Primero apalearon a miles de mujeres y mataron a unos centenares durante todo el siglo XX sin que la vanguardia del movimiento Feminista se considerara concernido. Cuando publiqué el informe sobre las mujeres víctimas de violencia en el número 2 de Vindicación Feminista en agosto de 1976 ningún medio de comunicación ni generalista ni feminista se hizo eco del mismo. Tuvieron que transcurrir veinte años y elevarse una montaña de muertas para que los y las periodistas se dignaran mostrar a la ciudadanía los signos más visibles de la masacre que estábamos sufriendo. En los años 1996 y 97 propuse a Cristina Alberdi, entonces Ministra de Asuntos Sociales la redacción de una ley contra la violencia contra la mujer que recogiera las disposiciones que en otros países ya estaban en vigor, especialmente la del Estado de Nueva York que me parecía vanguardista y podría servir de prevención de los malos tratos continuados que sufrían nuestras compatriotas sin que su desgracia provocara la reacción necesaria ni en el feminismo ni en los gobiernos. Nuestra propuesta murió en el Consejo de Ministros donde los gobernantes socialistas la enterraron con cierta burla hacia Cristina. Después, ya gobernando el Partido Popular, nosotras desde el Partido Feminista de España, el Partit Feminista de Catalunya, el Colectivo Feminista Lanbroa del País Vasco, redactamos un proyecto de ley que consultamos a otros grupos y asociaciones feministas. El redactado fue rechazado despectivamente por las mujeres del PSOE, que a su vez comenzaron la elaboración de otra ley que sería al final la que se presentó en dos ocasiones en el Parlamento sin que el PP accediera a aprobarla. Esa ley suprimía la protección a las mujeres que no tuvieran una relación sentimental continuada con el agresor, no exigía la colaboración ciudadana en la detección y denuncia del delito, eximía de responsabilidad a los sanitarios, jueces, fiscales y policías que negaran la protección legal a las víctimas y no otorgaba indemnizaciones a las víctimas. Y no contemplaba invertir la carga de la prueba, dejando nuevamente a la víctima enfrentada a su agresor, debiendo buscar las pruebas de un delito que se comete en el secreto del domicilio conyugal. En definitiva, la ley que se acabó aprobando cuando el PSOE ganó las elecciones, y que constata su debilidad cinco años más tarde.
Lo más llamativo fue desmovilizar las concentraciones que se celebraban en las principales ciudades cada 25 de mes en cuanto el PSOE ganó las elecciones, con el argumento de que se iba a aprobar la ley y ya no se necesitaba exigirle nada más al gobierno. Por eso este octubre de 2010 contamos 59 mujeres asesinadas, cuatro más que en todo el año anterior.
Más tarde escribí un informe sobre las carencias y debilidades de dicha ley según mi experiencia cotidiana en el ejercicio de la abogacía en tan difícil especialidad, apoyada en el informe que había publicado Amnistía Internacional al año de la aprobación y entrada en vigor de la Ley. Lo publiqué a mi costa, lo difundí en todos los ambientes feministas y legales, lo envié al Parlamento, al Senado, al Consejo del Poder Judicial, al Observatorio de Violencia del CGPJ, al Parlament de Cataluña, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al Defensor del Pueblo. Me entrevisté personalmente con Montserrat Comas, entonces en el Observatorio de Violencia del CGPJ, con la adjunta al Defensor del Pueblo, con la Ministra de Igualdad Bibiana Aído, con la Directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris, sin que encontrara ni comprensión ni complicidad en ninguna de ellas. Más bien, rechazo a mis críticas, como el artículo que publicó en el Periódico de Cataluña Montserrat Comas. Mi informe se ha distribuido con el mismo efecto que si lo hubiera tirado en el fondo de un lago, donde ni siquiera se observan los círculos concéntricos.
Más tarde, las mujeres del Partido Socialista se empeñaron en aprobar la Ley de Paridad, en la que se exige que en las listas electorales exista el 40% mínimo por cada sexo. Desde el Partido Feminista observamos que con ello se nos impedía presentar las listas de mujeres con las que habíamos concurrido a otras elecciones. Nos entrevistamos con Micaela Navarro y con Soledad Murillo intentando que comprendieran la limitación que nos suponía y lo absurdo de semejante condición para que los hombres no perdieran lugar en la política. Nuestros razonamientos y solicitudes no tuvieron ninguna respuesta. La ley se aprobó tal cual y obliga a las formaciones feministas a buscar hombres, solidarios pero no militantes, para situar en las listas electorales, en un ejercicio de hipocresía que no beneficia a nadie. Mientras tanto la tan buscada paridad electoral ha tenido como resultado en las elecciones de 2008 que haya dos mujeres menos en el Parlamento.
Después, la reclamación constante que plantea el Partido Feminista de se aumenten los servicios sociales especialmente para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral en condiciones semejantes –no serán de momento iguales- a los hombres, se ha transformado en la solicitud de quince días de permiso parental al tener un hijo y en buenos consejos a los padres y maridos para que ayuden a las esposas y madres en el trabajo doméstico. Lo más barato.
Más tarde, la reforma laboral de mayo de 2010 ha eliminado las pequeñas ventajas que los trabajadores habían conquistado a lo largo de varios siglos de lucha, y con ella las mujeres son las más perdedoras. Las modificaciones previstas para las pensiones situarán en un escalón más pobre a las viudas y jubiladas, ya el sector de clase más desfavorecido.
Finalmente, han suprimido los Institutos de la Mujer de Castilla La Mancha, Galicia, Murcia y el Observatorio de Violencia de Madrid. Y el día 20 de octubre acabaron con el Ministerio de Igualdad y degradaron a Secretario de Estado a Bibiana Aído. Así paga el gobierno a las mujeres que con tanta fidelidad le han servido. Pero no parece que vaya a cundir ni la rebeldía ni aún la protesta en sus filas.
