Había un romántico castellano que se descerrajó un tiro en la sien. Pero no lo traemos al caso por este desliz, sino por lo que nos dejó escrito; o mejor aún, por lo bien que nos dejó descritos a nosotros, los españoles. En uno de sus artículos atinadamente llamados «de costumbres», un francés recién llegado a Madrid, Sans-délai, pretende, en un máximo de quince días, haber dado punto y final a los asuntos que le han traído allí. Frente a este acto de entrañable inocencia, Larra no puede sino reprimir su risa. Pero como hace gala de una educación superior a la media, se limita a corregir ligeramente el cómputo de tiempo de su invitado galo, adaptándolo pues al hacer de nuestro país, y le dice: «Dentro de quince meses estáis aquí todavía». El francés, algo ofendido, le espeta: «¿Os burláis? ¿No me podré marchar cuando quiera? ¡Cierto que la idea es graciosa!». Pues hombre, no sabemos si es graciosa. Tal vez a principios del siglo diecinueve tenía su chiste, y uno volvía a casa retorciéndose de la risa después de un trámite con el Estado. Pero ya se sabe, el tiempo no perdona, y las bromas se desgastan con su uso.
Desconozco si el Estado se piensa todavía que hace reír a su pueblo; no sé tampoco si siquiera alguien le ha dicho: «Oye, que te repites». No sé si está al tanto de que su humor, en suma, se ha quedado anticuado. En cualquier caso, ya sea así o, simplemente, consciente de lo que hace, lo haga por otras razones, lo cierto es que ha conseguido perpetuar el dúo Sans-délai-Burocracia de manera tan íntegra que, de haberlo intentado aposta, no le habría salido. Por un lado tenemos al Estado Aletargado, representado por la Fiscalía y el Tribunal Constitucional; y por otro al francés, representado por el soberanismo catalán.
Como sería sobremanera perjudicial para el propio Estado no actuar prohibitivamente ante el movimiento del soberanismo, pero como tampoco quiere parecer interesado por la problemática que ello plantea, ha resuelto que el mejor modo de actuación, el más adecuado a fin de corresponder a su sordera constitutiva es echar abajo todo lo que venga de su francés, sea bueno o sea malo, sólo por el hecho de venir de él. Así nos explicamos que se acuse de los delitos de desobediencia y prevaricación a Carme Forcadell. Con todo, echamos en falta en la querella de la Fiscalía la coletilla del «y venga usted mañana»; aunque, bien pensado, ¿no está implícita en su denuncia?
Que vayan mañana, pues, los políticos con su diálogo, dado que, por lo pronto, van a ser recriminados por ir hoy. Tampoco es que mañana les vayan a prestar atención; les dicen que lo intenten mañana porque están agotados de dejar las propuestas para el día que viene. Y así las cosas. Unos proponen, pues en su derecho están, y otros deponen -o lo intentan-.
Aparte de Carme Forcadell, están en riesgo de quedar desoídos Jordi Turull y Anna Gabriel, puesto que se considera que ambos tuvieron un papel relevante en la iniciativa de la consulta del 9N. Para el Estado, esta impugnación es perfectamente razonable: entra en su lógica del «pida lo que me vaya a pedir, venga usted mañana». Como si el derecho a decidir lo más básico de un pueblo, su enmarcación dentro de una nación, pudiese combatirse con tirones de oreja y monsergas. ¿No se apercibe el líder del Estado Aletargado, nuestro presidente, de que ya forma un bulto demasiado grande todo lo que ha ido metiendo bajo la alfombra? Se ampararán sus epígonos en que el Tribunal Constitucional, antes de la celebración de la consulta, ya había anulado expresamente la posibilidad de la votación, siendo ésta, en consecuencia, un acto de indefectible desobediencia. ¿Desobediencia a quién? ¿A quienes no quieren hablar? No, pues sería absurdo. Por eso nos remiten a la todopoderosa, inmutable e impasible Carta Magna. A ella tendríamos que ir, empero, no a buscar la excusa para demonizar la voluntad de un pueblo sino, por contra, para dar voz a quienes desean decir algo.
Ahora bien, no parece que esté dentro de los planes inmediatos del Estado el otorgar la posibilidad de hablar a quienes con él disientan. Por este motivo el Tribunal Constitucional, además de lo antedicho, ha aceptado el recurso presentado por el PP contra la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Con lo cual varios de sus artículos quedan anulados; artículos, por cierto, que si desobedecen, desobeceden a la desigualdad. De esta manera han sido tumbados el artículo 33, con propuestas contra el acoso sexual en las empresas; algunos apartados del 36, con medidas de igualdad en las empresas, y del 39, sobre la igualdad sindical; el 40, con medidas en la negociación colectiva; algunos del 41, que introduce la perspectiva de género en la regulación de empleo; y el 44, que examina los riesgos laborales a la luz del género.
A todo esto, preguntémonos: ¿puede realmente lo ético exceder las competencias autonómicas? Mi abuela decía que «que lo bien dicho, dicho se queda», pero no para el Gobierno, que piensa no en lo bien dicho que esté una cosa, sino en que esté dicho cuando se le ha dejado hablar. ¿Es esto democracia, entonces? ¿O deberíamos llamarla democracia-con-permiso-de-palabra? Voto por ello: al menos sabríamos a qué atenernos.
Una ley que promueve la paridad en los ámbitos institucionales y una educación alejada del sexismo, que busca fomentar la tolerancia entre los ciudadanos, ¿no tiene la razón en sí misma? Y no es que unos conjurados en una hora de fiebre la hayan ideado al margen de la vida mundana; no, sino que, esta ley, necesaria como todo lo que implique una mejor coexistencia, había sido aprobada por el Parlament de Catalunya con la aquiescencia del sentir general de la sociedad. Así y todo, veremos sucederse los meses como Vivaldi las lentas estaciones a través de su ventana, antes de que el Estado tenga la primorosa y genuina idea de estimar alguna ley como las que ahora desecha. Son así de pródigos nuestros políticos, en definitiva, que no escatimando en tiempo, prolongan los efectos de una injusticia a la que sin dificultad ya se sabría cómo y desde dónde poner término.
José Carlos Ibarra Cuchillo
Pensamiento filosófico.
