuebles.
Por último, desde el movimiento en defensa del derecho a la vivienda, se reclama que se garantice el acceso universal a la vivienda, sin que existan amenazas de cortes de suministros, acumulación de deudas o desahucios. En consecuencia, demandamos la implementación de una moratoria indefinida que prevenga estas situaciones de forma permanente.
Una jornada de lucha para defender el derecho a los suministros
La jornada ha empezado en la sede de Iberdrola, en el distrito de Hortaleza, donde se ha presentado un cabezudo que representa a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. La ruta de denuncia ha pasado después por las sedes de Endesa en Barajas y Naturgy en el barrio de Salamanca, donde han desfilado también los cabezudos de José Bogas y Francisco Reynés y se han desplegado pancartas reivindicativas.
A media mañana, activistas y manifestantes se han concentrado en la Plaza de las Cortes, ante el edificio del Congreso de los Diputados, momento en el cual se ha producido un “juicio popular” a las grandes energéticas y una rueda de prensa para compartir el conjunto de reivindicaciones y demandas. En dicho juicio popular, distintas afectadas por pobreza energética han trasladado sus quejas y reclamaciones a los máximos directivos de Endesa, Naturgy e Iberdrola. La sentencia ha sido clara: el Gobierno deberá prohibir los cortes y las empresas, asumir el coste de la deuda.
La jornada ha finalizado con una comida popular que ha unido a activistas de todo el Estado para estrechar lazos y seguir colaborando en la lucha contra el poder corporativo del oligopolio energético y a favor de la garantía de los derechos básicos de toda la ciudadanía y especialmente de los hogares vulnerabilizados. Las organizaciones convocantes han hecho notar que no descansarán hasta que la moratoria de cortes y el resto de medidas exigidas sean una realidad.
A continuación, se incluye una lista de todas las organizaciones y entidades participantes: Alianza contra la Pobreza Energética, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Red Agua Pública, Asociación Internacional de Ingeniería Sin Fronteras, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, AeioLuz, Asociación SOCAIRE, Aigua és Vida, Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE), La Palma Renovable, Energía Bonita S. Coop., Diecisiete Coop., Asociación Comunidad Energética Sierra, Sol Sierra Soluciones Renovables, Ecologistas en Acción, Stop Desahucios Móstoles, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Eureka, Plataforma Cívica por la luz en Cañada Real, CCOO, Coordinadora de Pensionistas, Plataforma en defensa del sistema público de pensiones Móstoles, Sindicato Inquilinas Madrid, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II.
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