A un año de la formación del gobierno de coalición progresista, la legislatura se encuentra en su encrucijada decisiva. Si el paquete de reforma fiscal propuesto por el gobierno es apoyado en los próximos días por la mayoría de la moción de investidura, así como la senda de estabilidad fiscal y el techo de gasto, las negociaciones sobre el presupuesto de 2025 entrarán en su fase final con posibilidades de éxito. Si por el contrario, las divergencias entre el acuerdo alcanzado en el seno del gobierno entre PSOE y Sumar y las posiciones defendidas por Junts y PNV no son superadas, se entraría en un callejón sin salida. En esa perspectiva, las distintas fuerzas políticas buscarían marcar sus perfiles propios, como ha adelantado Podemos, en una escalada de condiciones cuyo objetivo real ya no serían los presupuestos sino sus programas en las próximas elecciones.
A pesar de las declaraciones de Pedro Sánchez a comienzos de septiembre de que la acción del gobierno continuaría “con o sin el apoyo del Congreso”, la aprobación de los presupuestos de 2025 sigue siendo esencial. Serán los últimos expansivos -cuanto lo sean depende del acuerdo sobre el paquete de reforma fiscal- antes de que en 2026 se impongan la lógica y los objetivos del nuevo marco de consolidación fiscal de la UE, gestionado además por una Comisión y un Consejo claramente escorados a la derecha. Descartada la aprobación de otro presupuesto para 2026 por las dificultades políticas en ese contexto, el de 2025 permitiría al gobierno un margen de negociación mayor en la UE, apoyándose en los avances de la estrategia que ha seguido de reducción del déficit y la deuda.
Que esto es evidente lo demuestra la posición de Sumar de centrar en el debate del presupuesto de 2025 sus propuestas de “modelo de país”: tributación mínima del 15% de las multinacionales, mantener la presión fiscal sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas de energía y la banca, del IRPF por encima de los 300.000 euros y el consumo de lujo, un IVA del 21% en los apartamentos turísticos y acabar con las excepciones fiscales de las SOCIMI.
¿Elecciones anticipadas por parálisis?
Si se extienden un año más los presupuestos de 2023 se acepta en la práctica que la acción del gobierno progresista está paralizada, como asegura el PP como un éxito propio. Pero el propio debate de los presupuestos de 2025 obliga al PSOE a un duro arbitraje entre las dos alas de la mayoría de la investidura, con un fuerte desgaste y con una dinámica suma cero que puede dividir irremediablemente a la mayoría en la que se sustenta.
El “mal menor”, convertido en estrategia frente a un posible gobierno PP-Vox, implica necesariamente hacer concesiones y aceptar límites impuestos por Junts y PNV, pero también gestionar las condiciones enarboladas por Podemos, en su competencia con Sumar, de Bildu con el PNV, y de un ERC que sostiene al PSC de Illa en su pulso con Junts por el legado independentista. Este dilema es el que pretendían evitar con un acto de voluntad las declaraciones de Pedro Sánchez al inicio del curso político, pero no deja de ser un espejismo que se ha desvanecido.
De no haber presupuesto, las elecciones probablemente serían antes del verano de 2025, buscando el momento más favorable para el PSOE. Antes de una recesión anunciada, a pesar tener la cifra más alta de crecimiento de la zona euro, porque al final la debilidad de las economías alemana y francesa se acabará imponiendo a toda la división de trabajo comunitaria. Sería en el momento álgido del ciclo de gasto público de 2025 gracias a los fondos “New Generation” y con los paquetes de ayudas de emergencia y reconstrucción tras la DANA en marcha. Si las encuestas de septiembre y octubre han sido negativas para las expectativas del PSOE, situando al PP entre 3 y 5 puntos por encima, las de Sumar y Podemos han sido desastrosas y el bloque de izquierdas se ve superado por una mayoría del PP y Vox. Pero la encuesta del CIS de 21 de octubre recoge una recuperación del PSOE y lo sitúa por delante del PP. Está por ver el efecto en las tendencias de voto de la gestión de la DANA, que puede ser decisivo en esta coyuntura.
La estrategia reaccionaria de Feijoo
Las elecciones, en la actual perspectiva, tienen un carácter existencial para los dos principales protagonistas, Sánchez y Feijoo. El que pierda no tiene otro camino que la retirada de la vida política. La oposición de Feijoo ha ido endureciéndose hasta convertirse en una campaña reaccionaria de acoso y derribo, obligado a absorber las presiones de Vox y Ayuso para mantener su hegemonía sobre la extrema derecha. Alimentada por el giro internacional a la derecha extrema tras la epidemia de Covid, con su apogeo en el triunfo electoral de Trump, la estrategia de Feijoo parece calcada de una larga tradición contrarrevolucionaria preventiva, como las estudiadas por Arno J. Mayer en su gran libro Dynamics of Counterrevolution in Europe, 1870-1956. No consiguió evitar la formación del gobierno de coalición progresista, pero si ha paralizado en gran medida su acción reformista, a pesar de las once leyes aprobadas, y provocado una polarización extrema sobre la base de su acusación de una pretendida ilegitimidad originaria.
Los ejes de esta campaña reaccionaria son conocidos y combina todos los sectores en los que la derecha es mayoritaria, con dos consignas: la de Aznar, “el que pueda hacer que haga”, y la anterior enarbolada por Cristobal Montoro frente a Zapatero de “no importa que España se hunda, ya la reconstruiremos nosotros”. La larga insumisión de los jueces conservadores, con la manipulación selectiva de la ley de amnistía para los encausados del procés, el bloqueo del CGPJ, la imputación de Begoña Gómez, el alargamiento interesado del procedimiento para convertirla en una causa general contra la “corrupción del entorno familiar y político de Sánchez”, así como la imputación sin precedentes del general fiscal del estado, tienen una finalidad política coyuntural. Una finalidad que sobrepasa el ocultamiento del problema estructural de la corrupción en el régimen del 78 (que ha afectado tanto a círculos empresariales, como a PP,PSOE y CIU y al monarca emérito), que emerge periódicamente, en su última manifestación en el caso Koldo/Ábalos, y que continúa su larga marcha de procedimientos y juicios contra el PP.
Pero la oposición judicial está acompañada del bloqueo parlamentario sobre la base del «empate inestable» de la aritmética parlamentaria, con un choque frontal Feijoo-Sánchez y tácticas mediáticas y territoriales para enfrentar al gobierno con las fuerzas de la investidura. Los últimos episodios han sido la cuestión de los menores migrantes y el reparto de su custodia entre Comunidades Autónomas para aliviar la situación en Canarias, Ceuta y Melilla; la insumisión de las comunidades gobernadas por el PP frente a la normativa regulatoria sobre vivienda; o la singularidad de la financiación autonómica catalana, negociada con ERC para la investidura de Illa como president de la Generalitat, que ha hecho que las comunidades autónomas del PP reclamasen un tratamiento bilateral en nombre de un sistema común de financiación, en una contradicción gestionada a conveniencia política de Feijoo como árbitro de derechas de un sistema paralelo de gobierno del PP -apoyado en las once comunidades autónomas que gobierna, su mayoría en el Senado y su predominio en la judicatura-, que ha tanteado su propio “giro social” para ampliar demagógicamente su base social entre los sectores populares más precarios.
Las razones de la debilidad de la política progresista
Las medidas de regeneración democrática, propuestas por Pedro Sánchez para recuperar la iniciativa política en el nuevo curso político, prolegómeno de la aprobación de los presupuestos de 2025, han sido en este contexto insuficientes, a pesar de las concesiones negociadas con Sumar, Bildu y ERC. No han sido capaces de crear un impulso continuado que las hiciese desembocar en una consolidación del papel de árbitro de Pedro Sánchez y facilitase las negociaciones a varias bandas del horizonte de legislatura.
Dos elementos parecen explicarlo. El primero, la victoria del PSC en las elecciones autonómicas catalanas, entendidas como un triunfo de la arriesgada línea política seguida para la normalización de la crisis constitucional en Cataluña, que ha tenido como consecuencia romper el bloque independentista y enfrentar a sus componentes, cuando el gobierno central depende de los votos de ambos en el Congreso, y debilitar a la izquierda por el giro a la derecha del propio PSC. El segundo, a pesar del crecimiento económico gracias a los fondos europeos y su control por el gobierno, de un “recesionismo” pesimista instalado en una parte importante de los electores de izquierda, para los que el “escudo social” sigue siendo insuficiente mientras se anuncian beneficios récord de grandes empresas y bancos. Este clima de desconfianza ha llegado a niveles de radicalización indignada en la DANA de Valencia (que hará de la gestión de la reconstrucción un terreno de confrontación política decisivo) y dificulta la recuperación de las esperanzas de cambio, como las que intenta vehicular Yolanda Díaz con la reducción de la jornada laboral.
Pero ambos elementos no son sino manifestación de los limites estructurales que impone la ya larga crisis de la segunda restauración borbónica, sin mecanismos para su propia reforma y que, como una enfermedad crónica, va añadiendo síntomas mórbidos cada vez de más difícil tratamiento. En este interregno, las fuerzas de la derecha extrema se han vuelto reaccionarias y las fuerzas progresistas no ven como cambiar a su favor la correlación de fuerzas que se degrada, en una gestión del mal menor incapaz de vislumbrar por el momento otro horizonte que la resistencia.
Gustavo Buster es co-editor de Sin Permiso.
*Fuente: https://sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-la-encrucijada-de-la-legislatura
