Unas tres mil personas se manifestaron este sábado por la tarde en Lleida en contra de la creación del consorcio sanitario que prevé unificar en un único organismo de gestión todos los servicios e infraestructuras sanitarias públicas de la provincia y que tiene el primer cuatrimestre de 2015 como fecha límite para la aprobación definitiva de esta nueva organización sanitaria.
«La sanidad no es un negocio» fue el lema bajo el que discurrió una marcha que tiñó de blanco Lleida en contra de la medida impulsada por el conseller de Salud, Boi Ruiz, y que reunirá los hospitales y centros de atención primaria de la provincia bajo un mismo ente jurídico. Esta manifestación fue la tercera gran protesta convocada por la plataforma Marea Blanca, que lleva más de un año de movilizaciones en las comarcas de Ponent y del Pirineo, y ha recogido más de 38.000 firmas a favor del mantenimiento de una sanidad totalmente pública.
La marcha discurrió por las calles más céntricas de la ciudad bajo el lema “El consorcio es suyo, la salud es nuestra”, mientras los 3.000 manifestantes -rebajados por la Guardia Urbana a apenas un millar-, y llegados también de diversos puntos de Cataluña, lanzaron consignas como No es un consorcio, es una estafa y Nos va la salud, nos va la vida, así como también en contra de la política de recortes en servicios públicos emprendida por el gobierno de Artur Mas.
Al finalizar la marcha, a la que se sumaron la monja benedictina y activista Teresa Forcades, impulsora de Procés Constituent, y el también activista social y editor de la revista CaféambLlet, Albano Dante-Fachín, los organizadores advirtieron que, aunque la jornada del sábado estaba considerada como definitiva, el calendario de movilizaciones seguiría hasta conseguir la retirada definitiva del proyecto de consorcio. Forcades explicó que la reorganización de la sanidad pública a través de un consorcio es un paso evidente hacia la privatización y una puerta abierta para la corrupción, ya que evitará los controles parlamentarios al ceder la gestión sanitaria a un ente de titularidad privada. La religiosa insistió en que la privatización provocará una merma en los derechos laborales del personal sanitario que afectará de forma clara a los usuarios y además animó a no votar en las próximas elecciones municipales del 24 de mayo a ninguno de los partidos que apoyan el consorcio sanitario. Por su parte, Dante-Fachín recordó que «en la última manifestación estábamos bajo la lluvia, hoy el viento se ha llevado las nubes, de la misma manera que la marea blanca se llevará el consorcio» y compartió con Forcades la recomendación de «no votar a aquellos partidos que no se posicionen de manera firme contra el consorcio sanitario y en defensa de una sanidad 100% pública”.
En este sentido, el portavoz de la Marea Blanca, Gerard Sala, afirmó que el cambio en el modelo de gestión “no mejorará la asistencia sanitaria que recibiremos, al mismo tiempo que abre la puerta a la privatización definitiva y a las posibilidades de corrupción, opacidad y mala gestión. Esta movilización de Ponent y Pirineos la planteamos como un ultimátum al Govern de la Generalitat para que acepte la voluntad mayoritaria ciudadana y paralice el proyecto de consorcio sanitario”. En la misma línea se situó Eduard Pérez, miembro de la Marea Blanca, que alertó que el proyecto de privatización de la sanidad pública convertirá los servicios sanitarios de Lleida en un laboratorio “para experimentar la mercantilización y privatización de la sanidad pública” para después extender el modelo al resto de Cataluña -algo ya anunciado por el conseller de Salud Boi Ruiz-. Sala valoró que «la Generalitat no puede seguir ignorando los 38.575 firmantes (del manifiesto por la sanidad pública impulsado por la Marea Blanca) y a las miles de personas que han salido a la calle en los más de trescientos actos y las tres manifestaciones organizadas. La Generalitat tiene que dar marcha atrás y apostar por mantener la integridad del Institut Català de la Salut (ICS), revertir los recortes y avanzar hacia la plena titularidad, universalidad, gratuidad y respeto a los trabajadores de la sanidad pública”.
Por su parte, las diputadas autonómicas Sara Vilà y Marta Ribas (ICV-EUiA) anunciaron la presentación este mismo lunes en el Parlament de una propuesta de resolución para que la Comisión de Salud se pronuncie sobre la necesidad de realizar una consulta ciudadana sobre la puesta en marcha de este proyecto, a pesar que estaba previsto ya en el plan de Salud 2007- 2010, realizado durante el último tripartito y apoyado entonces por la formación ecosocialista. A la marcha se sumaron también representantes de otras formaciones políticas como la CUP o Podem, así como de diversos colectivos en defensa de la sanidad pública de otras zonas de Cataluña.
Para la Marea Blanca, el consorcio sanitario de Lleida y el resto de proyectos similares, que el departamento de Salud de la Generalitat tiene en proyecto para su implantación progresiva en Cataluña, “son una apuesta ideológica, sin base técnica, que busca evitar controles parlamentarios y escapar del derecho público”. El consorcio reunirá el ICS, el Servei Català de la Salut (Catsalut), el Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLeida), la Universidad de Lleida y la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. Un consorcio apoyado por el alcalde de Lleida, Àngel Ros (PSC), en plena polémica con su exprimera teniente de alcalde, Marta Camps -con acusaciones cruzadas entre ambos-, pero criticado por un buen número de alcaldes de la provincia, incluidos algunos de CiU.
