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El doctor César Lorenzo. Foto: Francesc Sans.
“Soy Daniel Pont Martín, expreso social y, junto a otros compañeros, uno de los fundadores de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL) en la cárcel de Carabanchel, en 1976. Cuando tenía 17 años, me aplicaron, primero, la Ley de Vagos y Maleantes (condena de 3 años), y después la de Peligrosidad y Rehabilitación Social (2 años más), verdaderas leyes dictatoriales que penaban conductas, no delitos, y que en mi caso fueron el detonante para dar un salto cualitativo en mi decisión de hacerme atracador”.
De esta forma tan contundente comienza el prólogo del ensayo Cárceles en llamas (Virus Editorial), del doctor en Historia César Lorenzo Rubio (Barcelona, 1978). Lorenzo forma parte del Grupo de Estudios sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas, y este texto es su tesis doctoral que leyó en la Universidad de Barcelona. También participó en la obra colectiva: El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX. El libro se incluye entre los trabajos históricos críticos con la Transición, para unos “modélica”, que lejos de romper con la dictadura, dejó intactas instituciones y personas del antiguo régimen, como buena muestra tenemos hoy de ello. Hablamos en Barcelona con el joven investigador.
¿Presos comunes o sociales?
En rigor jurídico, ellos eran condenados por delitos de Derecho común, por lo tanto eran presos comunes, lo que pasa es que se reivindicaban así mismos como presos sociales, retomando una denominación que venía de los años treinta, incluso antes, para expresar que eran presos en una sociedad franquista, asfixiante, económicamente y jurídicamente hablando…
Y donde se conculcaban derechos fundamentales y, la tortura, formaba parte del método de “investigación” policial y carcelario…
Claro. Estos presos, cuando tomaron conciencia de su situación y se presentaron al exterior, se denominaron presos sociales, y creo que lo eran.
¿Cuándo empezó el movimiento reivindicativo de los presos sociales en aquellos años?
Sin duda, a raíz de la primera amnistía que dictó el presidente Adolfo Suárez en 1976 –de 30 de julio, se exceptuaron los delitos de sangre-. Esta amnistía –que no incluía a los presos sociales, como tampoco lo hizo la Ley de Amnistía de 1977- fue la que encendió los ánimos y los presos se subieron por primera vez a los tejados de las prisiones. De esa época es la foto que ilustra la portada del libro. Ya hubo antecedentes de movilizaciones, por ejemplo en Barcelona con la muerte –septiembre de 1975- de El Habichuela, se organizó un motín. Por cosas muy concretas se movilizaban los presos, malos tratos y cosas así, pero de ahí se pasó a la reivindicación política, amnistía o indultos para todos.
El Habichuela al que se refiere Lorenzo no era otro que el preso común Rafael Sánchez Milla. Según dejó escrito el fallecido periodista Josep María Huertas Clavería, y por el testimonio del antropólogo Manuel Delgado, ambos huéspedes de la cárcel Modelo en aquel año, los funcionarios de prisiones se ensañaban con los presos comunes. Durante una de esas palizas mataron a El Habichuela; el arma utilizada, una cañería de plomo. Cabía recordar también que a la muerte del dictador, el indulto real del 29 de noviembre de 1975, benefició a los implicados en el “Proceso 1001/72”, que llevó a la cárcel a toda la dirección del sindicato Comisiones Obreras; a los implicados en el escándalo político-económico -con el Opus Dei por medio- del “Caso Matesa” y a 5.655 presos sociales.
¿La COPEL se fundó en Carabanchel?
A finales del año 1976, en la Prisión de Carabanchel, en Madrid, se fundó, y entre los meses de enero y febrero de 1977 se dio a conocer públicamente.
¿Tenían apoyo social fuera?
Tenían, sobre todo, el apoyo de los familiares. En Madrid se creó la Asociación de Familiares y Amigos de Presos y ex-Presos, y luego, en diferentes ciudades, se crearon Comités de apoyo a COPEL, gente sobre todo del ámbito libertario, como la CNT y algunos partidos de la extrema izquierda. Fue muy importante el apoyo de abogados y de algunos trabajadores sociales, que ayudaron a difundir las reivindicaciones de los presos fuera de los muros de las prisiones. Pero el apoyo social fue muy reducido.
¿Y cuáles eran esas reivindicaciones?
Las fundamentales se referían a las condiciones de vida dentro de los penales, pero luego había otras reivindicaciones más políticas, como la reforma del Código Penal y penitenciario, la desaparición de las jurisdicciones especiales, como el Tribunal de Orden Público, Ley de Bandidaje y Terrorismo, Ley de Peligrosidad Social, Consejos de Guerra militares a civiles y por la depuración de jueces, policías y carceleros con vínculos con la extrema derecha franquista, muchos de ellos, conocidos torturadores.
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César Lorenzo. Foto: Francesc Sans.
Parece, por lo que nos cuenta Lorenzo que, una vez que salieron los presos políticos con la amnistía de 1977, los presos sociales asumieron la defensa de las libertades dentro de las cárceles, presos olvidados por unos y por otros, por cierto.
¿Cómo se produce esta politización de los presos sociales?
Por el contacto con los presos políticos, de los que copiaron algunas formas de organización, algunos comunes llegaron a militar en partidos, pero muy pocos. La verdad es que, salvo algunas excepciones, la relación entre presos sociales y políticos era distante.
¿Qué era “El palomar” de la Modelo de Barcelona?
Eran las celdas más altas, donde se recluían a los presos con trastornos mentales, pero en realidad se utilizaba para dar palizas a los presos más conflictivos, ya que eran celdas acolchadas e insonorizadas.
Cuando los presos denunciaban torturas, los testimonios de policías y funcionarios de presiones eran tomados como pruebas de cargo. ¿Algún fiscal o juez de vigilancia penitenciaria de aquella época hizo algo para terminar con la impunidad?
No, yo personalmente no conozco. ¡Miento!, hubo uno, el juez Luis Lerga, que investigó la muerte de Agustín Rueda. Él, por ejemplo, se encargó de ir al Anatómico Forense de Madrid y levantar acta del cadáver, eso fue importante; claro que detrás había unos abogados muy implicados.
Agustín Rueda, que no “fue ni un héroe ni un mártir” como escribe Lorenzo en su ensayo y que sus propios compañeros así lo señalaron, era un preso de ideas anarquistas que murió apaleado por seis funcionarios. Esto ocurrió en una celda de aislamiento de la prisión de Carabanchel, las llamadas CPB (Celdas de Prevención Bajas), galería subterránea de castigo. Era el 14 de marzo de 1978.
¿La Ley Penitenciaria de 1979 recogió algunas de las reivindicaciones de la COPEL?
Cuando los presos políticos salieron con la amnistía del 77, la prisión dejó de estar en la agenda política del gobierno, fueron los presos sociales, denunciando su situación y consiguiendo que se formaran camisones de senadores, etc., los que volvieron a poner en la actualidad política el tema penitenciario. Recordemos que muchas de esas protestas fueron muy duras, huelgas de hambre, autolesiones, motines… La importancia del movimiento de protesta de los presos lo tenemos en que, la Ley Penitenciaria, fue la primera ley orgánica de la democracia. ¿Se recogió sus demandas?, en parte sí y en parte no, no se recogieron las principales, que eran la amnistía y la depuración de funcionarios, pero sí que recogieron otras medidas que humanizaban las condiciones de vida en las cárceles, que ya se estaban desarrollando en otros países europeos.
¿Cómo se aprobó esta ley?
Se aprobó por unanimidad. La ley era un compromiso de Carlos García Valdés, un abogado joven y progresista que, cuando asesinaron al Director General de Prisiones, Jesús Haddad –ametrallado por el GRAPO-, asumió su cargo. El gran problema es que fue una ley que no tenía presupuesto para aplicarse, y esto lo reconoció el propio gobierno de la UCD. Por lo que, en la mayoría de sus puntos, se quedó en una mera declaración de intenciones. Lo grave es que, 35 años después, muchas de las mejoras de aquella ley, siguen sin aplicarse en la práctica. Además el Código Penal se reformó muy poco. Tuvimos que esperar a 1995, con el llamado Código de la democracia, para que se derogaran leyes como la de Peligrosidad Social. Paradójicamente, en cuanto al cumplimiento de las penas, el Código de la democracia es más duro que el anterior de la época franquista.
Y hoy, ¿hay una regresión en cuanto a los derechos humanos en las cárceles?
En aquella época, la prisión estaba en el día a día de la política, incluso porque muchos de los parlamentarios y senadores habían sido presos. Hoy las presiones no existen para el conjunto de la sociedad. Están apartadas de las ciudades y nadie se acuerda de ellas. En un contexto de mayor opacidad, es más fácil que se produzcan abusos, porque la respuesta social es mínima y la información que nos llega también es poca. Uno de los lemas de aquellas épocas era: “Vamos a poner techos de cristal a las prisiones”, para acabar con el apagón informativo sobre los abusos en las cárceles franquistas y el posfranquismo.
¿Hoy no hay asociaciones de presos?
No, los presos tienen prohibido el derecho a la asociación, pero no sólo en sindicatos de presos, sino, por ejemplo, en una peña del Osasuna en la cárcel de Pamplona.
¿Cuándo y por qué desapareció la COPEL?
Se disolvió a partir del verano de 1978. Diversos fueron los factores que hicieron que su actividad cesara. Por ejemplo, la restricción de comunicaciones y movimientos de sus líderes, por órdenes que venían en circulares internas de Instituciones Penitenciarias. Por el agotamiento de unas luchas muy duras y comprobar que no les iban a dar la amnistía. Y muy importante, la aparición de la heroína. La cultura carcelaria cambió, primaba el individualismo, se rompió la solidaridad interna, la violencia y las mafias empezaron a controlar las cárceles.
Daniel Pont Martín escribe en el prólogo citado: “… como si el guión estuviese premeditado, comenzó a entrar masivamente heroína en las cárceles, comenzando a “engancharse” innumerables presos, hasta el punto de que era más difícil conseguir una “chuta” (jeringuilla) que droga”.
