El 18 de octubre, la huelga general convocada por CGT, FO, FSU y SUD-Solidaires, así como de las organizaciones juveniles y estudiantiles francesas. Los y las trabajadoras de la educación, de los ferrocarriles, de las industrias química y aeronáutica, de las guarderías, de la salud y de las residencias de ancianos, fueron los sectores más activos en la huelga. Alrededor de 300.000 manifestantes recorrieron las calles en 150 ciudades. Hubo un centenar de bloqueos de institutos y otras acciones por parte de estudiantes de secundaria. La movilización exigía aumentos salariales, la defensa del derecho a huelga y en apoyo a los trabajadores de la petrolera TotalEnergies, que se encontraban en huelga desde finales de septiembre.
Dos días antes, el domingo 16, una manifestación con 140.000 participantes recorría las calles de París bajo el lema “contra la vida cara y la inacción climática”. La convocaba la Nueva Unión Popular, Ecológica y Social (NUPES), coalición dirigida por Jean-Luc Mélenchon, de Francia Insumisa junto al Partido Socialista, Europa-Ecología-Los Verdes (EELV) y el Partido Comunista. También contaba con el apoyo del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), diversas asociaciones ecologistas y de solidaridad y algunas federaciones sindicales estudiantiles.
La huelga del 29 de septiembre y la de las refinerías
El precedente a la huelga del 18 de octubre hay que buscarlo en la jornada de huelga nacional del 29 de septiembre, por un salario mínimo de 2.000 euros brutos, aumentos salariales en función de la inflación, el restablecimiento de la escala móvil de salarios y pensiones y la igualdad salarial real entre mujeres y hombres. Salieron 250.000 manifestantes a las calles. Pero unos días antes, el 20 de septiembre, había arrancado la huelga por salarios en dos refinerías de Esso-ExxonMobil, y poco después en las de Total Énergies. El resultado fue una fuerte reducción del abastecimiento y largas colas en las gasolineras.
El Gobierno Macron y su primera ministra Élisabeth Borne, que viene oponiéndose al establecimiento de nuevos impuestos a los superbeneficios de las grandes empresas, el miércoles 12 de octubre empezó a obligar a trabajadores en huelga a la vuelta al trabajo bajo amenaza de multas y penas de prisión mediante el establecimiento de servicios mínimos. Los sindicatos respondieron con demandas legales contra esas medidas represivas contra el derecho de huelga. Si bien estas medidas han permitido abrir algunas gasolineras, provocaron la rabia.
Las multinacionales Esso-ExxonMobil y Total Énergies utilizaron los dos sindicatos que no participaban en la huelga para firmar un acuerdo: la CFDT y la corporativista CFE-CGC, que son mayoritarios en el conjunto de Total Energie, pero no entre las refinerías que estaban en huelga. En Esso-ExxonMobil el acuerdo se firmaba el 10 de octubre con un aumento salarial del 5,5% (más un punto de primas) y en Total Énergies, el acuerdo es de 14 de octubre un 5% para todos los salarios (más dos puntos en primas).
En las dos refinerías de Esso Exxon Mobil los y las trabajadoras votaron suspender su huelga el viernes 14 de octubre, tras 24 días de huelga. Pero las asambleas de huelguistas de Total Energie rechazaron los acuerdos y votaron seguir la huelga: en tres refinerías hasta el 20 de octubre, en las otras 2 hasta el 27.
Los huelguistas exigen una subida de salario de 10 %, con el objetivo de compensar la inflación (5,6 % interanual en setiembre), más una redistribución de los superbeneficios. Total Énergies ha generado un beneficio de más de 18.800 millones de euros en el primer semestre de 2022 y de 5.700 millones en el segundo. La remuneración de su presidente y director ejecutivo Patrick Pouyanné aumentó un 52% este año, lo que aumenta la indignación obrera.
En la víspera de la huelga general del 18 de octubre, el Ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, echaba leña al fuego al afirmar que el movimiento social actual era “inaceptable” e “ilegitimo” y llamaba a “liberar los depósitos de carburante y las refinerías”, en un claro llamado a la represión. Le respondía el secretario general de la CGT Philippe Martinez “el Gobierno ha subestimado la rabia en las refinerías, pero también la rabia general del país”.
Macron en la cuerda floja
Las direcciones sindicales CGT, Solidaires, FSU y FO han convocado una jornada de movilización para el 27 de octubre y una huelga para el 10 de noviembre. A la defensa de los salarios unen otras reivindicaciones: reducir el IVA de los productos de primera necesidad, la subida de pensiones y de los subsidios por desempleo con la inflación, la bajada de los alquileres y de los precios de los carburantes y energía, con aumento de impuestos a las energéticas, apoyo al transporte público. Sin haber resuelto el conflicto de las refinerías, se espera que entren en lucha el transporte ferroviario, mientras que comienzan nuevas huelgas en las empresas del sector aeronáutico de Occitania y en las centrales nucleares.
Macron teme un estallido social, motivado por la fuerte caída del poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores. Con una inflación que se mantiene en el 5’6%, el Ministerio de Trabajo reconocía que el salario medio mensual «había aumentado un 3,1% para el sector de los servicios, un 3,0% para la industria y un 2,6% para la construcción”.
El Gobierno está en minoría parlamentaria con 250 parlamentarios (con sus dos socios) sobre los 577. Por ello Macron quiere recurrir a una vía exprés para aprobar los presupuestos del 23. Mientras, hay una disputa por ser la referencia de la oposición entre la extrema derecha de Marine Le Pen (RN) que alcanzó 89 diputados en junio, y Jean-Luc Mélenchon de FI (75 diputados), que dice estar “dibujando la construcción de un nuevo Frente Popular que ejercerá el poder en el país cuando llegue el momento”, junto al PS (31).
Tras los presupuestos, Macron quiere imponer una reforma contra las prestaciones por desempleo, y otra de las pensiones para aumentarlas de 62 a 65 años. Medida que en el 2019 fue frenada por la movilización obrera y popular. Hay que recordar que la lucha contra el intento de Sarkozy de elevar la edad en las pensiones en 2010, movilizó ocho veces varios millones trabajadores/as y tuvo un peso decisivo en la pérdida de las elecciones de Sarkozy del 2012.
La movilización obrera contra la inflación se extiende por Europa
Francia está a la vanguardia en las luchas por salvaguardar el poder adquisitivo de los salarios, pero es en toda Europa donde crecen las movilizaciones con esa misma exigencia. Antes del verano en el trasporte aéreo en Francia y Alemania, también entre los trabajadores/as de los puertos alemanes del Mar del Norte. En Gran Bretaña fueron los ferrocarriles y los portuarios de Felixstowe, en mayor puerto de carga. También en el metro de Londres, o los recolectores de basura en Edimburgo. En los Ferrocarriles Estatales Holandeses (NS). La larga huelga de las refinerías en Francia y la huelga general, suponen un salto hacia adelante. En Italia y Portugal hubo manifestaciones multitudinarias. En Estado español miles marcharon en defensa de pensiones y salarios en Madrid el 15 de octubre. En Grecia se prepara para una huelga general en noviembre.
La defensa del poder adquisitivo de salarios y pensiones es imprescindible. Unir las luchas y la huelga general en cada país, con jornadas de lucha europeas. La inflación en la Unión Europea (UE) fue del 10,9%. En Gran Bretaña, del 10’1%. La elevación de precios ha estado asociada no a un exceso de demanda sino a la realización de beneficios astronómicos de las grandes empresas. Hay frenar una transferencia de dinero directo de los bolsillos de la clase obrera y los sectores populares a las empresas. Hay que exigir la escala móvil de salarios y pensiones, indexándolos al aumento de la inflación. Hay que exigir la intervención del Gobierno sobre los precios de los productos de primera necesidad, entre ellos la vivienda y los suministros básicos, y la nacionalización bajo control obrero de energéticas y la banca.
