Viven en la calle. Duermen en cajeros, en parques, a la intemperie. Están sin trabajo y, la mayoría, también sin papeles. Son MENAS, menores de edad, o eso dicen ser. Inmigrantes subsaharianos que han venido a España en busca de una oportunidad que les ignora, que quieren luchar por una vida digna y que por eso se manifiestan. Forman parte del colectivo DRARI, una organización que ayuda a los “extranjeros menores no acompañados”, a los adolescentes que llegan a nuestro país sin más familia que ellos mismos. El 25 de febrero salieron a la calle para hacerse escuchar, para reclamar el cumplimiento de sus derechos ante la DGAIA, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya. Según los manifestantes, se les ha echado de los centros de menores porque el gobierno catalán considera que ya son mayores de edad, a pesar de que sus pasaportes indican lo contrario. “La Generalitat no cree nuestros pasaportes”, rezaban las pancartas.
La Ley de Extranjería establece que los inmigrantes que entran en España sin documento de identidad ni permiso de residencia son ilegales. La policía les abre a los MENAS un expediente sancionador y los retiene en comisaría hasta un máximo de 72 horas, período tras el cual se procede a ingresarles en un Centro de Internamiento de Extranjeros, en el que permanecen internados hasta 40 días. Entonces, o se les multa o se les expulsa del país. Para los inmigrantes menores de edad, en cambio, la ley dispone de otro procedimiento. En el caso de que estén indocumentados, se les realiza una prueba de edad. Si resultan ser menores, se pondrán a disposición de los servicios competentes de protección de menores y se decidirá su permanencia (en centros de acogida) en España o el retorno a sus países de origen, de tener familia allí. Así pues, los menores tienen más posibilidades de quedarse en España. Los adultos sin papeles lo tienen mucho más complicado.
El Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo han protestado en numerosas ocasiones contra la política de la Generalitat. Con ellos, el colectivo DRARI y los inmigrantes expulsados de los centros de menores. Reclaman sus derechos, ser amparados por la Generalitat. Sólo piden justicia, que se les crea. Una oportunidad.
