El debate que suscita la legalización y consumo de marihuana lleva mucho tiempo rondando alrededor de políticos y jueces. Si bien es cierto que es un tema en la sombra, hay sucesos sociales que le van dando ocasional preeminencia. Esta vez han sido dos sentencias del Tribunal Supremo y el acercamiento a la regulación del asunto por parte de un partido (damos por hecho) de derechas: Ciudadanos.
El consumo de marihuana es ilegal en España. Lo es el consumo de sustancias estupefacientes y lo es cultivar una sola planta. Lo avala el abogado especializado Pedro Caldentey. Explica éste que a pesar de que no tenga trascendencia penal que en la intimidad de un hogar se cultive alguna planta, siempre que ésta se exhiba en balcones la policía puede multar. Simple y llanamente. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de la sociedad? El incremento del uso, así como la multiplicación de la existencia de asociaciones canábicas. Aunque esto parece tener cerca su fin.
“Recientemente se han dictado dos sentencias del Tribunal Supremo que supondrían el fin del modelo instaurado aquí en España” dice, contundente, Caldentey. La primera en octubre, la segunda, a principios de diciembre. Aunque diferentes, ambas son desfavorables hacia las asociaciones canábicas. Y eso, como bien detalla el abogado es un paso para colocar estos clubs -que hasta ahora basaban su razón de existir en una suerte de vacío legal- en la parte ilegal del tablero.
Y es que éstas existen y siguen abiertas gracias a la doctrina del consumo compartido. Esto viene a significar cierta permisividad ante que un grupo de amigos se reúna de forma ocasional en un ambiente privado para consumir una marihuana que previamente haya comprado uno de ellos con el dinero por adelantado del grupo de amigos. Las asociaciones en España existen acogiéndose a este principio, pero a lo grande. Y el vacío legal radica en la subjetividad en su interpretación.
Es una queja extendida entre los mismos jueces, tal y como explica Pedro Caldentey, la ambigüedad legal en este sentido. “Depende de la zona de España en que te sitúes, del juzgado que toque… hay muchos factores que influyen en que las resoluciones sean, frente a un mismo caso, diversas” explica el letrado, “Y esto lo han denunciado los propios jueces”.
Frente a esta situación, muchos clubs han decidido autoregularse. Y frente a esta regulación, muchos Ayuntamientos y Gobiernos han intentado reglamentar la materia. O, como poco, acercarse a ello. Por ejemplo el municipio de San Sebastián decretó una ordenanza para regular las asociaciones, el Gobierno Vasco tenía intención de promulgar una ley de adicciones en que se normalizaran también los clubs, Navarra creó una ley que fue recurrida ante el TC por el Presidente del Gobierno y Catalunya dictó una ley no vinculante para dar pautas a los Ayuntamientos de la comunidad con el fin de que supieran como regular el funcionamiento de dichas entidades.
Sin embargo, con las sentencias en cuestión, el Tribunal Supremo parece decantarse por la ilegalidad de las asociaciones. “El consumo compartido estaba pensado para un consumo puntual de un día concreto entre pocos amigos” dice el también redactor en la revista Cáñamo. “Esto se ha ido ampliando a asociaciones con 200 socios: primero, no es un grupo reducido de personas; segundo, no es un consumo esporádico; tercero, los socios no se conocen entre ellos.” En otras palabras, aquí no encaja el consumo compartido y, por lo tanto, estas asociaciones están cometiendo un delito.
Esto trasciende más allá, si cabe, en el momento en que la industria empieza a ser centro de nuevos y variados perfiles de participación. “Ha habido mucha proliferación de las personas y variación de los perfiles de la gente que se ha implicado en este ambiente” desarrolla el mismo Caldentey, “desde la persona desocupada con dinero ahorrado que decide montar una asociación de estas características para dedicarse a algo que le gusta, hasta inversores que buscan hacer dinero”.
Como es obvio, los principales actores políticos del país se han posicionado al respecto: mientras que PP ni lo menciona e IU no cesa en su empeño de regular la situación, el nacimiento de nuevos partidos ha dado matices al asunto. Según recoge eldiario.es, Podemos convocaría una mesa de trabajo sectorial que debería presentar una propuesta estatal que garantizara las libertades y derechos fundamentales de las personas usuarias y que contemplara la regulación de la producción, distribución y consumo de Cannabis. El mismo diario informa de que Ciudadanos promocionaría programas de información y concienciación de las consecuencias nocivas para la salud derivadas de su consumo, al tiempo que perseguiría severamente el tráfico y distribución ilegal de “dicha sustancia”.
Para el abogado Pedro Caldentey el futuro pasa por un cambio de la legislación. Y este cambio, por un cambio de gobierno. “Quizás todo esto pasa por cambiar la convención de 1961, que es la que permite a los estados sancionar el tráfico y en determinados casos incluso el consumo de Cannabis” concluye “Y luego, cambiar la legislación”.
