La Renta Básica Universal inicia su batalla legislativa para ser reconocida como un derecho civil por el Parlament de Catalunya.
Alex Boso es profesor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y secretario de la Xarxa Renda Bàsica.
La comisión del Parlament de Catalunya encargada de la tramitación de una propuesta de ley de Renta Garantizada de Ciudadanía, inició en julio de 2014 la ronda de intervenciones de los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular que llevó la propuesta al legislativo autonómico.
Uno de los debates más intensos de la teoría política contemporánea atañe a la complementariedad de los derechos negativos y los derechos positivos. Los primeros atañen a la no injerencia exterior en la vida del ciudadano, como el respeto a su vida, libertad y conciencia; por tanto, reconocen la autonomía original inviolable de todo individuo. Los segundos pretenden crear las condiciones materiales idóneas para que todos los ciudadanos puedan ejercer con plena capacidad sus derechos negativos, y para ello requieren de la intervención activa de los poderes públicos: así los derechos a la salud, el trabajo y la vivienda.
Entre los derechos positivos está tomando fuerza la reivindicación de la Renta Básica Universal (RBU), que consistiría en una retribución dineraria a todos los ciudadanos mayores de edad por el solo hecho de serlo, con independencia de su edad y situación laboral, y cuya finalidad estriba en garantizarles un mínimo de recursos económicos que teóricamente les libraría de lacras como la pobreza o la necesidad de aceptar contrataciones laborales precarias y abusivas. Por supuesto, la medida tiene detractores tanto en la derecha como en la izquierda; los argumentos más esgrimidos en su contra, una hipotética caída de la fuerza de trabajo y la difusión subvencionada de una idiosincrasia de la ociosidad. Sobre todas estas cuestiones responde Álex Boso, profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y secretario de la Xarxa Renda Bàsica (Red Renta Básica) de Cataluña, organización creada en 2001.
¿Por qué la condición de ciudadanía debe llevar asociado el derecho a percibir una renta básica universal (RBU)?
En toda democracia existen una serie de derechos constitutivos que deberían tener una naturaleza universal e inalienable. Me refiero al derecho al sufragio, a la salud, a la educación, a la vivienda, y también al derecho a la renta básica. La RBU no es solamente una política contra la pobreza. Si fuera así, no tendría tanto interés. Si es una propuesta interesante, es porque se trata de una medida que incrementaría la libertad real de buena parte de la ciudadanía. Un ciudadano no es libre si no tiene las bases de su existencia material garantizadas. Una persona que depende de otra para poder sobrevivir, no es una persona plenamente libre. Por ejemplo, la renta básica otorgaría a la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos un poder de negociación que les ayudaría a emanciparse de las dependencias hacia los patronos o los maridos. No tiene sentido hablar de “ciudadanía” sin considerar las condiciones que han de garantizar la seguridad económica de los individuos que pertenecen a una comunidad política. Si los individuos no pueden articular sus planes de vida, no pueden llevarlos a la práctica de una manera efectiva, la ciudadanía plena resulta impracticable.
Si es universal, ¿Botín también la cobraría?
La parte más polémica de la renta básica es la que, a mi modo de ver, la hace más virtuosa, y se trata precisamente de la incondicionalidad. En el estado del bienestar tradicional, la mayoría de subsidios que se perciben suelen ser focalizados y, por consiguiente, condicionados a algún tipo de circunstancia o de estado: debes estar desempleado, ser pobre, tener algún tipo de discapacidad, etc. La renta básica es una asignación monetaria e incondicional a toda la población; por tanto, Botín (y todas las personas ricas) también la cobraría.
No obstante, el hecho que la cobre no quiere decir que Botín salga beneficiado de la introducción de una RBU. Todo lo contrario, la situación económica de Botín sería peor que en el sistema actual. O lo que es igual, en cualquier tipo de propuesta de aplicación de la RBU que sea fiscal y económicamente interesante, los ricos pierden y el grueso de la población gana, sobre todo los ciudadanos más pobres. Botín recibiría la RBU, pero pagaría muchos más impuestos de los que paga en la actualidad.
Se entiende que todo receptor de la RBU podría recibir también prestaciones por desempleo, subsidios, etc.
Existen diversas propuestas de financiación y, lógicamente, la introducción de una RBU conlleva una simplificación del sistema de subsidios condicionados actuales. Con una RBU se suprimirían todas las asignaciones monetarias públicas de una cuantía inferior a la RBU. En el caso de aquellas personas que estuvieran cobrando una prestación de una cuantía superior a la RBU, se pasaría a percibir la RBU más un complemento por dicha prestación durante el tiempo que correspondiera. Una vez finalizado el período de disfrute de prestación, la persona recibiría sólo la RBU.
También cobraría la RBU quien no deseara trabajar… ¿No se fomenta así una cesantía voluntaria que, de prosperar en número, podría tener graves consecuencias económicas para el Estado?
La idea de que la RBU fomentaría el parasitismo suele ser común entre aquellas personas que conocen por primera vez la propuesta, pero disponemos de suficientes pruebas empíricas para refutar la validez de tal problema.
En primer lugar, es preciso aclarar que existen tres tipos de trabajo, a pesar de que sólo uno cuente en el Producto Interior Bruto. Es decir, existe un tipo de trabajo que tiene remuneración monetaria, y que por desgracia en las sociedades capitalistas ha colonizado el resto de tipos de ocupación laboral. Pero también existe el trabajo doméstico, que no tiene retribución pero es crucial para nuestra sociedad. Finalmente, también existe el trabajo voluntario, que por definición tampoco está remunerado. Por tanto, es del todo desacertada la idea de que una persona que no esté empleada por cuenta ajena no está haciendo nada por la sociedad. De hecho, la mayoría de veces que se escucha la crítica de la cesantía voluntaria se está pensando en el caso del trabajo remunerado y nunca en los posibles efectos sobre el resto de las categorías de la tipología de trabajo que acabamos de exponer. En el fondo, cabe preguntarse por qué debemos enhebrar todas las actividades útiles que los seres humanos son capaces de hacer a través del pequeño ojo de la aguja de un contrato laboral.
Por otro lado, existen muchas razones para suponer que una RBU no provocaría, en absoluto, una retirada masiva del mercado de trabajo. Más allá de la recompensa pecuniaria, las personas buscamos cierta realización personal y social con el trabajo. Por otro lado, el deseo de obtener unos ingresos superiores depende de una serie de factores de índole cultural que son independientes de la introducción de una RBU. Si hoy en día ese deseo no escapa a las clases medias o altas, cabe suponer que se mantendría con una RBU, a pesar de que esta medida pueda garantizar las bases económicas mínimas para una vida digna.
Debe tenerse en cuenta que la RBU suele siempre plantearse como una remuneración modesta, que se debe situar en el umbral de la pobreza del lugar en donde se quiera aplicar. Por tanto, la RBU puede ser complementada con otras fuentes de renta, cosa que no permiten los subsidios condicionados típicos del estado del bienestar. La RBU no constituye un techo, más bien define un nivel básico a partir del cual las personas pueden acumular otros ingresos. Podemos hacer una analogía con el caso de los trabajadores con buenos salarios que aún así realizan horas extras, o el caso de las personas prejubiladas anticipadamente que tienen algún tipo de actividad remunerada. Creo que hay suficientes indicios para suponer que la RBU no provocaría una contracción masiva y homogénea del trabajo asalariado.
Hace unos años, una ONG se propuso realizar un proyecto piloto de RBU en Otjivero, una pequeña población de la región de Omitara, en Namibia. Todos los residentes adultos de esa población recibirían una RBU durante algunos años. La prensa del país, espoleada por la derecha política local, tardó muy poco en criticar la medida y vaticinó que los ciudadanos de Otjivero se “tirarían a la Bartola” y gastarían la RBU en cervezas. Pero la realidad es testaruda y los resultados del proyecto mostraron que la RBU, lejos de fomentar la cesantía voluntaria del trabajo asalariado, elevó las tasas de empleo, ayudó a levantar ciertos microemprendimientos e incluso aumentó la tasa de escolarización de los menores.
Nuestra sociedad cree en la cultura del esfuerzo. ¿La RBU no sería un factor desmotivador para la formación académica y profesional de muchos jóvenes?
Cuando tenía 16 años me di cuenta de que no podría llegar a la excelencia en el conocimiento del idioma inglés con las clases que recibía en el instituto público. Ese verano lo pasé fregando platos en un restaurante del grupo HUSA, un trabajo poco remunerado, repetitivo y con un nivel de realización nulo. Además, se cobraba en negro. Alguno de mis compañeros, que tenían el mismo problema que yo, fueron a Inglaterra o a Estados Unidos a perfeccionar su inglés. No creo que ni su cultura o nivel de esfuerzo fuera distinta a la mía. Lo único que nos diferenciaba era la clase social.
Bajo mi punto de vista, la renta básica podría incentivar de un modo especial la formación académica de los jóvenes, igual que sucede con los modelos de becas de formación que tradicionalmente han caracterizado a los países escandinavos, que permiten a los estudiantes no sólo formarse en igualdad de condiciones sino también emanciparse antes.
Nos quejamos de que la SAREB ha engullido de modo ilegítimo 40.000 millones de euros que tanta falta hacen para la sanidad, la enseñanza, la dependencia… ¿La partida presupuestaria dedicada a la RBU no detraería también una suma de dinero que sería más útil invertir en políticas activas de fomento del empleo y la igualdad de oportunidades?
Es importante notar que la mayoría de modelos de financiación que se han planteado en España para implantar la RBU no pretende retraer ni un céntimo de las partidas para sanidad, educación o dependencia. Algunos de ellos, en un ejercicio de realismo encomiable, no se plantean ni siquiera reducir las partidas presupuestarias asignadas a la Casa Real o al Ejército. En otras palabras, el modelo debería financiar lo que ya se financia actualmente y, además, la RBU que se propone.
Simplemente, se trata de redistribuir de una forma más equitativa la renta y de aprovechar el ahorro que supone la simplificación administrativa del modelo de RBU. Evidentemente, el dinero que, a mi modo de ver ilegítimamente, ha engullido la SAREB podría seguir utilizándose para la sanidad, la educación u otros fines sociales que se consideren más necesarios que rescatar a especuladores.
¿No sería más acorde con el estado del bienestar garantizar la RBU, o como quiera llamársele, a todos los ciudadanos mayores de edad que estudien o estén desempleados, unificando en ella otras ayudas y subsidios?
Estoy seguro de que garantizar una renta a todos los ciudadanos mayores de edad que estudien o estén desempleados, constituiría un avance significativo respecto a la situación actual. Sin embargo, creo que esta propuesta no sería ni más justa, ni más eficiente que la RBU. Por un lado, además de estudiantes y desempleados existen otros colectivos de ciudadanos que no tienen asegurada su subsistencia material, como son las personas que realizan trabajo doméstico o reproductivo, o las personas que realizan trabajo voluntario, militante o solidario. No sería justo proteger a unos y no al resto, pues nadie puede argüir que el papel de uno u otros es más relevante para la sociedad. Por otro lado, la incondicionalidad de la RBU hace que sea una propuesta más eficiente que las rentas mínimas garantizadas tradicionales para hacer frente a las denominadas trampas del paro o de la pobreza. Una persona que cobra un subsidio de desempleo y se encuentra ante una oferta de trabajo temporal y a tiempo parcial, puede tener pocos incentivos para aceptarla. Con una renta básica, ese problema desaparece, ya que ambas fuentes de ingreso son complementarias. Finalmente, la literatura académica especializada ha dado cuenta de los problemas que en determinados contextos pueden ocasionar los sistemas de transferencia de rentas focalizados: altos costes asociados al control del cumplimiento de las condiciones que otorgan el derecho a la percepción; fomento del clientelismo y la dependencia; estigmatización social de los receptores, etc.
En el otro lado de la balanza: ¿la provisión económica de la RBU dificultaría las contrataciones precarias? ¿Mejoraría la oferta del mercado de trabajo?
Una RBU suficiente para garantizar la supervivencia de los individuos conferiría una mayor fuerza negociadora a la parte más débil de la relación laboral. Al aportar independencia socioeconómica, la RBU otorga poder de negociación a la población trabajadora; capacidad para poder rechazar contratos laborales precarios que en las condiciones actuales no queda más remedio que aceptar. Las relaciones laborales se tornarían menos asimétricas de lo que son actualmente, y, por consiguiente, deberían mejorar las condiciones de demanda de fuerza de trabajo.
¿Cómo se financiaría la RBU? ¿Habría un apartado específico para ello en el impuesto de la renta (lo cual parece contradictorio: los ciudadanos cobrarían para luego pagar, y viceversa)? También se ha propuesto para este fin la Tasa Tobin.
Existen muchas propuestas de financiación de la RBU. En realidad, no hay una fórmula universal, sino que debe analizarse caso por caso. El único lugar en el mundo en el que existe una RBU es Alaska: se financia a través de una compensación a los ciudadanos por las ganancias de la extracción de recursos naturales, como el petróleo. En contextos como el del Reino de España, financiar una RBU significa realizar una reforma fiscal para conseguir una redistribución de la renta. Por ejemplo, recientemente los economistas Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrents han publicado estudios de simulación que emplean técnicas de análisis econométrico, que muestran que sería posible financiar una RBU en Catalunya o en Guipúzcoa mediante una reforma del impuesto del IRPF. Los resultados, que convergen con investigaciones realizadas en otros países, muestran además que la propuesta tendría un poderoso efecto redistributivo, beneficiando aproximadamente a un 70 por ciento de la población, especialmente a aquella que se encuentra en las peores circunstancias económicas.
¿Qué requisitos deberían exigirse a los ciudadanos extranjeros para recibir la RB?
La Organización Internacional para las Migraciones define a un inmigrado como una persona que lleva un año o más viviendo en un país que no es el de su nacimiento. Así se diferencia un inmigrado de una persona que está en una situación transitoria. En este sentido, considero que el requisito debería ser la acreditación de un año de residencia en el país de destino.
La cuantía de la RBU, ¿debería incluirse en la declaración de la renta de las personas físicas o quedaría excluida del fisco, que solo gravaría los demás ingresos de los ciudadanos?
La renta básica estaría exenta en la declaración de la renta, y sólo se gravarían las demás fuentes de renta a partir del primer céntimo de euro cobrado. En este sentido, la mayoría de propuestas de aplicación de la renta básica que he estudiado suelen eliminar todas las desgravaciones y subsidios inferiores a la cuantía de la RBU, y también suprimen las diferencias actuales en las cotizaciones de la renta (actualmente, la cotización es distinta, por ejemplo, si la renta proviene de un salario o de un fondo de inversión).
Dicen ustedes que la RBU actuaría como mecanismo de control del valor del dinero. ¿Puede explicarlo en roman paladino?
En este punto soy algo escéptico. A pesar de que la RBU es un herramienta poderosa para atacar el problema de la pobreza y las inequidades en la distribución de riqueza, y para dotar de mayores cuotas de libertad a colectivos vulnerables, también creo que la renta básica no puede solucionar todos los problemas que sufrimos las sociedades capitalistas. Así que no me siento capaz de afirmar con toda certeza que la RBU pueda actuar como tal mecanismo de control, a no ser que vaya acompañada de otras medidas que pienso que son igualmente necesarias.
¿Tienen ustedes calculada una cuantía para la RBU, si a día de hoy se creara en España?
Por definición, la cuantía de la RBU para España debería de situarse justo por encima del umbral de la pobreza. De no ser así, perdería muchas de las virtudes que tiene como mecanismo de lucha contra la exclusión social y para el empoderamiento de las personas más vulnerables. Como ya he comentado, para introducir una RBU sería necesario realizar una reforma fiscal. Por eso, para poder calibrar con exactitud la viabilidad de las diferentes cuantías que se podrían plantear, deberíamos tener acceso a datos oficiales que, actualmente, no están disponibles (a pesar de nuestras peticiones, el Gobierno no nos los facilita). A modo de ejemplo puede servir un estudio realizado para analizar la viabilidad de una RBU en Catalunya, basado en una muestra representativa de declaraciones de la renta: consideraba factible dotar de una RBU de 7.968 euros anuales para los ciudadanos mayores de edad, y una quinta parte de esa cuantía a los menores, mediante una reforma del impuesto del IRPF. Si se planteara una cuantía inferior u otras fuentes de ingreso, las posibilidades de financiación serían lógicamente mayores.
