Quizá no haya sido el hecho más comentado, pero es sin duda uno de los más significativos de cuantos se produjeron este 19 de enero, en Barcelona, con ocasión del encuentro entre Pedro Sánchez y Emmanuel Macron que selló el nuevo Tratado de cooperación hispano-francesa. Antes de hacer mutis por el foro para no escuchar los himnos nacionales, Pere Aragonés le pidió a Pedro Sánchez que el PSC aprobara los presupuestos de la Generalitat. Esa petición ayuda a entender muchas de las cosas que están ocurriendo. En Catalunya y en el resto de España.
La negociación presupuestaria entre ERC y el PSC no podía decantarse en un sentido u otro antes de la cumbre de Barcelona. Toda negociación presupuestaria, más allá incluso de las prioridades y orientaciones que condensen los números, es altamente política. Más que nunca lo son las actuales conversaciones, en las que un ejecutivo cuyo apoyo parlamentario se reduce a 33 diputados necesita imperativamente el respaldo del primer partido de la oposición… o de los socios nacionalistas con quienes acaba de romper y que lo han denostado en la calle. En ese sentido, la imagen que el independentismo ha grabado en la retina de la opinión pública no podía ser más desoladora. Escasa movilización en una convocatoria querida por Puigdemont, manifiestamente alejado del pálpito de la sociedad catalana. División en el mundo soberanista, con Oriol Junqueras abucheado y conminado a volver a la cárcel por los más exaltados. Reveladora sociología de los manifestantes, en su mayoría de clase media y edad respetable. “Ni Francia, ni España. Països Catalans”: diríase la liturgia nostálgica de unos maulets que se han hecho mayores. Y, sobre todo, acción a contrapié del momento que vive Europa. Con el Tratado, se abre la puerta a resolver no pocos contenciosos referidos a la conectividad de la península ibérica con el conjunto de la UE, a través de la vecina Francia. El enlace gasístico entre Barcelona y Marsella es emblemático. Pero hay mucho más en juego. España puede convertirse en una plataforma energética de valor estratégico para Europa. Y, en ese marco, Catalunya constituye una pieza fundamental del dispositivo, tanto por su ubicación geográfica como por sus propias potencialidades económicas. Si la independencia se antojaba ya a muchos una ensoñación romántica, la senda de la construcción europea – sin la cual no hay esperanza de progreso para ninguna nación – la torna simplemente quimérica. No es de extrañar que el alcaldable Xavier Trias, deseoso de proyectar una imagen de sensatez, tuviese este jueves el inexcusable compromiso de visitar a unos amigos en Murcia. No era cuestión de que el aspirante a la vara de mando de la ciudad condal, en un descuido, acabase envuelto en un rifirrafe callejero con la Brigada Móvil.
Más difícil lo tuvo ERC, que no quería perder comba con la protesta independentista, pero pretendía mantener al mismo tiempo un atisbo de institucionalidad. Aunque, a estas alturas, cabe preguntarse si se trataba, más que cualquier otra cosa, de conservar la posibilidad de pedirle a Pedro Sánchez el apoyo de los socialistas catalanes a los presupuestos. Una demanda que denota cierta puerilidad. La lealtad hacia el PSOE por parte del PSC se confunde con su necesidad de autonomía como partido catalán. Para llegar en condiciones a las generales, muchos analistas coinciden en ello, el PSOE necesita ganar las alcaldías de Barcelona y de Sevilla. Y no puede hacerlo bailándole el agua a ERC. Es decir, presionando al PSC para que se sacrifique en pro de las necesidades de Aragonés y Junqueras, ni cediendo a ojos de la opinión pública ante las exigencias de una formación independentista. ERC se está equivocando muy mucho en sus cálculos. El PSOE tiene aprobados los presupuestos. Puede “tirar millas” hasta las generales, limitando, si hace falta, la agenda legislativa de la coalición. El Ayuntamiento de Barcelona tiene también sus cuentas al día. ¿Qué le queda a ERC para proponer como contrapartida? En la negociación de los PGE ya echó toda la carne en el asador. Y el gobierno de izquierdas, en parte por la importancia de aprobarlos, pero también por la necesidad de seguir con la desinflamación del conflicto catalán, asumió un riesgo altísimo con la eliminación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación. Esa apuesta puede torcerse ante la animadversión de los sectores más conservadores de la magistratura, la incomprensión ciudadana o la propia tosquedad de las modificaciones introducidas en el Código Penal.
Si algo necesitan en este momento PSOE y PSC es marcar distancias y demostrar firmeza con ERC. “Hasta aquí hemos llegado”. Pero ERC cree poder seguir tensando indefinidamente la cuerda. Apenas votados en el Congreso unos precipitados cambios que eran percibidos como un “traje a medida” – cuando no como una suerte de amnistía -, Junqueras volvía a la carga con la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Como si la izquierda, desde los indultos hasta esas últimas reformas, no se la estuviese jugando ante una derecha, radicalizada y espoleada por Vox, que no ha salido de la Plaza de Colón. Y que podría llegar a conformar una nueva mayoría tras los próximos comicios, con todo lo que ello supondría en cuanto a regresión social y posible reactivación de la conflictividad en Catalunya. Si algunos sectores apuestan por “cuanto peor, mejor”, esperando que la agresividad del nacionalismo español reavive la llama del “procés”, en el caso de ERC es pura irresponsabilidad. O, mejor dicho, la inconsistencia provinciana de una formación que, aún sabedora de que el pacto con las fuerzas progresistas españolas es la única vía practicable, vive atemorizada por su propia audacia y pendiente del dedo acusador de la derecha nacionalista. Con ella compartió la aventura de 2017. Y con ella pugna sin descanso por el control de la administración autonómica y el poder que conlleva.
ERC aspira a ser la CiU del siglo XXI. Quisiera exhibir los réditos de su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez, conservando sin embargo un perfil de radicalidad soberanista. Pero los tiempos han cambiado desde la época de Jordi Pujol. El “procés”, echando a la calle a unas clases medias azoradas, fue en sí mismo una manifestación de la crisis de la globalización neoliberal. Y llegó demasiado lejos. ERC sueña con puentear al PSC y entenderse directamente con Madrid como otrora lo hiciera la vieja Convergencia. Pero eso ya no es posible. El PSC puede ofrecer a ERC un campo de juego, amplio y realista, para la mejora del autogobierno y la federalización del Estado. Pero no puede transigir con nuevas bravuconadas – que en España serían munición para las derechas -, ni tampoco renunciar a la ambición de que la izquierda socialdemócrata lidere un día Catalunya. De eso va, en última instancia, el tira y afloja en torno a los presupuestos de la Generalitat. Si ERC no acepta de manera inequívoca moverse en esos parámetros, el PSC no puede dar aire al impotente gobierno de Aragonés. Por eso los términos en que se desenvuelve la negociación son muy exigentes: se trata de incorporar un pack completo de enmiendas y compromisos, como condición sine qua non para dar luz verde a los presupuestos.
Se equivocan quienes quieren ver en ese trasiego un choque entre distintos “modelos económicos”, más o menos “desarrollistas” o respetuosos con la emergencia climática. Basta con considerar el escandaloso retraso en el fomento de las energías renovables en Catalunya para sonreír ante las profesiones de fe ecologistas de ERC. Hay otra lectura en la insistencia del PSC para que el gobierno adquiera toda una serie de compromisos de carácter netamente extrapresupuestario. Un proyecto como el del complejo lúdico Hard Rock es ciertamente muy discutible, tanto por su impacto medioambiental como por la naturaleza socioeconómica de la propuesta – aunque lo soliciten sindicatos y municipios de un territorio sediento de inversiones. Pero no es la pieza más significativa. Mayor entidad tienen otros proyectos, como la ampliación del aeropuerto del Prat – que tiene que ver con la conectividad intercontinental de la región metropolitana, no con el incremento de los flujos turísticos, y que las directivas europeas obligan a diseñar compensando sus impactos sobre el entorno natural – o la conclusión del cinturón del Vallés, enlazando Terrassa y Sabadell – obra que tampoco debería ser contradictoria, sino antes bien complementaria, con una apuesta por el desarrollo del ferrocarril en una comarca industrial que necesita conjugar distintas formas de movilidad. Esos proyectos, como el contrato programa para los trenes de cercanías, no suponen ningún esfuerzo inversor de la comunidad autónoma, pues todos están sustentados por el Estado o sus empresas públicas. De ahí la importancia, no sólo económica sino también política, de facilitar su realización. Porque certifican un compromiso de España con el progreso de Catalunya y rompen con una dinámica de déficits y retrasos de la que se han nutrido los discursos victimistas. El subtexto de la discusión presupuestaria es ese cambio de paradigma.
Finalmente, hay que decir que ERC se ha equivocado en su estrategia negociadora, tratando de hacer una maniobra envolvente sobre el PSC. Primero, apresurándose a un acuerdo con los comunes, comprensiblemente ansiosos por hacer valer sus escaños. Luego, tratando de visibilizar una entente con sindicatos y entidades del tercer sector, prometiéndoles cosas que el govern se resistía a conceder a los negociadores socialistas. No parece la mejor manera de generar confianza entre las partes que deben llegar a un acuerdo. Pero se acerca la hora de la verdad. Unos presupuestos que facilitasen la implementación de los fondos europeos serían sin duda muy bienvenidos. Pero también es decisivo que haya un gobierno solvente al frente del país – el de Pere Aragonés es ante todo un artefacto circunstancial y propagandístico de cara a las elecciones municipales. Y no es menos crucial evitar que determinados comportamientos extiendan una alfombra roja a los pies de PP y Vox para hacerse con el gobierno de España. En resumen: una enorme responsabilidad recae sobre las espaldas de ERC y del PSC. Las consecuencias de lo que decidan rebasarán con creces el ámbito de la política catalana. ¡Ojalá ERC entienda la trascendencia del momento y reúna suficiente coraje para apostar por el pacto! De lo contrario, probablemente no quede más remedio que evidenciar la soledad de un gobierno incapaz de concitar apoyos… y exigir la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas.
Barcelona, 1954. Traductor, activista y político. Diputado del Parlament de Catalunya entre 2015 y 2017, lideró el grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot.
