Tras las masivas manifestaciones por el derecho a la vivienda, el presidente español ha modificado su discurso, reconociendo que el uso financiero de la vivienda es contrario a garantizarla como derecho y que se está creando una fractura creciente entre quienes especulan con la vivienda y la gente inquilina. Sin embargo, las medidas anunciadas en el foro de hoy no responden en absoluto a las principales demandas de las organizaciones inquilinas en estas manifestaciones: bajar los precios a la mitad, contratos indefinidos, regular los alquileres de temporada y prohibir las compras especulativas. “Los ricos no paran de acumular cada vez más pisos mientras la gente no puede acceder a ellos, y cuando buscamos piso en el mercado de alquiler solo encontramos alquileres de temporada y contratos basura. Ninguna de las medidas anunciadas enfrenta esta situación”, ha sentenciado Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres.
1.- Ninguna medida para bajar realmente el precio del alquiler
Durante todo el discurso, el presidente se refirió a «alquileres asequibles», sin concretar el precio al que se refiere y confundiendo deliberadamente estos con los alquileres protegidos. Por ejemplo, se mantienen los beneficios fiscales de las SOCIMI siempre que ofrezcan estos alquileres «asequibles».
Además, Sánchez ha anunciado la exención del 100% del IRPF para aquellos rentistas que ajusten los precios de sus alquileres a los índices, es decir, al actual precio medio de mercado, que sigue siendo un reflejo de precios desorbitados. Se protege así sus beneficios con las arcas públicas a costa de precios que se llevan casi la mitad del sueldo de muchos hogares.
2. Recursos para perseguir el fraude en alquileres temporales, pero sin eliminar incentivos para estos
Se han anunciado recursos para que las comunidades autónomas persigan el fraude en los alquileres temporales. Sin embargo, el principal problema de estos contratos es que no están sujetos a la regulación de precios. Por ello, desde los sindicatos de inquilinas llevamos al Congreso de los Diputados una propuesta para reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y solucionar esta situación. Mientras esta reforma siga bloqueada, seguirá habiendo incentivos para que los arrendadores utilicen esta modalidad, y el fraude seguirá siendo legal. Sánchez no mencionó esta reforma, mientras que su partido continúa paralizándola en el Congreso.
3. Alquileres estables
En ningún momento Pedro Sánchez se refirió a la inestabilidad que supone actualmente vivir de alquiler. Los contratos de 5 o 7 años representan un chantaje constante con la amenaza de no renovación, lo que hace que el 70% de los inquilinos en Barcelona se hayan mudado al menos una vez en los últimos 5 años y que el 40% de estas mudanzas sean forzadas (desahucios invisibles).
Ninguna de las medidas propuestas por Sánchez se centra en proporcionar mayor estabilidad a quienes vivimos de alquiler. De hecho, una de las medidas anunciadas, que consiste en financiar con dinero público la rehabilitación de viviendas privadas, solo exige que estas viviendas se alquilen por un periodo de 5 años.
Para garantizar una mayor estabilidad, son necesarios contratos indefinidos con renovación automática, tal como reclamaron miles de personas el 23N. Es significativo que, al criticar políticas de vivienda anteriores, el presidente omitiera que su partido fue quien eliminó este tipo de contratos.
4. Prohibición de compras especulativas: un anuncio grandilocuente pero irrelevante
Sánchez anunció la limitación de la compra de vivienda por parte de personas no residentes y no pertenecientes a la Unión Europea. En primer lugar, esta medida, tal como se presenta, tiene vacíos legales, ya que está vinculada al pago del 100% del ITP, pero este impuesto es competencia de las comunidades autónomas. En segundo lugar, afecta únicamente a ciudadanos extracomunitarios, mientras que en Cataluña los principales compradores extranjeros provienen de Francia y Alemania.
En tercer lugar, y lo más importante, el problema con la compra de viviendas no está en el origen del comprador, sino en el uso que se da a las viviendas: vivir en ellas o especular con ellas. La compra de viviendas por parte de fondos buitre, independientemente de su «nacionalidad», es una de las principales causas de expulsión de inquilinos. Ejemplos de ello son la Casa Orsola, de propiedad catalana, donde se expulsa al vecindario para hacer alquileres temporales, o el bloque de la calle Sant Agustí, de propiedad holandesa, donde se desaloja a la gente para instalar colivings.
Nuevo pelotazo de construcción y colaboración público-privada
Sánchez apuesta por resolver la crisis de la vivienda a través del impulso a la construcción, con incentivos y colaboración público-privada. En su discurso mezcló la construcción de vivienda pública de protección oficial (VPO) con la promoción de vivienda «asequible» a través de esta colaboración.
Por un lado, es importante recordar que la ampliación del parque de vivienda protegida no debe basarse únicamente en la nueva construcción, sino también priorizando el tanteo y retracto y la adquisición de viviendas ya existentes. Además, es esencial proteger el parque VPO que actualmente está en proceso de privatización y poner en cuestión el modelo actual.
Por otro lado, las políticas de incentivos para la construcción masiva por parte de privados ya han demostrado que no conducen a una bajada de los precios del alquiler ni a una mayor protección para los inquilinos. Además, los mecanismos de colaboración público-privada vistos hasta ahora han implicado sistemáticamente la imposición de precios máximos abusivos, cláusulas abusivas, expulsión de vecinos al finalizar los contratos de alquiler y falta de mantenimiento de los edificios. Un claro ejemplo de ello es el caso de los inquilinos de La Caixa, quienes iniciaron las primeras huelgas de alquiler en Cataluña como forma de protesta.
El Sindicat de Llogateres advierte que las movilizaciones y las protestas irán a más
Desde el 23N, ya se han llevado a cabo las primeras huelgas de alquileres en Salou y El Vendrell, se ha anunciado una huelga en Sentmenat, y se está preparando la incorporación de nuevos bloques y municipios. Por otro lado, se han organizado diversas brigadas inquilinas que han llegado a cientos de hogares afectados por cláusulas abusivas, precios desorbitados, acoso inmobiliario y otros conflictos.
Además, la Casa Orsola afronta su primer intento de desahucio el 31 de enero. Será una fecha de gran movilización para muchas personas que ven en esta comunidad vecinal un símbolo de la lucha contra los alquileres de temporada y la especulación.
Si la Moncloa ha decidido ignorar lo que miles de personas reclamaron en manifestaciones masivas, el Sindicat de Llogateres tiene claro que se intensificarán los procesos de organización de bloques y las movilizaciones hasta conseguir las demandas de la población inquilina.
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