Para este 2018, el gobierno español subirá las pensiones de jubilación un 0,25% (lo mínimo que dicta la ley) lo que supone alrededor de dos euros/mes para las pensiones mínimas, mientras que los precios se prevén que suban en este ejercicio un 1,2%. Pero esto no es nuevo. Desde 2009 los pensionistas han perdido un 11% de poder adquisitivo y el futuro no es esperanzador porque, según datos la propia Moncloa, el sistema de pensiones seguirá estancado hasta 2022. A esto hay que sumarle el aumento del precio de los servicios básicos como el agua (11,8% en Barcelona), la luz (2,5%), el gas (butano y natural 6,2%) e, incluso, el teléfono (entre dos y diez euros según el operador).
Las pensiones de jubilación en la España democrática
El sistema de pensiones español ha sufrido en las últimas décadas múltiples reformas, debidas en su mayoría a las continuas transformaciones socioeconómicas y políticas que se han sucedido en nuestro país.
La primera gran reforma la lleva a cabo el gobierno de Felipe González en 1985. Entonces se plantearon una serie de medidas que afectaron aspectos importantes del sistema como, por ejemplo, aumentar el periodo de carencia (el número de años cotizados pasó de 10 a 15 para causar derecho a la pensión de jubilación) y los años a tener en cuenta para cálculo de la cuantía, que se amplió de 2 a 8 años. Con eso se pretendió la correspondencia entre las pensiones y la vida laboral del trabajador, evitando así conductas fraudulentas que se venían produciendo.
En 1997, bajo mandato de José María Aznar, con la culminación de las medidas propuestas en el Pacto de Toledo (aprobado por el Congreso en 1995), se plantea una reforma en la prestación de jubilación. Así, se amplía el periodo de cómputo para el cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación, que pasa de 8 a 15 años. Se modifica igualmente el periodo de carencia y, únicamente, se exigen dos años cotizados dentro de los últimos 15. Se incrementa también la proporcionalidad entre los años cotizados y el cálculo de la cuantía: con 35 años cotizados, el 100% de la base reguladora; con 25, el 80%; con 15, el 50%.
En la segunda legislatura de Aznar -ya con mayoría absoluta- en el marco del Pacto de Toledo se firma en 2001 un acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social, incluyéndose una serie de medidas flexibles a la edad de jubilación. Estas medidas se concretaron en la Ley 35/2002. La nueva norma preveía una nueva forma de acceder a la jubilación anticipada. Paralelamente, se incrementan medidas que fomentan la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de 65 años.
Con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder se firma en 2006 un acuerdo sobre medidas en materia de seguridad social, introduciéndose en lo que se refiere a la jubilación una modificación importante: acreditación de 15 años de cotización efectiva para causar derecho en la pensión de jubilación.
Habiendo estallado la crisis, en febrero de 2011, el gobierno de Mariano Rajoy firma con los agentes sociales varios acuerdos entre los que destaca la garantía de las pensiones. De este modo, se regula la jubilación anticipada y la jubilación parcial, así como los complementos a mínimos en la pensión de jubilación. Esta regulación entra en vigor en enero de 2013. Uno de los cambios relevantes en la ley es el relativo a la edad de jubilación, ampliándose la edad ordinaria de jubilación de los 65 a los 67 años. Ello venía a significar que retrasando dos años la edad de jubilación 2 años, suponía reducir un 10% en el gasto de las pensiones.
Pensiones mínimas contributivas y no contributivas
Hoy, un trabajador o trabajadora que llega a su edad de jubilación tiene derecho a una pensión contributiva siempre que haya cotizado un mínimo de 15 años a la seguridad social. La pensión mínima en España la concede el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y se sitúa en 639,3 euros mensuales para personas mayores de 65 años sin cónyuge a cargo. En cambio, las personas con cónyuge a cargo cobran un mínimo de 788,9 euros al mes.
Si no se ha cotizado lo suficiente, son las comunidades autónomas quienes conceden las llamadas pensiones no contributivas, con las que se reconoce a aquellos ciudadanos que no tienen el periodo mínimo de cotización y carecen de recursos suficientes para su subsistencia. La gestión de estas pensiones está atribuida a los órganos competentes de cada comunidad autónoma. Para el 2018, el mínimo de la pensión no contributiva es de 92,48 euros y un máximo de 369,9 con 14 mensualidades al año. Los requisitos para percibirlas son no tener recursos económicos suficientes y ser mayor de 65 años. Este tipo de pensión es incompatible con cualquier otro tipo de prestación.
Los jubilados opinan
Encontrar a un jubilado dispuesto a hablar sobre su situación económica y personal no es tarea fácil Tras varios intentos fallidos, damos con Ramón Hungría, un carnicero jubilado de 82 años que pasea con su pequeño Yorkshire por el barrio obrero de Pardinyes (Lleida). Según su opinión, “nosotros siempre salimos perdiendo, cada vez nos lo ponen más difícil para llegar al fin de mes”. Su caso es paradigmático porque “la empresa nos pagaba el sueldo base, pero los últimos ocho años antes de la jubilación nos subía el sueldo para aumentar la base de cotización y tener una pensión digna”. Sin embargo, cuando solicitó la jubilación, la ley había cambiado y su pensión se calculó en función de los últimos 15 años en vez de los ocho con los que se hacía. “Eso me perjudicó y la pensión se me quedo muy corta”, asevera.
Otro caso singular es el de Therese Lo (68), francesa de nacimiento e hija de exiliados, que contrajo matrimonio en España y desde entonces vive en la ciudad de Lleida. En su caso percibe dos pensiones: la pensión de viudedad de su esposo funcionario del estado y su pensión como administrativa en un bufete de abogados. En este caso, el sistema permite de momento la percepción de ambas pensiones, siempre y cuando la suma de las dos no supere la cuantía máxima de la prestación (2580,1 euros/mes). Como que las pensiones están sujetas a retención (IRPF), los impuestos a pagar cada año son altos: “todo lo que ahorro es para pagar impuestos”, explica. Este hecho hace que lo que podría ser una jubilación más que digna se convierta en una pensión para vivir sin excesivos lujos. En este caso habrá que estar alerta porque el pasado mes de mayo, el secretario de estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, insinuó limitar la compatibilidad entre varias percepciones de pensión como es el caso de Lo.
En la Llar Municipal Democràcia (Lleida) encontramos a Aleix Adrià de 79 años, un apuesto jubilado elegante en su vestir que está a punto de leer el periódico local cuando lo abordamos. De carácter jovial y espontáneo nos explica su vida e inquietudes. Relata que cobra una pensión mínima. Inició su vida laboral como payés en Bellvís (Pla d’Urgell), luego trabajó en oficinas y despachos hasta que decidió abrir su propio negocio. Durante 30 años estuvo al frente del restaurante Ca l’Aleix, ubicado en la calle La Palma del centro histórico de la capital ilerdense, conocido por sus tortillas de paella y cassola de tros. Su caso es particular porque, según explica, al haber cotizado antes 1967 (mutualidades laborales) pudo jubilarse a los 60 años por tener bonificación. La subida del 0,25% del gobierno la considera “un crimen” porque según él “se nos tendría que subir como mínimo en función del IPC y deberían ser los políticos los que se bajasen el sueldo”. En su caso, el secreto ha sido “ahorrar y saber invertir el dinero ganado”. Pese a que su pensión sea baja, tiene la suerte de haber alquilado el local de su restaurante y con los ahorros de toda una vida ha podido invertirlos en depósitos bancarios. Por esta razón puede permitirse el lujo de irse cada año unos meses a Benidorm, donde hace lo que más le gusta “bailar, tomar el sol y pasármelo bien”, sentencia.
¿El fin de las pensiones?
No es un secreto que la vida de los jubilados ha empeorado las últimas décadas, sobre todo desde el estallido de la crisis y porque Rajoy obvió en la última reforma (2013) lo firmado hasta entonces en el Pacto de Toledo. Cada año hay menos cotizantes y las pensiones se financian a través de estos. Una parte de esas cotizaciones recae sobre el trabajador y es obvio que los salarios aumentan en mínimos. A esto hay que añadir la alta tasa de desempleo y la creación de trabajo precario, algo que pone en peligro todo el sistema de pensiones. Además, el gobierno no deja de meter mano en el fondo de reservas de la seguridad social, por lo que la vida de Ramón, Therese o Aleix puede que sea una utopía para muchos de nosotros.
