En las diferentes reformas laborales realizadas por PP y PSOE siempre se ha pasado por alto la siniestralidad laboral, dichas reformas se han centrado en precarizar el empleo abaratando el despido y legitimando la inestabilidad en la contratación, algo que genera aún más siniestralidad dado que las trabajadoras y trabajadores no denuncian, ni irregularidades ni abusos, por miedo a perder su puesto de trabajo.
En la última década en el estado español han fallecido más de 6.500 personas en su puesto de trabajo. En 2020 con la gente encerrada en casa a causa de la pandemia y parte de la clase trabajadora de ERTE, Catalunya fue la segunda comunidad autónoma, sólo por detrás de Andalucía, en muertes por accidente laboral. 80 de los 695 fallecidos en el estado español corresponden a nuestra comunidad autónoma. Y no son noticias de telediario ni crea alarma social, sencillamente nos hacen creer que en lugar de asesinatos laborales por desidia son accidentes inevitables. Nada más lejos de la realidad.
Otro efecto de los accidentes laborales del que nunca se habla es el gran número de personas que sufren minusvalías y discapacidades originadas en su puesto de trabajo por culpa de empresarios que no cumplen con la legislación en materia de prevención.
La gente más joven se está viendo especialmente afectados por esta lacra al caer en su primera experiencia laboral a manos de alimañas. Muertes con cinco meses de diferencia como las de Xavi Cayuela en Cornellá, la de Víctor Nuño en Castellar del Vallés (ambos de 19 años) o Julián en Mollet (de 58 años) realzan la idea de que hay una total dejadez por parte de las administraciones y las empresas no tienen ningún interés en proteger a su personal.
La culpa de esta dramática situación es la ineficacia de Inspección de trabajo. Resultan grotescos los medios que el gobierno de la Generalitat y el Departament de Treball destinan al cumplimiento de la legislación laboral: un total de 108 inspectores para toda Catalunya, una proporción muy baja para las 629.885 empresas que hay en el territorio, las 3.462.400 de personas trabajadoras y los 221.587 accidentes de trabajo en un año.
Denuncias que se demoran meses en tramitar, sanciones ridículas que no parecen ni sanciones, inspecciones de guardia derivadas a la vía ordinaria, expedientes que se acumulan sin resoluciones sancionadoras. Son algunas de las deficiencias que hace años y, gobierne quien gobierne, no lo soluciona. La clase trabajadora somos meras estadísticas, nuestras vidas son prescindibles para políticos y empresarios.
Resulta intolerable que haya una sola muerte por culpa de esta falta de medios y de la desidia voluntaria de las instituciones. La Generalitat y el Gobierno Central están más preocupados en no molestar al empresario por temor a que se traslade a otra comunidad o país, que en la salud de las trabajadoras y trabajadores.
Por todo ello exigimos al Gobierno Central y Autonómico una mayor contundencia contra las empresas que explotan a sus trabajadoras y trabajadores saltándose las normas en materia de prevención de riesgos, que el Departament de Treball se persone como acusación en toda causa judicial por muerte en accidente laboral, así como dotar inmediatamente a Inspección de trabajo de los medios necesarios para llevar a cabo estas tareas de manera ágil y eficaz.
Federación Local de Sindicatos de Barcelona. Organización anarcosindicalista: de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria.
