Los diputados que intervinieron en la Comisión actuaron inadecuadamente por no utilizar otra expresión más dura, por ejemplo, delictiva, porque se guardaron pruebas en el Congreso que no las entregaron al Juzgado. ¿No es eso un delito contra la Administración de Justicia?
Rosa Burgos nació en Cúllar (Granada) en cuya universidad se licenció en Derecho. Pertenece al Cuerpo Jurídico Superior de la Administración de Justicia y durante muchos años ha estado ejerciendo en Málaga, ciudad en la que reside actualmente.
Rosa Burgos, Letrada de la Administración de Justicia e investigadora de la Transición, ha publicado en los últimos años cuatro libros ejemplares: “La muerte de García Caparrós en la transición política”, “El sumario Fernández Quesada, ¿una Transición modélica?, “La bala que cayó del cielo. Crimen de Estado: el caso Fernández Quesada” (en El Garaje Ediciones SL) y “Las muertes de García Caparrós. En este último se recoge el sumario completo del caso y las actas “secretas” de la inoperante (por no decir algo peor y más ajustado a la realidad) Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados.
Recientemente, la autora ha hecho también pública toda la documentación no incluida en su citado libro “La bala que cayó del cielo” sobre el caso del asesinato, en 1977, del joven estudiante de La Laguna (Tenerife) Fernández Quesada. Toda la documentación ha sido cedida y su acceso es público y gratuito y comprende no sólo las actas secretas sino también el sumario, en total más de 600 folios. Alrededor de este tema y del conjunto de su obra como investigadora hablamos con Rosa Burgos:
Los documentos que publica la revista “El Observador” son secretos ¿Se pueden publicar documentos secretos? ¿Por qué los públicas? ¿Habéis tenido algún inconveniente?
No, no se pueden publicar según la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esos documentos los tenía en casa y le propuse a “El Observador” colgarlos en su web igual que se había hecho con los de Caparrós y les pareció bien. Los publico para que todos tengan conocimiento real y auténtico de lo que aconteció. Todos los obtuve legalmente y cuando me los dieron, hace 10 años, al parecer, no regía la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y sí ahora que son denegados a los familiares de García Caparrós y Fernández Quesada. Los pedí y me los entregaron sin más, me entregaron hasta los informes secretos de los diputados. Nunca he tenido problemas por su publicación, al menos, hasta hoy. No sé si la revista los ha tenido, a mí no me consta.
Recientemente “El Observador” ha publicado por primera vez todo el dossier del crimen del estudiante grancanario Javier Fernández Quesada, en 1977, gracias a tu investigación. ¿Cuánto tiempo te ha llevado esta búsqueda? ¿Muchas trabas para acceder a la información?
Fue una búsqueda prolongada e intensa porque no sólo acudí a los archivos del Congreso sino también a la Justicia Militar, que era donde estaba archivado el sumario. En cuanto a las trabas, tengo que decir, sinceramente, que sí encontré algunas pero, en general, hubo buen comportamiento tanto por los archiveros del Congreso como por los militares.
En 2012 publicaste “La bala que cayó del cielo. Crimen de Estado: el caso Fernández Quesada”. En el libro cuentas muy detalladamente los sucesos. No has parado en estos años de investigar, ¿se te quedaron cosas en el tintero?
Claro, se me queda lo más importante, lo esencial: saber quién mató a Javier, aunque nunca lo sabremos.
En tus conclusiones afirmas que “intentaron tapar y entorpecer en vez de aclarar”, no solo la Guardia Civil o las instituciones, también los partidos políticos. ¿Todos? ¿Qué fue la comisión parlamentaria?
Una investigación, de cualquier clase, debe comenzar de abajo arriba, es decir, para explicarlo gráficamente, es como un simple punto al principio, sabes que han ocurrido unos hechos y, a partir de ahí, ese punto se va convirtiendo en el inicio de una espiral que se amplia y completa con las declaraciones y las pruebas hasta llegar a cerrar esos círculos que han estado abiertos porque ya no hay más, ya has concluido quién es el autor y tienes las pruebas. En el caso de Javier, y en muchos otros de la Transición no fue así. Se cerró la espiral antes de hacer las investigaciones pertinentes porque de eso se encargó el Ministerio de Gobernación: el ministro (Martín Villa), el delegado de la DGS para Canarias (Claudio Ramos Tejedor), el gobernador civil (Luis Mardones Sevilla) y el general de la Guardia Civil (Guillermo Gutiérrez García). De modo que la “investigación” no fue de abajo arriba sino al contrario. En conclusión: se emiten informes previamente acordados y se obvian pruebas para que ese círculo no se abra. Con los Diputados ocurrió exactamente igual, prueba de ello son los documentos que se publican y sí, todos los partidos actuaron de una forma parecida aunque en los debates parecía que no, sin embargo, era teatro porque ya estaba pactado qué tenían que preguntarle al gobernador civil, que era el máximo responsable. Los diputados que intervinieron en la Comisión actuaron inadecuadamente por no utilizar otra expresión más dura, por ejemplo, delictiva, porque se guardaron pruebas en el Congreso que no las entregaron al Juzgado. ¿No es eso un delito contra la Administración de Justicia?
Volviendo a la transición, en el año 1977 hay 22 asesinatos de bandas de extrema derecha y fuerzas de orden público. Los límites a la democracia se imponían a sangre y fuego. ¿Nadie ha pagado por esos crímenes? ¿Prescriben legalmente, moralmente?
De los crímenes que yo he investigado nadie ha pagado por ellos, ni penal, ni gubernativa ni políticamente, por supuesto. En el caso de García Caparrós ocurrió algo curioso: cuando encontré el sumario (porque yo misma lo busqué y lo hallé en los archivos judiciales, previa petición de permiso para ello) lo entregué inmediatamente a la Audiencia, pero vi que la última resolución era la de sobreseimiento provisional por no haber autor conocido, pues bien, cuando me dieron testimonio del mismo ya habían dictado, en esos días, auto de prescripción.
Legalmente todos los hechos han prescrito, moralmente ninguno, la prueba es que hoy estamos hablando de ellos.
La Transición se hizo a base de pactos donde, a cambio de un poco de libertad y de algunos derechos fundamentales, se acordó mantener internamente los grupos de poder político y económico de la época franquista.
¿Cómo ves el proceso contra los crímenes del franquismo abierto por la Querella Argentina?
Veo que popularmente ha sido un acierto aunque me imagino el maremágnum que tiene que haber en el Juzgado argentino con una causa tan amplia y a tantos kilómetros de los hechos. Es una causa muy dificultosa para ellos porque tienen que trabajar enviando a España comisiones rogatorias que siempre, o casi, son sin resultado. No sé cómo acabará el procedimiento pero es muy positivo que, al menos, se haya abierto y esté tramitándose aunque a los españoles nos debería dar vergüenza no haber sido capaces de solucionar nosotros nuestros problemas.
El espíritu del franquismo parecen seguir muy vivo. Ahora mismo está esperpénticamente abierto el debate sobre la momia de Franco. Los torturadores, represores y gobernantes responsables de crímenes en la Transición disfrutan de una cómoda y condecorada vida sin tener en perspectiva rendir cuentas ante la justicia…
¿Qué ha pasado con la Justicia todos estos años?
Con la Justicia ha pasado lo mismo que con el resto de los poderes del Estado, que no ha avanzado casi nada, es más, en los últimos años se ha notado un retroceso, igual que ha ocurrido con el Ejecutivo y con el Legislativo. Lo que ha ocurrido ahora en el Tribunal Supremo no tiene nombre o, mejor, sí lo tiene: demolición de los principios generales del Derecho.
Tenemos una idea edulcorada de lo que fue la Transición, consensos, pactos, acuerdos… nada se habla de los cientos de asesinatos políticos perpetrados por las fuerzas de orden público o la extrema derecha ¿Por qué ese silencio? Cómo te explicas que cuarenta y tres años después de la muerte de Franco, se sigan escondiendo los crímenes de aquel régimen bajo la alfombra embustera de la Transición. ¿Cómo es posible tanta impunidad? ¿A qué crees que obedece tanta complicidad?
Ese silencio deriva de la necesidad de mantener el status quo de las Instituciones. La Transición se hizo a base de pactos donde, a cambio de un poco de libertad y de algunos derechos fundamentales, se acordó mantener internamente los grupos de poder político y económico de la época franquista y así resultó que, formalmente, era una democracia porque se podía votar y hablar pero, en la realidad, no hubo un auténtico cambio. Lo peor es que conforme se han agregado a esos grupos de poder los políticos y los sindicatos surgidos al amparo de esa democracia aparente han ido adaptándose a esa masa de poder y toda oposición o reivindicación es considerada ir en contra del sistema, claro, de ese sistema. La Transición hubiera estado bien si hubiera sido eso, un tránsito pacífico de una dictadura a una democracia auténtica, trasparente y justa. Y como en la Transición no se acordaron esas bases fundamentales pues aún estamos con temas pendientes que no deberían estarlo, por ejemplo, los muertos en las cunetas, las responsabilidades criminales, los restos de Franco, etc.
¿Tienes esperanzas de que se realice un reconocimiento público e institucional sobre la verdad del crimen contra Fernández Quesada?
No, claro que no. El año pasado lo vi con mis ojos cuando fui a la Universidad de La Laguna, invitada por un sindicato de estudiantes (AMEC), para hablar sobre los documentos secretos en el caso Fernández Quesada; en el acto institucional posterior que se hizo en homenaje a Javier estaba presente toda su familia y gran parte de los que asistimos a las Jornadas, entre ellos muchos testigos de los hechos. Era un acto organizado por el rector. Entre los intervinientes estaba, precisamente, el exdiputado del PSOE, Fajardo Spínola, que formó parte de la Comisión de Encuesta que investigó el caso de Quesada y habló con las mismas palabras que utilizaban los diputados en 1977 cuando investigaban los hechos, es decir, teorías sobre la separación de poderes y esas cosas, en ningún momento oí algo sincero y auténtico que le saliera del corazón y que le llegara a la familia allí delante y era una buena oportunidad para explicar lo que, de verdad, ocurrió en las investigaciones de Javier. Creo que le faltó el respeto a la familia y a muchos testigos de los hechos que estaban en el acto, algunos nos levantamos y salimos del salón. Días después le envié una carta al rector exponiéndole esta queja y nunca he obtenido respuesta.
Para terminar, ¿qué opinas que se debería de hacer con la Ley de punto final, la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977?
Anularla porque no se siguieron los trámites legales parlamentarios.
