El Ministerio de Educación cifró el seguimiento en el 20% y el Sindicato de Estudiantes, en un 80%. Retoman las protestas de octubre contra la normativa y los recortes que superan los 6.300 millones desde 2010 y añaden una petición de dimisión del Gobierno “en bloque” por las sospechas de corrupción desatadas las últimas semanas.
Miles de estudiantes se han manifestado por el centro de Barcelona para protestar en contra de la reforma educativa que está diseñando el ministro de Educación, José Ignacio Wert. La marcha ha partido horas de la plaza Universidad y ha finalizado en plaza Sant Jaume, después de pasar por la calle Pelai, plaza Cataluña y Vía Laietana. Las manifestaciones han sido convocadas por el Sindicato de Estudiantes y la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Cataluña (AJEC), y se han realizado de forma simultánea en un centenar de ciudades de España. En Cataluña, además de Barcelona, se ha organizado una concentración en la plaza Imperial Tarraco de Tarragona.
Los estudiantes portaban varias pancartas en las que se podían leer mensajes como “Quien juega con tijeras se corta”, “La educación es un derecho, no un privilegio” o “Wert dimisión. En defensa de la escuela pública”. Durante la marcha no han dejado de gritar consignas como “Rajoy dimisión” o “nos quieren dejar con el culo al aire”.
Los estudiantes piden la dimisión del ministro Wert, que se dé marcha atrás a los recortes presupuestarios y la retirada de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa ( Lomce) que los estudiantes tildan de “contrarreforma educativa”. La nueva normativa contempla, entre otros aspectos, que el Estado controle una mayor proporción de contenidos, en detrimento de las Comunidades Autónomas; adelantar a tercero de ESO la elección de itinerarios hacia la FP o el bachillerato; reválidas en ESO y bachillerato que evalúen la calidad del sistema y fomenten la competitividad entre centros; especialización de las escuelas por materias o planes de calidad.
Eloy Cortés, Secretario General de la AJEC, ha reivindicado “igualdad en el acceso a la Universidad y democracia en todos los institutos” y ha criticado la ley que propone Wert porque “el catalán queda relegado y no permite la evolución de la educación”.
La manifestación supone el ecuador de las tres jornadas de huelga convocadas por los estudiantes de secundaria, Bachillerato y FP. Ayer muchas aulas catalanas se quedaron prácticamente vacias por la covocatoria de huelga que el Sindicato de Estudiantes cifró en un 75% de seguimiento de mediados de en Cataluña.
La “semana de lucha en defensa de la educación pública”, tal y como la han bautizado los estudiantes, supone el segundo pulso que los alumnos de secundaria lanzan a las administraciones. A mediados de Octubre los estudiantes ya repitieron unas protestas similares con manifestaciones en decenas de ciudades. La de Barcelona agrupó a unas 3.000 personas según la Guardia Urbana y 40.000 según los sindicatos convocantes.
Además del reto estudiantil, Wert también tendrá que lidiar esta semana con los consejeros autonómicos del ramo, con los que se reúne este jueves para tratar la reforma educativa. En el encuentro se encontrará con las reticencias de varias autonomías, entre ellas Cataluña, ya que la Lomce prevé relegar el catalán a una asignatura de “especialidad”.
El principal motivo de la rebelión estudiantil -que también se ha levantado contra los últimos casos de corrupción en el Gobierno del PP- se debe al contenido del anteproyecto de ley que, si se cumplen las previsiones del Ministerio, podría entrar en vigor y empezar a aplicarse en el curso 2015-2016.
Según el portavoz de los estudiantes, Tohil Delgado, la Lomce es «una contrarreforma con la que daremos un salto en el tiempo y volveríamos al modelo de escuela de los años 50». La imposición de reválidas al final de cada ciclo (Primaria, Secundaria y Bachillerato), la supresión de Educación para la Ciudadanía, la vulneración -denunciada por algunas comunidades- de las lenguas cooficiales y el mantenimiento de los conciertos con centros que segregan a sus alumnos por razón de sexo son algunos de los aspectos establecidos en dicho texto.
Todo este nuevo sistema costará a las arcas del Gobierno central un total de 408 millones de euros en concepto de «gastos directos relacionados con la implantación de la ley». La cantidad quintuplica las primeras previsiones de Wert, que prevé llevar a cabo la reforma en tres fases. Las Comunidades, por su parte, abonarán «los costes indirectos de consolidación del sistema»; un gasto de entre 50 y 927 millones de euros, dependiendo del éxito de la misma.
