El Parlament ha cerrado esta semana el debate monográfico sobre la pobreza con un acuerdo de mínimos que intenta esconder un resultado decepcionante. Mucho discurso sin apenas aplicación práctica. Ni se gastará más, ni se tocará el presupuesto.
El Parlament ha cerrado esta semana el debate monográfico sobre la pobreza con un acuerdo de mínimos que intenta esconder un resultado decepcionante. Mucho discurso sin apenas aplicación práctica. Ni se gastará más, ni se tocará el presupuesto. De las 18 medidas aprobadas, únicamente dos llevan aparejada una dotación económica. Se destinarán cuatro millones de euros a las entidades sociales, y otros 10 para programas de formación socio-laboral relacionados con la Renta Mínima de Inmersión -PIRMI-, caballo de batalla de la lucha contra el fraude en el cobro de las prestaciones para el Govern.
Dos medidas ya previstas antes del pleno y que no suponen ninguna modificación ni en las cuentas públicas ni en la orientación general de la política social de un Govern que, orgulloso, casi desfiló por completo por la tribuna para repetir, uno tras otro, que la prioridad de su trabajo es eso mismo, la política social, el bienestar de sus ciudadanos. El president Mas, que reconoció que “la situación que tenemos es grave”, negó en el mismo discurso que el incremento de la pobreza y las desigualdades en Catalunya en los últimos años tengan relación con los recortes, y como broche, resumió, satisfecho, su trabajo y el de los consellers del Govern con un “lo estamos haciendo bien”.
El Govern ya se había encargado de rebajar las expectativas antes del inicio de un debate que sólo sirvió para refrendar medidas previamente aprobadas, como la ampliación del plazo del plan de pobreza energética, el aumento en la cobertura de las becas comedor o el cambio en las condiciones para el acceso a la renta mínima. La tregua invernal, que entró en vigor en diciembre e impide el corte por impagos del suministro de agua y luz durante los meses de invierno, se ampliará a todo el año 2014. La iniciativa, publicitada por el Govern y sus socios republicanos como una acción concreta y efectiva de lucha contra las desigualdades, apenas ha beneficiado a 50 personas, según ha denunciado estos mismos días la Alianza contra la Pobreza Energética. Las entidades sociales agrupadas en esta alianza consideran la medida «muy insuficiente«, ya que impide, a través de unas condiciones inasumibles para la mayoría, que las personas que lo necesitan puedan acogerse a esta tregua.
Dos días de debate y ni un sólo acuerdo que ofrezca soluciones efectivas para, al menos, paliar la pobreza y la desigualdad. Del presupuesto de la Generalitat del año de la consulta no se tocará ni una coma. En este sentido, Iniciativa solicitó la creación de un grupo de trabajo conjunto entre los departamentos de la Generalitat y las fuerzas políticas del Parlament para explorar la posibilidad de una reformulación de los presupuestos que permitiesen iniciativas más ambiciosas. CiU y ERC, de la mano en todas las votaciones, rechazaron la propuesta ecosocialista.
Para Mas, la solución a estas cuestiones es evidente. Son necesarios instrumentos de Estado para acometer una política económica que responda a las necesidades de la sociedad catalana. Ni una palabra de los intereses que se pagan regularmente a los bancos y que se llevan el 6% del presupuesto de la Generalitat. Para el president, sin una hacienda propia y con el límite de déficit fijado desde el exterior, no se puede llevar a cabo una política de garantías y, en sus propias palabras, “legislar en temas básicos”. La culpa, en este caso, la tiene, dijo Mas, el gobierno central.
Pero la culpa también la tienen otros, y de recordarlo se encargó el conseller de Salut, Boi Ruiz, que durante su paso por el pleno se soltó y aventuró que las personas con pocos recursos económicos y con pocos estudios tienen “peor percepción de su salud, algo que no significa que realmente sea así”. Ruiz prosiguió: «objetivamente, las clases más débiles son las que más frecuentan el sistema sanitario«. Para el conseller, esta es la principal relación existente entre la pobreza y la salud.
Eso sí, el conseller admitió el aumento en los casos de personas con problemas mentales y emocionales relacionados con el incremento de la pobreza tras cinco años de crisis. Como seguro ante esto, Ruiz explicó que el departament de Salut cuenta con un programa para la prevención de suicidios en este tipo de casos, algo, como mínimo, esperanzador. El conseller, eso sí, evitó mezclar la infancia con estos asuntos tan desagradables y no quiso entrar ni en el debate sobre la malnutrición infantil derivada de la pobreza, ni tampoco en las consecuencias que puede tener en el futuro que cada vez se dan más casos de madres con problemas alimentarios y que no pueden amamantar a sus hijos. El conseller Ruiz se despidió asegurando que la pobreza puede limitar el acceso a recursos sanitarios y alimentarios a algunos enfermos, en especial, afectados por el SIDA, la tuberculosis y los trastornos mentales. Los de siempre, le faltó decir al señor conseller.
