Mientras las goteras impedían la celebración del pleno en el Congreso de los Diputados, cientos de miles de catalanes comenzaban a celebrar una Diada alejada de ofrendas florales y actos institucionales con una cadena humana que recorrió 400 kilómetros por el litoral del país. La cadena fue un éxito de participación y una demostración de fuerza ante el Gobierno del Estado español, presidido por Mariano Rajoy, empeñado en negar una realidad que considera pasajera e ilusoria y que se irá desvaneciendo a medida que los datos económicos mejoren y la recuperación deje de aplazarse semestre tras semestre. Una interpretación que se queda coja ante una movilización que se agita en torno a esa unidad de medida simbólica que el nacionalismo ha escogido como indicador de la salud y vitalidad de su voluntad popular, el millón de personas en las calles.
Ante este escenario, el Gobierno central -y Rajoy- evidencia su falta de cintura y recuerda que una “mayoría silenciosa” no ha participado en la cadena humana. Da la vuelta a los hechos y convierte a los ausentes en protagonistas. Una mención que recuerda a esa idea tan querida por los dos grandes partidos nacionales de la “tercera España” y que, cada día que pasa, es menos válida para interpretar la actual coyuntura social, económica y política. La demanda de un estado propio requiere una solución política y no parapetarse tras excusas sociológicas o gruesos volúmenes de textos legales con la Constitución como ariete. En un estado democrático, una solución de este tipo necesita discusión, debate, ideas claras, y que la ciudadanía puede expresarse sobre el modelo de país en el que quiere vivir. Una expresión popular que estaría bien que se pudiese extender a otros ámbitos, como por ejemplo qué modelo de Jefatura de Estado se desea. La celebración de un referéndum sobre la independencia con una pregunta clara es la única demanda de un movimiento social -se insiste en su transversalidad y en que surge de las clases medias- capitalizado en su vertiente política por ERC y que amenaza con liquidar el reparto del poder en la Cataluña de los últimos 30 años. Esta consulta será el asunto principal a definir en los próximos meses por el Gobierno central, la Generalitat y unos partidos políticos que deberán dejar clara sus posturas. Cualquier otra solución sería recibida como una salida en falso a la crisis abierta por la sentencia de 2010 sobre el Estatut y que sirvió de acelerante para la situación actual. Todo esto, no debería hacer olvidar que las opiniones contrarias a la independencia -y favorables a la realización de una consulta, es decir, los que no están ni en PP ni en Ciutadans- apenas se tienen en cuenta en los medios de comunicación públicos de Cataluña -o subvencionados por la Generalitat-. Un olvido extensible a los partidarios de que la independencia no sea sólo el nacimiento de un nuevo estado, sino el inicio de un nuevo modelo de país y de relaciones económicas, así como de una profundización en la democracia y en la participación ciudadana en la política.
El encaje de Cataluña en España, o fuera de ella, es la cuestión capital y orilla cualquier otra discusión sobre aspectos con una incidencia diaria en la vida de los catalanes y los españoles. Pero aunque se ofrezcan cifras: 200.000 catalanes que no reciben ninguna prestación o 23,85% de tasa de paro, y hechos: la Generalitat rescatada por el Estado español y la Unión Europea, la reducción en casi un tercio del gasto social, ya muy reducido, y sin presupuestos para este 2013, lo que se dirime ya es una cuestión de sentimientos. Una buena parte de la sociedad catalana, y ahí están diferentes encuestas para comprobarlo -Ser, CEO, CIS-, quiere la independencia -”¡Secesión!”, se indigna la prensa cortesana-, convencida que sin España viviría mejor. El auge del independentismo tiene también como marco de referencia la dramática crisis económica y el empobrecimiento creciente de amplias capas de la sociedad. Además, la sociedad catalana, y la española, manifiestan un hartazgo claro de la clase política y de la articulación del sistema constitucional actual. A las demandas de cambio, se responde desde arriba con Constitución y mandatos europeos, contención del gasto y huida hacia adelante dirigida desde Bruselas y Berlín. Mantener el status actual de las élites, con preocupaciones muy alejadas de las ciudadanas, es parte del programa. A todo esto, y para marcar de forma clara en que campos se juega, se añaden las pintorescas manifestaciones sobre cuestiones históricas, sociales o identitarias de políticos de diverso pelaje y procedencia, cuyas opiniones sólo se pueden entender si se les considera fruto de la ignorancia, de la ausencia de perspectiva y empatía o sólo es la constatación del fracaso de las sucesivas reformas educativas.
Los dirigentes del PP apenas se han pronunciado sobre la cuestión más allá de la alusión a la “mayoría silenciosa”. Únicamente el ministro de Exteriores ha reclamado que se escuche a la calle. La respuesta de Rajoy no se saldrá de su primera línea de defensa. La consulta no cabe en la Constitución. Y ante cualquier otra opinión, la receta será la misma de siempre. Firmeza. Lo que augura más choques y el bloqueo de cualquier iniciativa que se salga del guion. Una actuación reclamada por los medios de comunicación de la derecha que, acostumbrados a la bronca y deseosos de ser parte importante en la cuestión, reclaman medidas contundentes que pongan a los sediciosos en su sitio. Una prensa y televisión que, si odia tanto a Cataluña, no se acaba de entender que busque tantas razones para impedir su marcha, y es que contra algo siempre se vive mejor. Un manejo de la cuestión confiado a diálogos discretos y secretos, a evitar choques de declaraciones y a confiar que el movimiento se vaya diluyendo lentamente. Una táctica que evite tensiones y que disminuya el riesgo que el Parlament apruebe una ley de consultas y declare de forma unilateral la independencia. Una táctica que también conlleva el riesgo de que las dilaciones en la negociación entre Gobierno y Generalitat acaben siendo desbordadas por la creación de un frente independentista que reclame que los pasos que se están dando dejen huella. Veremos.
