El Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 6 de la Audiencia Nacional nos ha notificado el día 5 de agosto la resolución impulsada por el Ministerio del Interior a través de la Abogacía del Estado en el que se insta a la “extinción” de Izquierda Castellana, es decir, a su desaparición como organización política legal.
En esta ocasión, el Ministerio del Interior recurre a triquiñuelas administrativas, arguyendo que los estatutos de IzCa no se ajustan a los cambios introducidos por la reforma legislativa de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos.
Resulta paradójico que una organización política que, como es el caso de IzCa, nunca en toda su historia solicitó ni percibió subvención económica alguna, se pretenda ilegalizar en función de ese tipo de razones, especialmente cuando la mayoría de los partidos políticos que incumplen ostensiblemente la normativa sobre tales cuestiones no son ni tan siquiera advertidos de tal posibilidad.
En nuestra opinión, el intento de extinción/ilegalización de IzCa patrocinado por el Ministerio del Interior tiene una motivación política: la pretensión de hacer desaparecer una organización cuya actividad esencial es la denuncia del conjunto de las actividades corruptas, antisociales, antidemocráticas y antipatrióticas del actual Régimen de la IIª Restauración borbónica; y cuya finalización pasa inevitablemente por la instauración de un sistema democrático, republicano y de derechos sociales.
IzCa, como señalábamos, no ha recibido ni tampoco solicitado un solo euro del erario público. Nuestra actividad se basa única y exclusivamente en nuestros recursos, muy especialmente en nuestros recursos humanos, es decir, en los/as militantes y activistas que nos apoyan cada día de una u otra manera. IzCa no tiene como tal -ni lo pretende- representación en las instituciones de este Régimen postfranquista. No despreciamos ese ámbito de acción, pero nos parece que lo más importante y útil en este momento histórico es potenciar el movimiento y la organización popular en los diversos sectores, y en ello nos centramos, creemos además que con cierto éxito; eso es lo que no nos perdonan desde el Régimen y sus sucesivos gobiernos.
IzCa ha sufrido desde su constitución un acoso permanente desde el poder constituido; numerosas operaciones mediático-policiales se han urdido contra nuestra organización. En el año 2008 ya hubo un intento de ilegalización de IzCa, que finalmente fue archivado en la propia Audiencia Nacional. En diciembre pasado se celebró el juicio contra nuestro compañero Luis Ocampo -Doris Benegas también estaba procesada- por los hechos ocurridos en la manifestación republicana en Madrid en octubre de 2014. En ese juicio se solicitaba año y medio de cárcel. Finalmente, nuestro compañero fue absuelto; en la sentencia, el Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid recoge textualmente que su versión de los hechos era plenamente creíble.
Desde IzCa hemos venido denunciando la política represiva hacia el movimiento popular y simultáneamente favorecedora para la extrema derecha que se viene realizando desde el Ministerio del Interior y muy especialmente desde la Delegación del Gobierno en Madrid, represión acentuada desde el inicio de la pandemia Covid-19. Pronosticamos con precisión la contundente derrota de la izquierda institucional en Madrid en las pasadas elecciones autonómicas del 4 de mayo; y pronosticamos -creemos que sin la menor posibilidad de error- la derrota de la izquierda institucional en las próximas elecciones generales si esta continúa por el camino actual. Si se intenta hacer desaparecer a las organizaciones de activistas, aquellas que con más entrega y compromiso defendemos los intereses de las clases trabajadoras, se está facilitando el camino de acceso al Gobierno a la derechona; si se subordinan los intereses de los pueblos del Estado español a los del imperialismo -por cierto en fase de plena decadencia-, una de cuyas expresiones más significativas es la prevista celebración de la próxima cumbre de la OTAN en Madrid en 2022, se está renunciando a construir un proyecto propio y solidario con los pueblos del mundo y, de nuevo, facilitándose el avance de la derechona, del militarismo y del guerrerismo.
Vamos a dar la batalla contra nuestra ilegalización en la Audiencia Nacional y ante todas las instancias judiciales, incluyendo las europeas, en las que sea necesario. En la Audiencia Nacional, ese tribunal de excepción al que no reconocemos legitimidad democrática alguna, como tampoco se la reconocemos al conjunto del entramado institucional del Régimen del 78, empezando por su Jefatura de Estado, igual de “ejemplar” en sus términos generales que el resto de sus instituciones y cuya legalidad está fundamentada en la legalidad franquista. Pero sobre todo, vamos a seguir dando la batalla en las calles.
Estudiar y reflexionar; organizar y movilizar; construir poder popular. Ese es el único camino.
