El Sindicat de Llogateres y el Colectivo Ronda han hecho pública hoy la interposición de la primera demanda colectiva de cesación que se presenta en el Estado español desde un sindicato de inquilinos en calidad de asociación de consumidores. El objetivo es lograr la nulidad de 16 cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de alquiler de Inmocriteria, inmobiliaria perteneciente a CaixaBank, que afectan a 2.000 viviendas, la mayoría de ellas en régimen de protección oficial, de 37 promociones en toda Catalunya. Si la demanda prospera, tendría efectos sobre todos los contratos firmados con la inmobiliaria de CaixaBank y prohibiría la incorporación de las cláusulas impugnadas en futuros contratos.
La presentación se ha hecho en una rueda de prensa en el Ateneu Enciclopèdic Popular donde han intervenido Asun García, inquilina afectada, Montse Serrano, abogada de Ronda, y Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres.
El Sindicat demanda a CaixaBank tras dos años de silencio
Asun García ha explicado cómo la demanda llega después de dos años y medio en los que cientos de inquilinas de viviendas de protección oficial impulsadas entre el año 2002 y el 2012 por la Obra Social La Caixa, se han organizado con el Sindicat para denunciar las expulsiones indiscriminadas a familias de una cuarentena de promociones en toda Cataluña y prácticas abusivas de forma reiterada. Entre estas, se encuentra la aplicación de un conjunto de cláusulas abusivas que se incorporan sistemáticamente a todos los contratos de alquiler de Immocriteria Arrendamientos III SLU, quien es propietaria de 37 de las 40 promociones de Obra Social desde su disolución.
Posible nulidad de 16 cláusulas para todos los contratos futuros
Montse Serrano, por su parte, ha explicado cómo la demanda incluye la petición de cesación de 16 cláusulas que se consideran abusivas entre las cuales está la cláusula penal (que obliga al inquilino a pagar una penalización si rescinde el contrato antes de que termine), la obligación de pago de todas las reparaciones y de pagar la cuota del seguro de impago contratado por la propiedad o la posibilidad de cobrar retroactivamente las actualizaciones de la renta. En el dosier adjunto explicamos las cláusulas de forma detallada.
La acción de cesación debe permitir no solo la nulidad de las cláusulas abusivas sino también la no inclusión en ningún otro contrato futuro de Inmocriteria, ya que precisamente se basa en pedir a la parte demandada que “cese” en el uso de sus condiciones y que, por lo tanto, tenga efectos no solo en las partes representadas en el proceso sino en todas las personas inquilinas que puedan tener contratos de alquiler de la inmobiliaria. Igualmente, pueden ser suprimidas en contratos de otras empresas porque la sentencia, en caso de ser favorable, quedaría inscrita en el registro de Condiciones Generales de Contratación, marcando un precedente.
Un paso adelante en el fortalecimiento del sindicalismo de inquilinos como herramienta para ganar derechos
“Ante un marco legislativo y jurídico que no reconoce derechos sindicales y colectivos a los inquilinos, ponemos en marcha un vehículo legal para hacer denuncias colectivas contra fondos buitre y arrendadores”, ha explicado Carme Arcarazo. En esta petición de cesación el Sindicat de Llogateres actúa en su legítima condición como asociación de personas consumidoras y en representación de todas las personas afectadas que forman parte de él, entendiendo que entre sus finalidades está el asesoramiento y acompañamiento jurídico para la defensa de los derechos de las personas inquilinas. Esta demanda se hace de manera colectiva y permite agrupar la acción judicial y una sentencia favorable beneficiaría a todos los inquilinos que tienen o tendrán contratos con Inmocriteria.
“No lo hacemos contra cualquiera. La Caixa: la entidad financiera que hace caer gobiernos; la entidad financiera que manipula y condiciona a los políticos que no se atreven a plantarle cara; puede ser derrotada ante la justicia gracias a la organización de los inquilinos”, ha sentenciado Arcarazo. Y ha añadido: “Lo que las instituciones no hacen, frenar a este gigante: lo hace la gente organizada, trabajando codo a codo”.
De la defensa de 2000 hogares al cambio de modelo de vivienda de protección oficial
A través de la campaña #DestapemLaCaixa, el Sindicat de Llogateres, junto con las inquilinas afectadas por CaixaBank, publicamos el informe «Habitatge de Desprotecció Oficial: el caso de La Caixa», y denunciamos el modelo fallido de vivienda de protección oficial en Cataluña. Actualmente, en el área metropolitana de Barcelona hay 75.000 viviendas de protección oficial, pero en el año 2040 habremos perdido 54.000.
Desde el Sindicat se ha analizado cuál ha sido la financiación pública, cuáles han sido los beneficios que han obtenido las promotoras privadas y por qué y cómo se han dado estos procesos de descalificación masiva que no solo dejan un parque de vivienda ridículo, sino que además, desprotegen a los miles de inquilinas que viven en él y se ha elaborado una propuesta para fomentar la vivienda de protección oficial en Cataluña.
Protagonistas de la demanda contra CaixaBank
«El trato inhumano y despectivo que recibimos de La Caixa vulnera nuestra dignidad y derechos». Así de contundente se ha expresado Asun García, una de las inquilinas afectadas por los contratos de alquiler de una promoción en El Vendrell de Inmocriteria, inmobiliaria perteneciente a CaixaBank. «La Caixa nos impone unas cláusulas abusivas de alquiler que no podemos permitirnos y en unas viviendas donde las condiciones son lamentables» añadía la afectada, explicando la lucha que hace tiempo llevan a cabo de forma organizada.
