En un contexto de crisis económica y de precios, y en parte gracias a ello, las grandes compañías continúan engordando sus beneficios anuales. Para ello, estas grandes empresas despliegan distintas armas: batallas judiciales contra medidas del Gobierno, presiones en la Unión Europea o gran inversión en publicidad, entre otras. La investigación que hoy se publica presenta un amplio abanico de ejemplos de estas prácticas y analiza cómo componen un conjunto sistemático elaborado para influenciar en las políticas públicas en defensa de su beneficio privado.
Uno de los descubrimientos más llamativos es el de una nueva forma de puertas giratorias: “Dentro de los servicios jurídicos de Iberdrola, Endesa y Naturgy, destaca una figura: la de abogado del Estado. Se sitúan en la categoría A1 del cuerpo de empleados públicos en el Estado español. Estos funcionarios tienen que superar uno de los exámenes más duros para su puesto y conocen al dedillo las debilidades y fortalezas de la Administración. Cobran, como mínimo, unos 60.000 euros al año en 14 pagas, algunos alcanzan incluso los 100.000 euros anuales. Aún así, muchos optan por buscar una mayor retribución salarial y piden una excedencia, mantienen su plaza pública y trabajan en la empresa privada.”
En el informe Radiografía del lobby energético se encuentran numerosos detalles sobre ésta y muchas otras de las armas que se usan para incidir en las decisiones del poder público.
La investigación se enmarca en la campaña europea People Over Polluters y ha sido desarrollada por el periodista Raúl Novoa González, junto con la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Asociación Internacional de Ingeniería Sin Fronteras (ISF) y Fossil Free Politics. En dicha campaña se fomenta el conocimiento sobre el papel de las grandes corporaciones en la vulneración de derechos humanos y en la crisis climática. En este marco se han realizado también investigaciones paralelas en países como Reino Unido, Italia y República Checa, que se publicarán conjuntamente la próxima semana.
En el informe publicado hoy, se realiza una radiografía del lobby energético en el Estado español. El foco se pone en el arsenal usado por Endesa, Naturgy e Iberdrola para anteponer sus intereses económicos frente a los derechos de la ciudadanía y, en particular, de los hogares vulnerabilizados.
Todo esto sucede a las puertas de un momento crítico: el 31 de diciembre de 2023, si no se prorroga la medida, terminará la moratoria de cortes de suministro de agua, luz y gas. Según las organizaciones sociales, esta prohibición temporal que se aprobó como parte del Escudo Social frente a la crisis del coronavirus debe convertirse en una medida permanente. La investigación revela cómo ha sido imposible conocer por parte de las instituciones públicas y de las empresas el volumen de deuda que se ha acumulado a raíz de esta medida.
Els subministraments són el nostre dret. Assessoraments col·lectius, presencials i en línia, dimecres cada 15 dies a les 17 h a c/Obradors, 6-8, BCN.
