A principios de la década de los años treinta del siglo veinte, Sabadell (Vallès occidental) era una población media, de 45.607 habitantes. Durante muchos años había estado ligada a la industria, especialmente a la del textil, más particularmente al sector lanero, que al empezar la República daba unos porcentajes de trabajadores del 78%. Las mujeres constituían la mayoría de los trabajadores, pero sus salarios eran muy inferiores a sus compañeros masculinos. Tampoco tenían presencia en las juntas directivas de los sindicatos ni en sus publicaciones. Puede decirse que en este sentido ellas permanecían ocultas. No obstante, había obreras sindicalistas, secundaban las huelgas e incluso algunas tuvieron un papel muy importante en la denominada huelga de las siete horas. Pero las obreras del textil quedaron al margen de las páginas de la prensa burguesa y obrera.
A nivel laboral, el paro forzoso fue uno de los graves problemas que sufrió la sociedad sabadellense de los años treinta. No había subsidios para los parados y los partidos republicanos de derechas y de izquierda no cumplieron, una vez en el gobierno, sus promesas de aprobación de un seguro de paro obligatorio y general. La crisis económica derivada del crack del 29 no afectó tanto a Sabadell como a otras zonas, pero es un hecho que la ciudad lo acusó. Sin embargo, resulta difícil cuantificar con precisión los datos del fenómeno. Existen divergencias en torno a este tema y hay indicadores que muestran que no se puede descartar que a nivel local el paro fuera mayor de lo que señalan las estadísticas.
Disponemos de una muestra, fechada el 30 de abril de 1936 y basada en el 5% de la población de Sabadell, que da una tasa de paro del 10% entre los activos de 15 a 64 (8,1% mujeres y 11,4% hombres).
Aunque el sindicato obrero mayoritario de la ciudad tuviera una orientación anarcosindicalista, muchos dirigentes pertenecían o habían pertenecido al Círculo Republicano Federal, el “Circol”, y la relación entre ambas organizaciones era muy fluida. La estructura de la industria, con muchas pequeñas y medianas empresas, daba mucha movilidad al mercado laboral y también reducía las distancias entre obreros y empresarios. Esto no significa que los patrones no fueran duros e intransigentes. En boca de los sindicalistas de los años treinta, los peores eran los fabricantes que antes habían sido obreros. Ahora bien, esta percepción, captada en el día a día en la pequeña empresa, no ocultaba que quienes en realidad controlaban los hilos de las organizaciones patronales eran las élites económicas, los fabricantes más importantes.
En Sabadell, el Gremio de Fabricantes de Sabadell (GFS) fue la organización corporativa por excelencia. Era el eje vertebrador de la patronal. Defendió los intereses de los agremiados, a la vez que potenció la creación de organizaciones patronales, como la Federación Textil (FT) o la Federación Patronal de Sabadell (FPS), que operaban en el terreno del ámbito más laboral mediante el trato con las asociaciones obreras. Pero los intereses patronales no eran siempre coincidentes, aunque todo indica que cuando la “cuestión social” se radicalizaba los patrones dejaban a un lado sus diferencias y hacían frente común para conseguir lo que ellos consideraban la “paz social”. Era algo parecido a lo que ocurría en Barcelona entre las relaciones del Fomento del Trabajo Nacional y la Federación Patronal de Barcelona, o en el caso de Igualada, entre el Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de Igualada y la Federación Patronal de Igualada.
El mundo rural: la Ley de Contratos de Cultivo
El campo no permaneció ajeno a los conflictos que se producían en Sabadell. Desde la proclamación de la República se había iniciado la supervisión de los contratos de cultivo. Sabadell era el centro de una comarca todavía predominantemente rural, y la demanda de revisión de los contratos de los dos primeros años del nuevo régimen no había satisfecho las aspiraciones de los campesinos. En los primeros días de 1934 se constituyó el comité local de Alianza Obrera, que agrupaba a la Federación Local de Sindicatos (FLS) y otras organizaciones afines —la Federación Sindicalista Libertaria y el Ateneo Sindicalista Obrero de Divulgación Social, el Bloc Obrer y Campesino, la Unión Socialista de Cataluña, UGT y la Unión de Rabassaires—. Los grandes y medios propietarios agrarios estaban dirigidos por los sectores más radicalizados que controlaban el Institut Català de Sant Isidre (IACSI), con sede principal en Barcelona pero con delegaciones en casi todos los partidos judiciales catalanes.
Con motivo de las elecciones a concejales celebradas el 14 de enero de 1934, con el fin de tener las manos libres para utilizarlas contra la Ley de Contratos de Cultivo, la Liga Catalana se retiró del Parlament de Catalunya. La Generalitat estudiaba el contenido de esta ley, que debía favorecer a aparceros, rabassaires y arrendatarios. En Sabadell, el día de las elecciones las izquierdas se movilizaron y protagonizaron altercados. La sede del Diari de Sabadell fue asaltada y los escritorios, un gran número de sillas y parte de la documentación administrativa y de redacción fueron arrojados a la calle y quemados con un bidón de gasolina.
Sabadell no fue ajena al malestar general creado por el debate del pleito rabassaire en el Parlament. Mediante un representante del GFS, el empresariado local se adhirió a la protesta de los patrones del campo que el 6 de abril de 1934 se reunieron en la sede del Fomento del Trabajo Nacional. La campaña había sido iniciada por el IACSI, pero fue secundada por la Junta de Enlace de las Entidades Económicas de Cataluña (JESEC), con sede en Barcelona.
Entre los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la FLS se había establecido una solidaridad para defender el pleno de los campesinos. Solidaridad que venía condicionada por el peso del viñedo, debido a que en los pueblos del entorno había un fuerte movimiento rabassaire; y también por los problemas derivados de su condición como ciudad industrial. Así pues, la FLS apoyó a la ERC, que, en los pleitos del campo, mantenía estrechos vínculos con la Unión de Rabassaires, hostilizando a la burguesía industrial.
Cuando en noviembre se formó el nuevo gobierno central de derechas, salido de las urnas, se produjo una confrontación entre los sindicalistas sabadellenses y los radicales (dirigidos a nivel de estado por Alejandro Lerroux) que adquirió tintes dramáticos. Todo empezó cuando algunos sindicalistas de la FLS llevaron a cabo una seria agresión contra el local de los radicales. El 1 de marzo, un mes después de tomar posesión de la alcaldía el federal Magí Marcè, antiguo sindicalista, ya tuvo que hacerse eco de la protesta de la Liga Catalana por el tiroteo llevado a cabo en la sala y por el incendio intencionado del automóvil del industrial textil Ramon Molina Voltà. Unos cuatrocientos sindicalistas, algunos armados, empezaron a rondar por la sede de la Liga Catalana y el alcalde llamó a la guardia civil. Enfrente iban los sindicalistas Josep Moix Devesa y Serafí Espinós Madí, que no se inmutaron por la presencia de las fuerzas de orden a caballo. Cuando la manifestación pasaba por delante del local de los radicales resonó un disparo y Serafí Espinós, de tan sólo veintiocho años de edad, cayó abatido por el proyectil que se había disparado él mismo de forma accidental. Su entierro constituyó una manifestación de hostilidad en todas las derechas en general. Según Andreu Castells más de 6000 personas, representadas por todas las entidades sindicales, políticas, sociales y culturales, acompañaron al féretro.
Como respuesta a todo ello, los lerrouxistas programaron un mitin para el 22 de abril. Los ánimos estaban excitados. Activistas de la FLS recibieron la consigna de dirigirse a interrumpir el acto. Pero cuando los lerrouxistas les vieron avanzar profiriendo amenazas suspendieron la convocatoria. Sin embargo, era demasiado tarde para detener la violencia. Unos trescientos sindicalistas salieron a la Rambla y, pistola en mano, interrumpieron la circulación. Después entraron en el local de la Liga Catalana, donde ocasionaron destrozos.
Cuando en abril de 1934 el Parlament catalán aprobó la ley de Contratos de Cultivo, las derechas catalanas y los radicales, junto con los miembros del IACSI, con su futuro presidente, el sabadellense Josep Cirera i Voltà al frente, se opusieron frontalmente. Llevaron una proposición incidental a las Cortes de Madrid, aunque exigiendo que el gobierno presentara un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales por considerar que el Parlamento catalán era incompetente para legislar sobre la materia. El presidente del gobierno, el radical valenciano Ricard Samper, denunció el establecimiento de la ley ante este Tribunal y la ley fue anulada. El Parlament de Catalunya votó de nuevo el proyecto primitivo y se abrió un proceso de negociación entre ambos gobiernos.
La cuestión agraria se fue radicalizando. Desde junio, muchos campesinos se negaban a dar la parte correspondiente de la recolección a los propietarios. La actitud de los grandes y medios empresarios de la tierra enrolados en el IACSI era de indignación. Al igual que ocurrió con el empresariado industrial al comienzo de la República, esta irritación les llevó a encararse con la Generalitat en favor del gobierno central: que el gobierno central se incaute del orden público y de la administración de la justicia en Cataluña. Es decir, puesto que la Generalitat se mostraba favorable a los intereses de los pequeños campesinos, los grandes propietarios agrícolas pedían que el gobierno catalán perdiera competencias en esta materia agrícola en favor del central, que se mostraba de acuerdo con sus propuestas. Las élites terratenientes e industriales eran, tradicionalmente, catalanistas y conservadoras, pero, como en tantas ocasiones, cuando convenía a sus intereses económicos dejaban su patriotismo en un segundo plano. Sin embargo, la estrategia incluía alcanzar el apoyo de otras fuerzas económicamente dominantes en Cataluña. A tal fin, se anunciaba que el próximo día 8 de septiembre se celebraría en Madrid una gran asamblea de propietarios agrícolas, que estaría apoyada por ciertos políticos. Los asambleístas irían a la capital en trenes, autobuses y automotores particulares. Previas consultas a sus respectivas Juntas, los empresarios acordaron que cada entidad comunicara en el Instituto su adhesión al contenido del expresado documento. Por su parte, el gobierno central autorizó este acto.
La idea de participar en este evento creó dudas en el presidente del Gremio de Fabricantes, Ramon Picart. Por un lado, consideraba que, aunque la adhesión no era dudosa en cuanto a la exposición de los hechos y la defensa de los intereses de la propiedad rústica que motivó la campaña del Instituto y la Asamblea que tenía anunciada para el día 8 en Madrid, había una parte en la estrategia, que proponía que la Generalitat cediera algunas competencias a Madrid, que, por su carácter político y por su trascendencia, imponía una reflexión seria antes de apoyarla totalmente. La junta de la entidad deliberó, pero no llegó a un acuerdo. Se convocó una nueva reunión con asistencia del consejo de prohombres y expresidentes para que, previo el asesoramiento de los componentes de ese Consejo, se pudiera acordar la decisión.
Después de muchas deliberaciones, en una nueva asamblea se acordó adherirse a la campaña que inició el IACSI en defensa de los intereses agrícolas de Cataluña, reconociendo la necesidad de normalizar la situación imparcial y ecuánime de los encargados del orden público y de la administración de justicia de Cataluña y dando al actual conflicto una solución jurídica que satisficiera los intereses en pugna. Sobre estas bases se acordó redactar un documento dirigido al Instituto Agrícola en respuesta a la adhesión pedida, dejando de pronunciarse el Gremio en lo que hacía referencia en la reversión al estado de los servicios de orden público y de la administración de justicia, por entender que no podía entrar en este aspecto de la cuestión, dado su carácter político.
El 7 y 8 de septiembre de 1934, miles de agricultores de toda España se desplazaron a Madrid. La Liga Catalana desestimó de ir, con lo que se manifestaba ajena al conflicto y al nuevo presidente del IACSI, que precisamente era el sabadellense Josep Cirera i Voltà. Él mismo, y los elementos sabadellenses más radicales de la Lliga Regionalista, pasaron a ampliar las filas de la CEDA en Cataluña, la Acció Popular Catalana. Sus miembros procedían de sectores acomodados y católicos, y eran partidarios del corporativismo. Entre los socios más destacados estaban Josep M. Llonch Gambús (médico), Josep Comadran Perich, Ramon Mas Fontanals, Josep Boada Serra (callista), Antoni Ustrell y Saltor (procurador), Salvador Sabater Oliver (contable), Josep Torreguitart Sala, Antoni Bañeras Torras, Enric Casanovas (propietario), Josep Viver Argelaguet y Elvira Roca, vda. Duran.
El 1 de octubre del mismo año, el mismo día en que se reanudaron las sesiones en las Cortes, el Boletín Oficial de la Generalitat publicó el texto refundido de la Ley de Contratos de Cultivo. El presidente del consejo de ministros, Ricard Samper, que había sustituido en abril al formado por Alejandro Lerroux, pronunció un discurso para justificar la actuación del gobierno durante el verano. Para entender que esta actuación no se ajustaba al voto de confianza otorgado en julio, especialmente en lo relativo a la ley de contratos de cultivo aprobada por el Parlament de Catalunya, las minorías gubernamentales retiraron su apoyo al gobierno y éste presentó su dimisión. El día 4 se formó de nuevo el gobierno Lerroux con ministros de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Este fue el detonante que propició los conocidos como “Hechos de Octubre”.
Octubre del 34 y reacción patronal
Como se ha señalado, desde las elecciones de noviembre de 1933 el gobierno central estaba en manos de las fuerzas de derechas. Y fue ahí donde entró la cuestión de la ley de contratos de cultivo, ante la que, como se ha visto, la FLS y la patronal tenían visiones contrapuestas. El hecho se insertó en una confrontación cada vez más intensa izquierda-derecha, en la que, a diferencia del resto de Cataluña donde predominaba la CNT, la FLS tomó una actitud cada vez más política y se integró claramente en el bloque de izquierdas. De noviembre de 1933 a octubre de 1934, la violencia política, aunque dentro de ciertos límites, superó a la laboral. Y en octubre del 34 fue un salto adelante.
Los hechos de octubre de 1934 tuvieron, en el ámbito sabadellense, una dinámica específica y resultaron un enfrentamiento sindicato-patronal que no tuvo igual en Cataluña. El temor de la patronal se incrementó cuando una guerrilla revolucionaria hizo registros en domicilios particulares de fabricantes y de miembros de la Liga Catalana, y cuando una serie de empresarios fueron retenidos en una dependencia del Ayuntamiento. A partir de ahí, para la patronal local el orden público ya no fue sólo una necesidad por la viabilidad de las relaciones laborales, sino que equivalió a la defensa del sistema social vigente. Por eso las actitudes de los empresarios después de octubre fueron del todo coherentes y no resulta sorprendente la cohesión que hubo entre las diferentes asociaciones que los albergaban.
Los acontecimientos que se produjeron durante los hechos de octubre aumentaron considerablemente la sensación de miedo y de indefensión de las clases acomodadas y provocaron una incertidumbre que no era nueva, pero que ahora se manifestaría con toda crudeza. A finales de 1932 y principios de 1933 la conflictividad en el ramo de la construcción ya había movilizado a la patronal en demanda de un mayor y permanente contingente de fuerzas de orden, demanda que fue reiteradamente denegada. Ahora bien, después de los hechos de octubre, la actitud de la burguesía cogió una mayor virulencia, ya que existía la certeza de que la violencia anterior tenía unas bases locales y específicas indudables. En las quejas que elevaron a los poderes políticos, los empresarios se refirieron sobre todo a los pasados sucesos, aunque también manifestaron que llevaban tiempo indefensos. Como se llamaba desde el GFS:
La lección del pasado movimiento y la triste experiencia de los últimos años, en que nuestra ciudad ha vivido poco más que desamparada de toda autoridad y entregada al arbitrio de los audaces perturbadores de la vida ciudadana, sin ley ni sanción de ningún tipo, a ver más claramente que nunca, a los elementos de orden representados especialmente por las entidades económicas, de la necesidad urgente, ineludible, de dotar a nuestra población de los elementos de vigilancia y seguridad indispensables para garantizar debidamente el orden y la paz ciudadanas y el respeto a la ley, a las personas y a la propiedad de que estamos carentes.
Y se añadía que los gastos para mantener un mayor contingente de fuerza pública correrían a cargo de la burguesía.
La demanda adquirió un carácter ineludible y urgente, y llevó de nuevo a una mayor cohesión patronal. A tal efecto, el GFS, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell (COCIS) y la Cámara de la Propiedad Urbana formaron una Comisión de Entidades Económicas bajo este lema: “para que pueda considerarse definitivamente resuelto el problema del orden público en nuestra ciudad, aunque sea a costa de un pequeño sacrificio que, si es necesario, no regatearemos, ya que se trata de defender y garantizar los intereses de todos”.
Ahora, un sentimiento presente durante ciertos momentos en la etapa de la República adquiría unas dimensiones desconocidas: la sensación de que el Estado no garantizaba la seguridad de las clases acomodadas. Y a principios de 1935, representantes patronales viajaron a Madrid con el fin de entrevistarse con las autoridades políticas y militares del gobierno central.
En algunas ciudades, como Igualada, después de octubre, una de las actuaciones del nuevo gobierno municipal fue la de obtener un refuerzo de la plantilla de la guardia civil destinada a la ciudad, que pasó de 18 a 28 personas, pero que se quería que aumentara hasta llegar a 50. En Sabadell, en cambio, y como ya había ocurrido en otras ocasiones, los poderes públicos aducían que no podían enviar más fuerzas de orden porque el tamaño del cuartel no lo permitía. Ante la negativa gubernamental de ampliar las fuerzas de seguridad, la patronal pidió permiso para alquilar un edificio que albergara una guarnición permanente de la Guardia de Asalto. Los gastos correrían con cargo a las entidades adheridas a la propuesta. El viaje fue provechoso y la respuesta afirmativa: del grupo de guardias de asalto destinados a la ciudad condal, una compañía compuesta por 150 hombres se destinó a Sabadell con carácter permanente, y podría alojarse en la casa alquilada a tal fin. La primera sección de estos guardias de asalto llegó a Sabadell el 22 de febrero. El edificio que se habilitó para cuartel estaba situado en la Rambla números 22 y 24 y el precio del arrendamiento ascendía a la cantidad de diez mil pesetas anuales. Para todas estas gestiones, la Comisión tuvo el concurso de un político: el diputado regionalista en el parlamento de Madrid, Carlos Badia, quien hizo todo lo posible para ser útil y colaborar al buen éxito obtenido.
Si bien la propuesta de dotar de un mayor contingente de fuerza pública en la ciudad partió de las élites económicas, a la iniciativa se sumaron otros grupos sociales. En el listado de entidades que apoyaban la idea y se responsabilizaban de hacerse cargo de los gastos que ocasionara, junto a los representantes de asociaciones de grandes empresarios había patrones modestos; incluso se constata la participación de una entidad gremial (es raro que no se añadieran los constructores). Por otra parte, se observa también la presencia de sociedades que no eran explícitamente de tipo económico, incluso de profesionales liberales y de agentes comerciales (no atrajeron a los directivos y auxiliares de la industria textil —existían dos entidades en la ciudad— o a la metalúrgica). Esta evidencia nos lleva a una reflexión: la compleja cuestión de las relaciones de los profesionales liberales con la clase obrera y la patronal y la pretendida neutralidad de que aquéllos hacían gala. El párrafo siguiente es significativo al respecto:
Los representantes de las entidades económicas, patronales, gremiales y profesionales de Sabadell celebraron una asamblea para tratar el tema del orden público. Se dio cuenta de que se destinó a Sabadell una compañía de guardias de asalto y una Comisaría de vigilancia, así como de haber aumentado la plantilla de la guardia civil. Concluyen que para colocar estas fuerzas es necesario habilitar el edificio de la Rambla, ocupado actualmente por una sección de guardias de asalto y ampliar el cuartel de la guardia civil. En la asamblea se acordó que, para subvenir estos gastos, se realizaría mediante un reparto equivalente a un trimestre de contribución comercial, industrial, bancaria, urbana y profesional (cuota al Tesoro). La cuota sería recaudada por la Comisión de Entidades Económicas.
Por otro lado, debido a que en la provincia de Barcelona se venían produciendo varios conflictos, el 29 de junio de 1935 el gobierno declaró el estado de guerra, que permaneció en vigor hasta el 1 de octubre. En julio, el ministro de la Gobernación ordenó recoger las armas que en octubre del 34 se habían repartido entre sectores empresariales, con una excepción: las que se proporcionaron a los afiliados de Acció Ciutadana. Un mes después, las medidas coercitivas aumentaban: se establecía la censura de prensa y se prohibían las noticias relativas a registros domiciliarios.
A finales de verano, las discrepancias que existían entre la Comisión de Entidades Económicas y la propietaria del edificio que ocupaba la Comisaría de Vigilancia salían a la luz pública. Para buscar una solución a las diferencias, un patrono importante fue a Madrid, donde habitaba la titular del inmueble. Se llegó a un acuerdo, que consistió en que las Entidades Económicas compraran dicho inmueble dentro de un plazo de tres meses, debiéndose determinar la personalidad del comprador. Para dar cuenta de este compromiso y tomar acuerdos sobre el particular, la Comisión de Entidades convocó a una asamblea a todas las entidades supuestamente afectadas por el orden público en Sabadell. La junta se inclinó por intensificar la recaudación abierta con destino a reforzar los cuerpos del orden público. Respecto a definir la personalidad del propietario de la finca, se decidió que la mejor solución sería constituir una sociedad civil que se hiciera cargo en representación de todos los elementos que cooperaron en la obra.
Para proseguir y completar la labor iniciada por la Comisión de Entidades Económicas, se proyectó constituir una nueva entidad denominada Sociedad de Propiedad Urbana, que quedó constituida el 29 de noviembre. Estaba formada por los delegados de las siguientes entidades: GFS, COCIS, Cámara de la Propiedad Urbana y las secciones patronales textiles (FT, AFFE, AFFL, APL y AIT). Con los fondos de la Comisión de Entidades Económicas, la Sociedad adquirió en compra el edificio números 22 y 24 de la Rambla, donde estaba instalada la Comisaría de Vigilancia. De aquí en adelante, todos los asuntos que hasta ahora habían corrido a cargo de la Comisión de Entidades pasarían a la Comisión Administrativa de la nueva entidad, a la que la actual Comisión cedería el producto de la recaudación pendiente. Y, a finales de ese año, los dirigentes de la Comisión de Entidades Económicas hacían gala de que los principales objetivos de la Comisión habían sido plenamente alcanzados: actualmente, decían, Sabadell dispone de unos servicios de vigilancia y orden público suficientes para a las necesidades de la población. Esta obra de defensa ciudadana, afirmaban, viene a garantizar en lo sucesivo el orden y la normalidad de nuestra vida de trabajo.
Febrero del 36: el Frente Catalán de Orden
Quizás precisamente por la presencia de un mayor contingente de fuerzas encargadas de mantener el orden en la ciudad, durante el período que va de enero de 1936 al estallido de la guerra civil el mes de julio la conflictividad laboral no fue importante. Lo que destaca de estos meses es la gran polarización política. Ante las elecciones generales de febrero de 1936, la sociedad sabadellense se dividió en dos bloques totalmente diferentes, que en política se definieron como los llamados Frente de Izquierdas de Cataluña y Frente Catalán de Orden. Aunque con divergencias, las derechas se agruparon de nuevo. Si ya lo habían hecho a nivel ciudadano, consiguiendo que la ciudad estuviera más vigilada policialmente, ahora era la hora de reunirse en el campo político. Así se formó el Frente Catalán de Orden de Sabadell, constituido por la Liga Catalana, Acció Popular Catalana, los tradicionalistas y Fraternitat Republicana Radical. Una parte de la dirección de la Liga Catalana no veía conveniente el entendimiento electoral con la Confederación Española de Derechas Autónomas, y menos que se incluyera en la lista al ex miembro de la Lliga Regionalista y actual presidente de Acción Popular catalana, Josep Cirera Voltà, por culpa de su actitud respecto a la Ley de Contratos de Cultivo. Sin embargo, el pacto prosperó.
Ante la inminencia de los comicios, el 28 de enero el Frente Catalán de Orden local repartió entre los afiliados un comunicado que decía, entre otras cosas, que las fuerzas de centro y de derecha habían llegado a un acuerdo para difundir que el Frente de Orden sería la valla que haría imposible el avance de las fuerzas anárquicas y sus simpatizantes hacia la conquista del poder. Firmaban el manifiesto La Liga Regionalista, adherida a Liga Catalana (presidente: Manuel Buxeda Gari-Montllor); Acción Popular Catalana (presidente: Josep Mª Llonch Gambús); Patronato Social Tradicionalista (presidente: Llorenç Torrent Albert); Fraternidad Republicana (presidente: Bonaventura Musté Farré).
Días después, el Frente Catalán de Orden realizó una demostración de fuerza política ante el Frente de Izquierdas de Cataluña. El 1 de febrero de 1936 apareció un manifiesto en el que se pedía apoyo a la candidatura de esta coalición por Barcelona provincia. El documento hablaba de nuevo de los pasados eventos de los hechos de octubre. Pedía a los votantes que no olvidaran aquella experiencia, Y el manifiesto anunciaba que la amenaza bolchevique sobrevolaba la ciudad: “ahora, en vísperas de la lucha, otro 6 de octubre electoral pretende ya tragar y desbordar todo elemento de orden para alcanzar el imperio de quienes, puños en alto, sólo admiten como propaganda el ensayar en España la dolorosa experiencia rusa”. El escrito dirigido a los electores aseguraba que si el Frente de Izquierdas ganaba las elecciones toda ideología política sería derrotada; la economía del país quebraría; la seguridad personal estaría amenazada; la República avanzaría hacia la anarquía (…). En definitiva, la izquierda sería el símbolo único de la gran tragedia. Y el manifiesto acababa diciendo:
Para religar los vínculos de nuestra solidaridad ciudadana, para defender el bienestar y la dignidad de todos los hermanos de nuestro pueblo, le pedimos la adhesión activa y total a la candidatura del Frente Catalán de Orden, que con su triunfo contendrá las maldades revolucionarias (…).
Entre los firmantes del manifiesto aparecían varios industriales que pertenecían a las élites económicas tradicionales y vinculados a diferentes asociaciones patronales: Manuel, Josep y Joan Gorina, Arnau Izard, Manuel Corominas, Ramon Picart, Ernest Abelló, Manuel Buxeda, Fernando Casablancas, Joan Llonch, Bartolomé Brutau, Gabriel Cirera, Joan Borrás, Juan Morral, Rafael Llobet, Antonio Estruch, Silvestre Romeo, Salvador Montlló, Tomás Casulleras, Genís Ferran, Pau Mª Llonch, Eusebi Forrellad, Domingo Llobet, Magí Desveus. Y a estas les seguían 394 firmas, entre ellas sólo una mujer, que era viuda. Y la candidatura estaba formada por los hombres que se presentaba por Barcelona-circunscripción: Francisco Cambó Batlle, Antonio Barata Rocafort, José Mª Trias de Bes, José Cirera Volta, Miguel Vidal Guardiola, Ataulfo Tarragó Ruiz, Fernando Valls Taberner, Jaume Polo Otin, Enric Maynés Gaspar, Josep Prat Piera y Narciso de Carreras Guiteras.
La publicación de las derechas sabadellenses apelaba también al catalanismo, acusaba al Frente de Izquierda de ser incapaz de llevar a cabo la expansión de este ideal por todas las tierras de lengua catalana y, en definitiva, se expresaba en clave imperialista: para conseguir una Cataluña grande y gloriosa como en tiempos pasados. El triunfo y el dominio del conglomerado izquierda-comunista significaría el entierro definitivo de nuestro ideal de expansión catalana y restauración de la antigua unidad espiritual de la gran Cataluña.
Los comicios estuvieron marcados por una gran participación, pero curiosamente no favorecieron la captación de votos por la derecha local, que obtuvo menos participación que en noviembre de 1933. Por otra parte, pese al éxito electoral de febrero de 1936, los partidos de izquierda y los sindicatos locales parecieron menos boyantes que en 1933 si nos atenemos, por ejemplo, a sus medios de comunicación, que no aparecieron entre el 7 de octubre de 1934 y el 20 de julio de 1936.
Guerra y represión
Pocos meses después, en julio de 1936, en Marruecos se produjo un levantamiento militar contra el gobierno español legítimamente constituido. La división del ejército y de las fuerzas de seguridad, y la actitud combativa de sectores de la población, sobre todo de la clase obrera organizada, impidieron el triunfo de la rebelión. Sin embargo, al minar decisivamente la capacidad del gobierno para mantener el orden, la insurrección dio paso a una violencia abierta de los grupos que la apoyaron y de quienes se opusieron. Sabadell permaneció fiel a la República, pero algunos sabadellenses, ligados a organizaciones empresariales o partidos de derechas, pero sobre todo a órdenes religiosas y asociaciones católicas, sufrieron la ira de grupos de descontrolados. Se iniciaba así la Guerra Civil española, que puso fin a este corto experimento que fue la Segunda República.
Un tema que ha suscitado la curiosidad de los historiadores sabadellenses es el de la cantidad de víctimas religiosas o de civiles miembros de organizaciones de este tipo (a diferencia de Terrassa) a principios de la Guerra Civil. La cuestión es que tradicionalmente en Sabadell había un potente anticlericalismo. Había una relación muy directa entre la patronal y el elemento religioso. El propio Gremio de Fabricantes de Sabadell tenía una incrustación religiosa visible que no tenían ni el Fomento del Trabajo Nacional, de Barcelona, ni el vecino Instituto Industrial de Terrassa. Otro punto a tener en cuenta es la presencia de empresarios en las asociaciones religiosas, como la Academia Católica, las Congregaciones Marianas, etc. Por otro lado, cuando los hechos de Octubre, un grupo numeroso hizo un registro en la Academia Católica, y se llevó el archivo de socios de la Congregación Mariana. Este hecho sería trágicamente importante: en 1936, miembros de las cuadrillas más revolucionarias y anticlericales pudieron conocer el nombre de los que pertenecían a aquellas asociaciones y tomar represalias.
Vino pues el día tantas veces soñado con ansias y fervores de la liberación de Sabadell
Y en las Memorias del Gremio de Fabricantes puede verse la reacción de algunos de los socios del centro al final de la guerra:
Vino pues el día tantas veces soñado con ansias y fervores, de la liberación de Sabadell. Tras las últimas fugitivas mesnadas del Ejército Rojo en derrota, las llamas y el humo de las fábricas de Manuel Gorina, Mateo Brujas y Cia., Hijos de Emilio Sallarès, Isidro Martí, Sucesoras de Llonch y Sala, Juan Valls Figueras, Ramón Buxó Pi, Sucesoras de J. Badía, Baygual, Llonch y Cía., Jenny Turull SA y Francisco Sampere y Hnos. marcaba el signo y la herencia de la revolución. Y apenas las fuerzas nacionales, con su presencia, dejaban restaurado el orden y la paz en la ciudad, renacía de las cenizas y del polvo de la guerra nuestro Gremio y a su vera se agrupaban los industriales nuevamente, supervivientes de la hecatombe en la zona roja, unos llegados de la zona nacional, vistos muchos trajes de campaña, testimonio vivo de su esfuerzo y valor.
NOTA:
Un trabajo previo a este artículo en Soledad Bengoechea, Reacción en tiempos de cambios: la patronal catalana ante la República (1931-1936), Barcelona, Publicaciones de la Abadía de Montserrat, 2005. Soledad Bengoechea, República e industria en Sabadell. Organización patronal y conflictividad social (1931-1936), Barcelona, Publicaciones de la Abadía de Montserrat, 2015. Soledad Bengoechea es doctora en historia, miembro del Grupo de Investigación Consolidado “Trabajo, Instituciones y Género” (TIG), de la UB y socia de Tot Història, Associació Cultural.
Doctora en Historia Contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona. Su actividad investigadora se ha centrado en el estudio de la patronal catalana y los movimientos sociales durante las primeras décadas del siglo XX. En 1993 recibió el premio Ciutat de Barcelona.
