Yo nací en 1972. Creo que eran años en que la palabra represión sonaba mucho, al menos en determinados ambientes aunque, como es lógico, los niños como yo no lo percebéssim casi nada y apenas ahora lo recordamos. Después de los años de construcción de la falacia esta que ahora llamamos el régimen del 78 la misma palabra «represión» casi desapareció de la escena pública. Como por arte de magia, aunque de presos y presas políticas defecto siguió habiendo. Y de personas represaliadas por su acción política, también. Eso sí, casi siempre de la misma banda. De tal manera que la palabra represión quedó circunscrita a círculos muy específicos, a aquella gente estigmatizada como «no normal» por los grandes medios de comunicación: anarquistas, independentistas (de los de antes), okupas, insumisos, determinados sindicalistas, etc. Todo ello, hasta hace poco. Como bien sabemos, ahora la palabra «represión» y el calificativo «presos / as políticas» vuelve a estar de moda. Veremos hasta cuando …
No quiero entrar a hablar de que ahora más gente que en las últimas décadas vuelve a tener conciencia de la existencia de una represión del Estado. En todo caso, es innegable que este hecho sucede tras las sucesivas reformas legislativas que han ido encaminadas a fortalecer las medidas punitivas contra una serie de conductas colectivas vinculadas a la protesta y activismo social. La última reforma del Código Penal y la aprobación de la Ley de seguridad ciudadana (o Ley Mordaza) son buenos ejemplos. Unos cambios que se han llevado a cabo en medio de otras iniciativas de las diferentes administraciones públicas en una línea similar de perseguir el activismo social y político que les ha molestado: incremento de la agresividad y la frecuencia de las actuaciones policiales (estatales , autonómicas y municipales), acciones de criminalización y acoso público (recordemos la famosa web de Felipe Puig), normativas del civismo, demonización mediática … y un largo etcétera.
También hemos visto como los últimos años las actuaciones judiciales han endurecido también sus resoluciones, tanto cautelares cono de condenas, contra cientos de miembros de movimientos sociales, sindicales o determinados colectivos políticos. Casos como los «27 y más» o, si se quiere, el mucho más mediático de los «Jordis» son un buen ejemplo de una nueva interpretación judicial de las conductas colectivas, que pasan a ser ilícitas si su finalidad no acata la ley. Y claro, toda política revolucionaria implica subvertir las leyes (ep, dejo claro que no creo que los Jordis lo sean, de revolucionarios). O, aún más recientemente, las últimas semanas, estamos asistiendo a un nuevo uso del delito «de incitación al odio», supuestamente pensado para perseguir la apología del fascismo. Ahora hemos visto desfilar maestros y profesores a juzgados y comisarías bajo esta acusación. O, más recientemente, hemos conocido que la acusación pide a las 6 jóvenes que en marzo de 2017 hicieron una «performance» defendiendo la autodeterminación en la calle, ante la sede del PP de Barcelona, la cantidad de … 6 años de prisión a cada uno. Aparte, cada vez se ha normalizado más el uso de la prisión preventiva contra músicos, títeres, sindicalistas, miembros de movimientos sociales, etc. ¿Qué debo decir que no lo sepamos todas y todos!
En medio de este escenario, que cada vez tenemos más claro, también es muy ilustrativo el doble o triple rasero utilizado por el sistema judicial, las administraciones públicas y, incluso, los grandes medios. No hay que ir muy lejos para ver ejemplos, como la petición de una multa de 90 € a tres fascistas que apalearon una persona en un homenaje a Franco en 2016. Y podríamos mencionar muchos más. O la casi nula presencia en la prensa de los casos de agresiones racistas, o … (sume y siga).
Todo esto lo podemos decir y lo podemos repetir. Es importante explicarlo todo y que, progresivamente, es menos necesario explicar lo que cada vez es más obvio. Algunos tal vez piensan que es importante quejarnos. Personalmente, yo discrepo. La queja presupone asumir que esta represión que sufrimos responde a disfunciones del propio sistema. A cosas, piezas, personas que llevan a cabo una mala praxis. Francamente, a estas alturas defender esto es más bien pueril, o querer cerrar. En todo caso, lo que nos corresponde es pensar como articulamos una respuesta. Básicamente porque, si no lo hacemos, estamos vendidos: sólo nos corresponde seguir dulcemente el rebaño hacia el destino que el poder ha decidido otorgarnos. En cambio, si pensamos que es necesario ser como somos, comprometidos con la vida en sí misma, es imperioso hacerlo para poder existir.
Creo que es evidente que la ofensiva represiva que se ha ido preparando los últimos años no es casual y responde a una situación planificada. Ahora mismo, aparte de un cierto margen de respuesta testimonial, el espacio que esta ofensiva nos permite de defensa es utilizando los mecanismos que la misma represión nos deja. Lo ilustro brevemente. La «Justicia» decide que para hacer una rueda de prensa, o un acto en la calle, o una obra de teatro, o una manifestación, o una barricada, o defender un centro social … nos puede llevar a la cárcel durante años, y cada vez más. Y sólo nos permite comparecer ante la misma «Justicia» a intentar convencerla de que no nos envíe a la cárcel todo este tiempo, que lo haga menos años o que, simplemente, nos permita pagar una multa. Ante acusaciones que se definen cada vez más arbitrariamente (incluso en relación la propia ley escrita), las opciones de salir pasan por la misma arbitrariedad que nos encausa. Lo hemos visto, por ejemplo, reproducido por los altavoces de la televisión en toda la escenificación de encarcelamientos mediáticos recientes pero también lo estamos sufriendo en nuestro día a día. Y vemos como en esta acción para rehuir la represión, quien la padece pierde toda iniciativa política. De hecho, pierde su condición política para acabar dependiendo únicamente de la discrecionalidad de fiscales, jueces o de quien los dicte las medidas a emprender.
Pienso que es urgente construir escenarios alternativos. Unos escenarios alternativos que seguramente pasen por salir de los estrechos caminos o espacios donde nos confina la política represiva. Posiblemente esto comporte, de manera clara, adoptar actitudes desobedientes y tratar de abrir espacios de conflicto que nos permitan obligar a quien ejecuta esta represión a cambiar de idea. Si algo hemos aprendido, es que este cambio en una hoja de ruta que hace tiempo que han planificado cuidadosamente sólo lo podremos conseguir mediante la presión. Si queremos que esta desobediencia no sea una opción suicida sino que tenga garantías, lo tenemos que construir colectivamente y masivamente. Y esto significa implicar a nuestros espacios de militancia. Todos, no sólo los de tipo antirepresivo.
Todo esto implica que tenemos encima de la mesa un debate que no podemos retrasar y que habrá que emprender sino ahora, muy pronto. Obviamente desobedecer la represión colectivamente, como opción política más allá de acciones individuales, implica abrir un conflicto con el Estado. Pero, es que la alternativa es la paz de los cementerios.
Arqueólogo, doctor en Prehistoria y profesor de la UAB. En 2014 fue elegido secretario general en Cataluña del sindicato anarcosindicalista CGT. Forma parte de los nuevos dirigentes anarcosindicalistas en relación con los movimientos sociales y el independentismo. En Terrassa formó parte de la Asamblea de Okupas.
