Un error de bulto del juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acabado con una de las principales causas político-judiciales asociadas al independentismo. En la tarde del 8 de julio, el propio García Castellón ha emitido un auto de archivo del caso Tsunami Democràtic, en el que había querido involucrar a Carles Puigdemont (Junts), Marta Rovira, líderes políticos del independentismo y hasta el periodista de La Directa Jesús Rodríguez.
El magistrado se ve abocado a ello después de que en la tarde del lunes, la Audiencia Nacional diese la razón al recurso de la dirigente de ERC Marta Molina, investigada en el sumario del llamado Tsunami Democràtic, que reclamó que la investigación del caso iniciada por el titular del juzgado Manuel García Castellón se prorrogó un día después de que finalizase el plazo legal.
De este modo, tras el auto, todo lo investigado con posterioridad al 29 de julio de 2021 quedaba fuera de la causa. Decía así la acusación de terrorismo contra Puigdemont y Rovira, entre otros, a los que se pretendió acusar incluso por el fallecimiento de un turista en el aeropuerto durante las protestas del movimiento Tsunami en el aeropuerto de El Prat del 14 de octubre de 2019.
En la mañana del martes, la jueza del Tribunal Supremo instructora del caso Tsunami, Susana Polo, también ha archivado el caso contra Carles Puigdemont y el diputado Ruben Wagensberg. La semana pasada, la magistrada Ana Ferrer firmó el voto particular discrepante de las decisiones emitidas por sus compañeros del Alto Tribunal, incluida Susana Polo, que se opusieron a amnistiar a los líderes del procés condenados por malversación. Elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
El auto del lunes la Audiencia Nacional calificó de “extemporánea” una prórroga aprobada por el instructor en el verano de 2021. Prórroga que se produjo pasado el plazo. Ese error de procedimiento impedía que las nuevas pesquisas añadidas desde ese momento quedaran fuera del proceso. Dicho de otra manera, todos los indicios que el instructor había acumulado para colgar el delito de terrorismo de los acusados no podían ser utilizados. Según el artículo 779 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, García Castellón podía decretar inmediatamente el sobreseimiento o seguir con la causa, pero esta había quedado tocada de muerte tras el fallo de la Audiencia Nacional.
Con la expansión al delito de terrorismo, el caso Tsunami llenó cuota de pantalla y propició días de tensión durante la negociación de la Ley de Amnistía, dado que los delitos de terrorismo no pueden ser indultados según la legislación europea.
El cierre supone la exoneración casi completa para Marta Rovira. En el caso de Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, su caso está en el Tribunal Supremo, donde debe estudiarse la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
