Los recortes anunciados por el Govern de la Generalitat en el ámbito de la sanidad ya están empezando a tener consecuencias prácticas en el día a día del sector, con lo que se condiciona la calidad del servicio futuro. Un ejemplo muy claro es el Hospital Clínic de Barcelona, cuyos trabajadores están en pie de guerra por la progresiva pérdida de recursos materiales y humanos.
La previsión de cierre de camas en este centro afectará a la mayoría de especialidades. Entre las más afectadas, destaca la unidad de prótesis de rodilla, con 14 camas menos, las de obstetricia y ginecología, con 8 y 6 respectivamente, las de cardiología y neurocirugía, ambas con 6, las 5 de psiquiatría infantil-juvenil o las 4 de neumología. Peor parada sale la sala de dermato-autoinmune, que se cerrará el 3 de junio, al igual que el área de urgencias de la calle Valencia 184, ya inactiva. El cierre de este centro de atención primaria es particularmente grave, ya que desde hace veinte años daba servicio a unas 15.000 personas, la mayoría gente de la tercera edad a la que se proporcionaba una atención de calidad y proximidad y con la que había unos vínculos afectivos notables.
A finales de mayo también está previsto que deje de funcionar el servicio de mamografías. Además, entre DUI, auxiliares de enfermería y auxiliares sanitarios, los distintos centros que integran el Clínic tienen un excedente de 40 personas, que en breve engrosarán las listas del paro.
Esa reducción drástica del servicio se enmarca en un contexto de precariedad del colectivo, presionado al límite por unas jornadas laborales maratonianas que no tienen reflejo a nivel salarial. Unos 100 trabajadores del Clínic denunciaron hace un año y medio irregularidades contractuales, pendientes de analizar por parte de los autoridades judiciales correspondientes. Por si fuera poco, en el ambiente flota el rumor de un ERE que afectaría a unas 70 personas, básicamente a los trabajadores con menos antigüedad.
“Hay una gran preocupación e indignación porque los recortes afectarán la vida del barrio” explica Lluís, de la asociación de vecinos de la zona, que ha recogido firmas y elaborado pancartas en contra de la decisión política. Finalmente, el CAP que tanto se había reivindicado en la calle Borrell 305 (tocando a la calle Paris), y que costó más de 4 millones de euros, está ocupado parcialmente por los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Su objetivo inicial era atender a unas 38.000 personas, pero actualmente no hay personal suficiente para hacerlo operativo. Se especula con la posibilidad de que inicie su andadura después de las vacaciones de verano pero no hay ninguna certeza ni fecha concreta al respecto.
Más allá de la crudeza y la frialdad de las cifras, Lluís avisa de los efectos palpables del tijeretazo: “la degradación de la calidad asistencial y el colapso del servicio de urgencias”. Los profesionales sanitarios no tienen la intención de ceder y se continuarán manifestando para hacer escuchar su voz en pro de una sanidad pública, universal, de calidad y humana con todas las garantías.
