La aprobación de una línea de avales de 2.500 millones de euros para facilitar la compra de vivienda es una medida ineficaz. Sirve para que una pequeña parte de la población pueda comprar una casa a costa de hinchar los precios para el resto. En cambio, en los próximos días entrará en vigor en Cataluña otra medida que sí tiene el potencial para bajar precios y facilitar, de verdad, el acceso a la vivienda: la regulación de precios del alquiler.
Ahora bien: todavía no sabemos qué regulación de alquileres será. Los gobiernos catalán y español están cerrando los detalles técnicos, unos detalles que pueden diluir enormemente el efecto de la regulación de precios. El problema, en estos momentos, es en concreto el llamado índice de precios.
Además de la congelación de precios en todos los contratos y renovaciones, ya garantizada en las zonas tensionadas, el núcleo de la regulación es el índice de precios. Esta herramienta fija el tope de precio para las viviendas que entren al mercado de alquiler por primera vez y, sobre todo, también marca hasta donde tendrán que bajar los alquileres de grandes tenedores que actualmente están muy por encima de la media.
Las últimas informaciones sobre cómo será este índice son altamente preocupantes. Las valoraciones al respecto que hizo la consellera de Territori catalana, Ester Capella, en el pleno del pasado miércoles 7 de febrero en el Parlament, apuntan que el sistema de índice que propone el Gobierno español establece un “abanico muy amplio”, y añadió que “si el índice es muy amplio y sin condiciones, puede ser que (los arrendadores) se acojan al tramo de arriba y que esto genere que los precios de alquiler no bajen”. Así mismo, Capella reconoció que han probado una simulación con 32.000 contratos en la que se demuestra que “si se hace con un abanico amplio, la contención de rentas no será nunca una realidad”.
Ante estas afirmaciones, el Sindicat de Llogateres de Catalunya advertimos que no nos podemos permitir la aprobación de un índice fake, diseñado expresamente para que no bajen los alquileres. Si el índice de precios se hace a medida de la patronal inmobiliaria, los precios del alquiler no bajarán, sino que se quedarán en el pico histórico en que nos encontramos actualmente. Por lo tanto, los precios no bajarán, y no será culpa de aplicar una regulación de precios, sino precisamente de diseñar un índice pensado para boicotearla.
La ilusión de solucionar el problema de la vivienda a base de avales y créditos es solo eso, una ilusión. Es por eso que el Gobierno debería abandonar esa política alcista y centrarse en las medidas que realmente pueden mejorar la vida de la gente, como diseñar un buen índice de precios que obligue a los grandes tenedores a bajar drásticamente los alquileres en las zonas tensionadas. Los millones de personas que vivimos agotadas por las continuas subidas de alquiler de los últimos 10 años no podemos vivir de ilusiones.
Opacidad por parte del Gobierno y el Ministerio
Durante las últimas semanas, el Sindicat de Llogateres hemos contactado con el Ministerio de Vivienda estatal, encabezado por Isabel Rodríguez, y con la Secretaría Estatal de Vivienda, liderada por David Lucas, con el objetivo de conocer los detalles del funcionamiento del índice de precios. Pero el hermetismo es máximo. Desde el Sindicat de Llogateres, solo podemos interpretarlo como un silencio que busca aprobar por la puerta trasera un índice que sea del todo inútil para su propósito inicial: bajar los alquileres. La histórica complicidad de los responsables políticos del PSOE con la patronal inmobiliaria, junto con la vigencia de las puertas giratorias en personajes como Joan Clos, Isabel Pardo de Vera o Helena Beunza nos hace pensar lo peor.
Ya hace cuatro años, el Sindicat de Llogateres estuvimos trabajando codo con codo con las conselleries de Justícia y Territori del Govern en el diseño e implementación del índice catalán y la Ley 11/2020. De ahí salió la regulación de alquileres catalana, que sí bajó los precios del alquiler, por lo que tenemos mucho que decir y aportar al respeto.
Respecto a la Consellería de Territorio del gobierno catalán, con quien mantenemos una comunicación más fluida, nos alarma que la misma Ester Capella admita que el índice propuesto por el ejecutivo español, que no servirá para bajar precios. El Gobierno catalán debe forzar una negociación para evitar un índice ‘fake’.
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