Sergi Blázquez preside “Drets” (Derechos), una asociación formada por doce abogados que reacciona con respuestas judiciales a la “agresión sistemática en forma de odio, amenazas e insultos” sufrida por Catalunya y los catalanes por parte de medios de comunicación, usuarios de redes sociales y tribunas de opinión con sede en Madrid. Un fenómeno alimentado desde hace décadas por el nacionalismo español como arma electoral y que ahora ha crecido exponencialmente con la excusa del proceso soberanista. Ya no ponen la otra mejilla: dicen ‘basta’ y actúan.
¿Usted se imagina que por el mero (y arbitrario) hecho de ser burgalés, asturiano, oscense o albaceteño fuera insultado, injuriado, calumniado y/o amenazado de muerte cada día? ¿Verdad que no? Pues esto es lo que sucede cada día con Catalunya y los catalanes en las redes sociales, básicamente en Twitter. De acuerdo, dentro de la jungla virtual son una minoría, pero no por ello es menos condenable. Y no cesan, ante la inacción de la justicia y la pasividad de los medios. Para cortar de raíz con esta catalanofobia, incitada durante muchos años por el nacionalismo español como arma electoral, hace un mes y medio nació Drets (Derechos), formado por 12 abogados: Sergi Blázquez, Xavier Pareja, Maria Vila, Ramon Esteba, Carles Mundó, Marc Marsal, Agustí Carles, Jaume Barroso, Eva Labarta, Miquel Sàmper, Josep de Luis y Benet salillas.
Su primer acto fue un comunicado, sus fuentes son las persona que les hacen llegar estos comentarios ofensivos por Twitter o vía web y cuentan con el apoyo de 70 asociaciones civiles y culturales, como Obra Cultural Balear, Plataforma per la Llengua, Justícia i Pau, Acció Cultural del País Valencià o la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats.
De momento, ya han presentado tres denuncias: una contra el periódico ABC por comparar el soberanismo con el nazismo (en la que se han sumado entidades como la Amical Matthausen), otra contra La Razón y su director, Francisco Marhuenda, por vulneración del derecho de privacidad de datos personales (publicaron las fotografías, la mayoría del DNI, en la noticia sobre “la conspiración de los 33 jueces soberanistas”, que simplemente firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir) y una tercera contra 100 tuits explícitos. Y ya están preparando la cuarta contra Falange Española, Democracia Nacional y Alianza Nacional “por sus discursos de odio y xenofobia el pasado 12 de octubre en Montjuïc”. Hablamos con el presidente de Drets, Sergi Blázquez, abogado especializado en derecho civil, mercantil y deportivo y vicepresidente de la Plataforma ProSeleccions Catalanes.
¿De qué manera y con qué finalidades se crea la entidad Drets?
Drets es una asociación formada por una serie de abogados que se ha unido porque cada uno ha visto que, especialmente a raíz de la situación política y social actual en Catalunya, los catalanes estamos recibiendo una serie de ataques, amenazas e injurias y que no había ninguna respuesta para frenarlas. Como acto de dignidad de pueblo, de colectivo y ciudadanía, estamos desamparados, las instituciones del Estado no actúan en defensa de los derechos que tenemos, y alguien tenía que hacerlo. Lo hablamos con los compañeros y de ahí surgió la idea.
¿Y en qué consiste vuestra actividad?
Ver y estudiar todos los casos en los que puede haber una impunidad y actuar, interponiendo las medidas judiciales correspondientes, siempre en defensa de los principios democráticos y los valores de libertad, justicia y democracia porque en algunos casos no están suficientemente protegidos. Hemos decidido usar los instrumentos legales que nos da el estado español para poder actuar.
¿Os habéis quedado sorprendidos ante la cantidad y la magnitud del odio existente?
Sí, de memoria recuerdo tuits como por ejemplo “yo voy a enseñar a mis hijos a fusilar a los catalanes” o “yo pido odio a los catalanes” o “pido que os entrenéis para tener más odio a los catalanes”.
Una actitud ruin pero que no deja de ser consecuencia lógica de un Estado franquista que hace años que va contra Catalunya porque le sale electoralmente rentable, desde el boicot del cava hasta recoger firmas contra el Estatut del 2006…
Es un sustrato franquista de una transición mal hecha, este sustrato continúa porque no se ha condenado, los que nos están mandando son los hijos y familiares del franquismo, tenemos una Fundación Francisco Franco que recibe subvenciones del gobierno, la semana pasada el Ministerio del Interior registró y legalizó un partido nazi y en cambio sí que ilegalizan otros partidos políticos, Además de ese sustrato, se propaga el mensaje de que contra los catalanes todo vale, porque nos ven como un colectivo extraño que está allí y son muy raros…eso da pie a estas actuaciones, por eso te hablaba de ignorancia, falta de conocimiento y educación.
Esto sería impensable que le ocurriera a los murcianos, leoneses, extremeños o conquenses…
Es que esto no pasa, no he visto que desde Catalunya o desde cualquier otro sitio se diga eso de otras regiones. Nos llaman ‘nazis’, nos acusan de estar manipulados… y también lo hacen medios y periodistas. Somos la diana y tenemos que decir ‘basta’.
¿Os habéis dirigido a los partidos políticos?
El día de la presentación nos dirigimos a la sectorial de juristas de la ANC, y a las sectoriales de justicia de CDC y ERC, todas ellas enviaron sus representantes al acto para apoyarnos.
A los demás ni os lo habéis planteado…
Enviamos el comunicado a gente del PSC, tengo el correo de respuesta de la exConsellera de Justicia, Montserrat Tura, que la invitamos a venir pero por agenda no pudo, aunque nos daba todo su apoyo específico y valoraba muy positivamente la idea. No lo hemos enviado ni al PP ni a C’s, creemos que esta iniciativa no les interesa porque mayoritariamente los ataques vienen de gente de su órbita.
¿Qué tipo de agresiones entran en vuestro ámbito, cuáles son denunciables?
Todas aquellas manifestaciones públicas contra un colectivo determinado, en este caso catalanes, por el mero hecho de ser catalanes. Aquí no entramos a valorar la opinión política, que es lícita y más en un período de tensión política como el que estamos viviendo, la crítica es lícita, también la libertad de opinión de un medio o un político pero hay una línea roja que pensamos que no se puede traspasar: menosprecios, amenazas de muerte, coacciones, injurias o calumnias por el mero hecho de ser catalanes o por el simple hecho de querer involucrarse en un proceso participativo como el que estamos viviendo. No se actuaba y hemos decidido que todo esto no se podía dejar pasar.
¿Dedicáis unas horas al día a mirar Twitter y otras redes sociales o básicamente os nutrís de los avisos que os hace llegar la gente?
De hecho todo eso empezó porque cada uno de nosotros iba viendo cosas y delitos evidentes, y veíamos que nadie lo denunciaba ni nadie lo hacía, entonces, al ser abogados, pensamos en hacerlo nosotros. En nuestra web sí pedimos que la gente nos haga saber lo que ve. Nuestro consejo asesor valora la viabilidad procesal y jurídica, si los hechos son susceptibles de alguna acción jurídica, si es un tipo delictivo, si es punitivo o no, y si lo es actuamos. Nos llegan muchos insultos y temas menores que obviamente no compartimos pero no son susceptibles de interponer recurso, ir a la Fiscalía porque alguien te llama ‘hijo de puta’ o ‘catalanes no sé qué’… nosotros vamos a lo que es claramente un delito como por ejemplo comentarios del tipo ‘catalanes cámara de gas’ ‘catalanes os tiraremos una bomba o iremos a mataros’, una incitación al odio y a la violencia.
Entonces los pequeños insultos se quedan impunes…
Tampoco podemos poner 10.000 denuncias…a los dos días de presentarnos en público habíamos recibido ya 200 avisos, vamos a buscar los casos más graves y que tengan una viabilidad procesal para que tiren adelante.
¿Qué sanciones serían justas y proporcionales en estos casos? ¿Qué pedís?
Pedimos la aplicación del Código Penal.
¿Y qué prevé?
Depende del delito, hablamos de incitación al odio y a la violencia, el artículo 501 del Código Penal, depende de factores como la gravedad, la publicidad, la reiteración…puede tener una pena de 2 hasta 4 años de prisión. Eso no lo pedimos nosotros, es lo que pone el Código Penal.
Parece excesivo. ¿Vosotros qué pedís concretamente? ¿El cierre de la cuenta, una disculpa pública del autor?
Lo que hemos hecho hasta ahora es denunciar a Fiscalía que existen estas actuaciones, que son un delito tipificado en el Código Penal, que abra diligencias, que investigue los autores reales porque hay muchos perfiles falsos, nosotros hacemos una investigación previa, y si son constitutivas de delito, le pedimos que abra diligencias en un juzgado de instrucción y éste abra un procedimiento y cite a declarar esas personas. Si la Fiscalía aprecia casos graves ella misma puede decretar de oficio la detención y llevar esas personas a declarar. Y también pedimos el cierre de la cuenta de Twitter.
¿Vuestra actuación debería tener un efecto ejemplarizante para que la gente dejara de hacerlo?
Esperemos que sea así, hasta ahora había esa impunidad, meterse con los catalanes salía gratis, cuando vean que denunciamos el ABC por comparar el proceso soberanista con el nazismo, o contra La Razón por el tema de los jueces o contra 100 tuits claramente amenazadores e incitadores del odio y la violencia, y hagamos la publicidad correspondiente, que esta gente que lo hace se de cuenta que está cometiendo un delito y pararles los pies.
¿Ante qué tribunales os dirigís?
Todos los que son susceptibles de ir. La denuncia contra La Razón y su director, Francisco Marhuenda, en la que estamos como acusación popular, se interpuso en un juzgado de Barcelona pero por un tema de competencia territorial, porque el periódico tiene el domicilio social en Madrid, el procedimiento está en un juzgado de instrucción de Madrid. Otro ámbito es la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación en Barcelona, nos hemos reunido con el fiscal para plantearle nuestras acciones. Pero no vamos a limitarnos por el sitio en el que tengamos que recurrir.
¿Confías en la respuesta de los tribunales teniendo en cuenta la politización de la justicia hacia el lado más conservador y españolista?
Están obligados, entiendo que los juzgados de instrucción y la Fiscalía de Delitos de Odio tendrán sus opiniones políticas pero no tienen un componente político, ni nosotros lo tenemos, ni hay un trasfondo ideológico. Nosotros estamos denunciando unas actuaciones tipificadas en el Código Penal, todo es interpretable y el juez decidirá pero tiene que ir muy en cuenta de no caer en la prevaricación. Y recurriremos a instancias superiores si hace falta, y lo haremos público. Yo confío en la profesionalidad de los tribunales.
¿Por qué ha tardado tanto en aparecer una entidad como la vuestra? ¿Quizás porque los catalanes hemos estado demasiado tiempo poniendo la otra mejilla hasta el punto de considerar “normales” estos comentarios y optando por la indiferencia en vez de la actuación?
Quizás no era la indiferencia sino esperar a que alguien lo hiciera y quizás confiar en que las instituciones que están para hacerlo como la Fiscalía o la policía lo hicieran, parque en otros colectivos sí se actúa: cuando hay ataques contra un colectivo de judíos por xenofobia se actúa, o cuando hay ataques contra un colectivo de gays, gitanos o magrebís se actúa, contra los catalanes no se ha actuado nunca. Y los catalanes quizás de buena fe pensaban que ya se haría y también es cierto que en los últimos dos años, cuando se ha incrementado la tensión política, se han reproducido los ataques y esta incitación al odio y a la violencia contra los catalanes. Esto nos ha movido a actuar.
¿Desde las instituciones judiciales y el ámbito jurídico en general se debería hacer pedagogía para que la gente vea que insultar y amenazar a los catalanes no es algo normal ni legal?
Falta educar más a la gente, que la gente no fuera tan ignorante en ciertos aspectos y faltaría más conocimiento de lo que estamos viviendo y lo que está pasando en Catalunya. Aquí no vamos en contra de nadie, la gente tiene que entender que por el mero hecho de escoger un camino político, democrático y pacífico no somos merecedores de todos estos ataques y de todo este odio.
Me imagino que también habréis sido descalificados y menospreciados por el simple hecho de crear la entidad, aquello de poner la zancadilla y encima quejarse porque te levantas…
Sí, personalmente como presidente de la entidad sí he recibido insultos, esto entra en la normalidad.
¿No los denunciarás?
No, siempre que no me amenacen de muerte de manera reiterada, entonces lo haría, no sé si dentro de Drets o a título personal.
¿Habéis notado un descenso de los insultos desde vuestra creación o al revés?
No, cada día hay una cascada continua y mucha gente nos envía estos comentarios. A la gente no le he llegado el mensaje de que eso no se puede hacer, de que eso es un delito, de que puede tener unas consecuencias jurídico-penales y nuestro trabajo es hacer llegar nuestro mensaje, que ya está bien y que esto lleva consecuencias. Nacimos hace un mes y medio, cuando los medios informen esperemos que el mensaje llegue y la actitud cambie.
Está bien porque no sólo es decir ‘basta’ sino que es el cambio del catalán enfadado al catalán que actúa…
Claramente, decimos ‘basta’ y además nos llamamos Drets (derechos) porque utilizamos los derechos y nos ponemos de pie, derechos, lo de quedarse sentados viéndolas pasar ya está, no dejaremos pasar ni una.
¿La existencia de una asociación como Drets demuestra que el Estado no es plural ni democrático?
Así es, el estado no es plural ni democrático, es uniformista y uniformizador, para ellos sólo hay una concepción del estado de raíz castellana y tienen que ser ellos los que siempre han estado y los que siempre tienen que estar. Eso no es muy democrático.
Las redes sociales juegan un doble papel, son la cara y la cruz: por un lado, gracias a ellas habéis tenido conocimiento de ataques que antes se limitaban al ámbito privado, pero al mismo tiempo estas actitudes dejan en evidencia la justicia. Parece que en el ámbito digital haya una cierta impunidad y que un delito en Internet sea menos delito porque se queda en una especie de limbo.
Sí, lo parece, pero no es así, porque tú le das una publicidad, en Twitter o Facebook igual que si lo dices en la radio o lo publicas en un periódico y además multiplicado por mil. No hay tanta impunidad: cuando les interesa actúan inmediatamente, cuando asesinaron a la presidenta de la Diputación de León, hubo gente que por hacer befa y broma, cosa que condeno totalmente, fue detenida por la Guardia Civil. O hace poco hubo gente que hizo apología al terrorismo o deseó que volviera ETA y el Ministerio de Interior actuó inmediatamente, y les envió la Guardia Civil para detenerlos. Hay una doble vara de medir. Tenemos suerte de contar co las redes sociales, nos están dando una gran notoriedad.
Parece evidente que la querella contra Mas no tiene base jurídica. ¿Puedes explicar por qué?
No hay ninguna base jurídica, porque no ha habido un requerimiento específico de Mas para dejar de hacer algo, y eso lo exige la ley, no hay un desacato o desobediencia, la Fiscalía General del Estado hablaba en un primer borrador de ‘sedición’, delito que el Código Penal contempla con 16 años de cárcel y es en casos de golpe de estado. En cuanto a la malversación tengo entendido que no se ha destinado ni un solo euro público al proceso, todo se ha hecho a base de voluntarios, yo estuve en una escuela llevando tres mesas el 9-N. Y la prevaricación es dictar una resolución sabiendo que es injusta, aquí no hay ninguna resolución y que no es ilegal ni injusta porque lo que se hace es un proceso participativo.
¿Qué opinas de la filtración de Sánchez-Camacho a los medios adelantando la interposición de la querella?
Hay gente que habla más de la cuenta y antes, eso seguro que ha enervado los fiscales catalanes, que estarían trabajando o discutiendo si ven indicios de delito, que por cierto opinan que no hay ninguna base legal para poner una querella pero por cuestiones políticas desde Madrid están presionando para que se ponga.
¿Qué credibilidad tiene un TC cuyo presidente pagó la cuota de militante del PP hasta hace tres años?
Es un tribunal político. Había gente de aquí que decía que era un árbitro… si el árbitro sabes que está comprado y es partidista porque todos sus miembros están nombrados por el PP o PSOE, no juegas con las mismas condiciones.
¿Cuáles serán las próximas acciones de la entidad, la hoja de ruta?
Estamos a la expectativa de si llega la querella para hacer alguna acción de autoinculpación, e iremos recogiendo denuncias y demandas que la gente nos envíe. El 27 de noviembre celebraremos la primera reunión con todos los abogados que se han ofrecido a colaborar con nosotros. Decidiremos las vías de colaboración y las actividades, en este sentido hacer charlas es una posibilidad.
Supongo que tenéis la esperanza que en el futuro estos comentarios desaparezcan o se reduzcan a la mínima expresión…
Teniendo en cuenta como está el proceso, esto irá a más, mientras podamos usar los recursos legales a nuestro alcance, los usaremos, por más pedagogía que se haga, mientras el proceso catalán avance, las posiciones cada vez serán más encontradas. Tenemos que intentar que la gente sea civilizada, democrática y acepte el resultado de las mayorías.
Esta entrevista misma también puede generar insultos, amenazas y demás, cosa que también sería denunciable.
Pues entonces es mirarlo, si me dicen ‘hijo de puta’ me aguantaré y no diré nada, si recibo dos o tres mensajes amenazadores de muerte contra mí o contra mi familia, y veo que va en serio, actuaré: iré a los Mossos a denunciarlo e interponer una querella.
