Con motivo de la publicación del libro “Salvador Puig Antich, cas obert” (Angle Editorial), del periodista Jordi Panyella, y con la presencia de las cuatro hermanas de Salvador recogemos las opiniones sobre el caso del magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona,
Con motivo de la publicación del libro “Salvador Puig Antich, cas obert” (Angle Editorial), del periodista Jordi Panyella, y con la presencia de las cuatro hermanas de Salvador recogemos las opiniones sobre el caso del magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Santiago Vidal, del actual abogado de la familia, Sebastià Martínez Ramos y del propio autor del libro. En “Salvador Puig Antich, caso abierto”, según Panyella, se nos presenta la revisión definitiva del proceso que terminó con la vida del joven anarquista en ese medieval instrumento de muerte, el garrote vil, el 2 de marzo de 1974, hace ahora 40 años. Con la lectura del sumario, la búsqueda de testigos que en su momento fueron silenciados y con las modernas técnicas forenses, se ha reconstruido la detención que terminó con la muerte del policía Francisco Anguas que, como apuntan las pruebas recopiladas, fue víctima del fuego cruzado entre Salvador y sus propios compañeros policías, según la tesis recogida en el citado libro que desmonta la versión oficial.
Santiago Vidal, miembro de Jueces por la Democracia, es magistrado de la Audiencia de Barcelona y uno de los 33 jueces catalanes que han firmado el manifiesto donde, entre otras cosas, afirman que dentro del marco constitucional hay vías legales para celebrar la consulta soberanista del 9 de noviembre. Sobre el caso de Puig Antich mantiene unas opiniones rotundas que no dejan lugar a dudas sobre lo que piensa:
“Éste es uno de los casos más oscuros de la historia judicial de nuestro país. Hay un capítulo en el libro que lo resume todo: ¿Las togas son de color negro o de color caqui? Precisamente en aquel juicio, como desgraciadamente en muchos de aquella época, los miembros de los tribunales no iban vestidos de negro, iban vestidos de militar. La gente no sabe que muchos de esos militares ni tan siquiera eran jueces, hacían de jueces. Y claro está, durante todo el periodo que estuvieron en ejercicio, nunca entendieron que su responsabilidad no era atender las órdenes de sus superiores militares, sino el de hacer justicia. Seguramente eran muy obedientes y disciplinados, como es propio de la carrera militar, pero, difícilmente, ninguno de aquellos juicios y sentencias pasarían hoy la criba del Tribunal Internacional de Justicia o del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En aquellos juicios sumarísimos se analizaban conductas por delitos muy graves, de acuerdo con la legislación redactada por aquellos que se habían sublevado contra la legalidad vigente, es decir, contra la República. Era una legislación específica, ad hoc, y las penas que se pedían iban desde penas de muerte, cadena perpetua hasta muchos años de reclusión. A pesar de esta gravedad, es curioso saber que el promedio de las sentencias de aquellos tribunales no ocupaba más de 4 páginas. Hoy, cualquier sentencia de cualquier juicio menor, lo mínimo que ocupa son 15 folios. Las leyes internacionales y el propio mandato constitucional, nos dice que los jueces, a la hora de interpretar la ley, no podemos ser arbitrarios, y por lo tanto debemos motivar y explicar claramente el porqué del fallo que hemos emitido. En aquella época, las causas probatorias, los hechos, los argumentos jurídicos…, se ventilaban en medio folio para cada uno de los apartados”.
Para Santiago Vidal el proceso a Puig Antich fue un juicio ilegal, donde se cometió una injusticia irreversible, ya que nunca se podrá devolver la vida a Salvador. Se eliminaron pruebas y los jueces y fiscales permitieron que la policía franquista elaborara un relato de los hechos que no coincide con lo que realmente sucedió. Pero nos sigue contando el magistrado:
“Puig Antich fue asesinado, no es que fuera ejecutado, sino que fue asesinado legalmente. Algún día se podrá hacer algo de justicia, cuando se anule el juicio sumarísimo militar y la sentencia. Las leyes actuales prevén un recurso extraordinario, que se llama recurso de revisión, pero que tiene unas dificultades jurídicas enormes. Dicho recurso se puede basar en dos cosas: en la aparición de pruebas nuevas o en la nulidad radical del proceso, porque el tribunal no era competente para juzgar aquel caso. En el proceso de Salvador se dan las dos circunstancias. Hoy, con pruebas periciales mediante sistemas infográficos, se ha podido diseñar la trayectoria de las balas en tres dimensiones. En la época, nunca se esclareció cuántos disparos se efectuaron. En el juicio, las pruebas de convicción más importantes, los casquillos de las balas del tiroteo y las extraídas de los cuerpos de Anguas y Puig Antich, no fueron presentadas porque “desaparecieron”. La policía de la época, y eso que murió un compañero suyo, y los jueces y fiscales de la época, no hicieron un trabajo riguroso y profesional como cabría esperar. Entonces, ¿Por qué el Tribunal Supremo no admitió el recurso extraordinario de revisión? Recordemos que en el tribunal que sentenció a Puig Antich había dos generales y un coronel. Pues bien, dos de los magistrados que formaban parte de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el año 2007, cuando se denegó el recurso de revisión, uno era hijo y el otro primo de uno de aquellos militares. En justicia, estos dos magistrados debieron haberse abstenido, pero no lo hicieron. Afortunadamente, de los cinco jueces que dictaron aquella resolución, dos emitieron un voto particular que les sacó los colores a sus compañeros”.
Recordemos que ni los gobiernos del PSOE ni los del PP, ni el Tribunal Supremo han querido anular las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra y el franquista Tribunal de Orden Público.
Según los peritos José Luis Pedragosa y Jordi Maurel, que hicieron los pruebas infográficas de las trayectorias balísticas, Hay un primer impacto en el cuerpo del subinspector Anguas, que puede haber sido realizado por Salvador, que impactó en el abdomen y salió por el glúteo y no era mortal, por ello añade el magistrado:
“Quiero dejar claro que Salvador debió ser juzgado y, probablemente, condenado por un delito de lesiones con arma de fuego, pero eso es una cosa, y otra fue juzgarlo como terrorista y condenarlo a pena de muerte. Salvador, seguramente, fruto de su idealismo, traspasó una línea roja que los jueces decimos que nunca hay que traspasar, que es intentar imponer tus razones con el uso de la violencia”.
Sebastià Martínez Ramos trabajó dos años en el despacho de los dos abogados que intentaron que le conmutara la pena de muerte a Salvador, Oriol Arau y Francesc Caminal. El despacho de Martínez Ramos y su socia Olga de la Cruz, desde noviembre de 2002, llevan el caso para lograr la revisión del proceso en el Tribunal Supremo:
“Cuando las hermanas Puig Antich nos hicieron el honor de encargarnos el estudio de la posible revisión de la sentencia que llevó a la muerte a su hermano, lo primero que hicimos fue fotocopiar la totalidad de la documentación del caso, que estaba custodiada en una caja fuerte del gobierno militar. Solo podíamos pedir esta revisión si encontrábamos pruebas nuevas o aportar pruebas que tecnológicamente no eran posibles en los años de 1973 y 1974, y así lo hemos hecho, para aclarar lo que pasó en aquel portal”.
En un portal situado en el número 70 de la calle Girona de Barcelona, el 15 de septiembre de 1973, fueron introducidos a golpes Puig Antich y su compañero del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), Xavier Garriga. Tras conseguir la cita mediante torturas a otro militante del MIL, se montó un operativo con seis policías de paisanos mandado por el inspector Santiago Bocigas. A los jóvenes se les acusaba del atraco a un banco. Los agentes llevaban las pistolas en la mano y, en el interior del portal, Puig Antich y Bocigas forcejearon, ambos, pistola en mano, cayeron de espaldas. Cuando se oyó el primer disparo todos se quedaron paralizados y Garriga aprovechó la confusión para tratar de huir, pero fue detenido enseguida y conducido a comisaría por dos agentes. A partir de ahí, todo es confusión. Pero nos sigue contando el letrado:
“Durante la detención de Puig Antich murió un policía, el competente debió ser el juez de guardia de Barcelona, de la jurisdicción ordinaria, y no lo fue. Pero el primer hecho irregular fue el que protagonizó el Jefe Superior de la policía. Aquel día tan triste para él, porque murió un joven de 25 años, un joven que pertenecía al grupo de atracos y lo sacaron de su puesto para hacer esta detención. Además tenía el cambio de destino aprobado y en pocos días se iba para Andalucía. Pues bien, el jefe de policía, la única gestión que hizo, fue enviar un oficio al juez de guardia pidiendo el traslado del cuerpo del señor Anguas, a una comisaría de policía. Cuando el cuerpo se encontraba en el Hospital Clínic donde, por cierto, estaba la cátedra de anatomía patológica y era donde se hacían las autopsias en aquella época. Nos preguntamos por qué el cuerpo se llevó a una comisaria. La otra pregunta que nos hicimos es de sumar y restar. Cuando llevamos a José Luis Pedragosa Radua, jefe del departamento de reproducción de accidentes de los ingenieros industriales de Barcelona, al lugar de los hechos, y con el atestado policial en la mano, había contradicciones muy graves. La primera es que era imposible que todas las balas que impactaron en el cuerpo del señor Anguas salieran de la pistola de Salvador. Ahora sí que entiendes porqué se perdieron las balas, porqué se hizo la autopsia en una comisaria, porqué las pistolas de los policías desaparecieron, porqué se utilizó la jurisdicción militar en vez de la ordinaria… porque se quería tapar algo, cómo había muerto el señor Anguas. ¿Por qué no se reconoció que todo fue un desgraciado accidente? A todo esto no puedo por más que admirar la valentía de los magistrados del Tribunal Supremo, excelentísimos señores José Luis Calvo Cabello y Juanes Peces, que cada uno independientemente, con su voto particular, les dijeron a sus compañeros que construyeron el fallo partiendo de la base de la decisión ya tomada de denegar el recurso”.
En el portal se encontraron tres impactos de bala, dos en la pared y uno en un escalón. El cuerpo del subinspector Anguas tenía, por lo menos, cinco impactos de bala, según declaró el doctor Ramón Barjau, jefe de guardia del Hospital Clínic. Dicha declaración la hizo ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, cuando se solicitó la primera revisión del caso. Durante el proceso a Puig Antich, no sólo no fue llamado a declarar, sino que ni siquiera se le tomó declaración por la policía. Con los tres impactos de bala del portal, más los cinco del cuerpo del policía, suman ocho. La pistola de Puig Antich fue la única arma que se presentó en el sumario, y había disparado cuatro balas de las ocho que cabían en el cargador. De dónde salieron las cuatro balas restantes es el misterio que envuelve este caso. Las pistolas reglamentarias de los policías nunca se peritaron. El policía Fernández Santorum sí que declaró ser el autor, cuando su compañero yacía en el suelo, de los dos disparos que hirieron a Puig Antich, en la mandíbula y en el hombro. Claro que estas dos balas fueron guardadas por los médicos del Hospital Clínic que estaban de guardia –Joaquín Latorre y el citado Barjau- y, cuando las vino a reclamar la policía, les hicieron firmar un recibo. Si no, quizá, estas balas también se hubieran “perdido” con las otras y sus casquillos.
Jordi Panyella es periodista del diario El Punt Avui. En 2012 publicó el libro Fèlix Millet, el gran impostor, sobre el caso del saqueo del Palau de la Música:
“Los periodistas siempre nos metemos en historias que no son nuestras, esta es la historia de la familia Puig Antich, pero también es la historia de todos nosotros. En este libro está presente la muerte, pero he querido que fuera un canto a la vida y la libertad. Yo nunca hubiera escrito este libro si el Tribunal Supremo hubiera hecho caso del trabajo impecable, jurídicamente hablando, de Sebastià Martínez y Olga de la Cruz. Seguí el proceso y pensé que en la prensa no lo habíamos explicado bien. Cuando me puse a ello, encontré testimonios de aquella época y testigos nuevos que nunca fueron escuchados. Este es un libro periodístico, pero también jurídico, gracias a la colaboración de los abogados citados. No me he metido en la historia política del MIL, porque es un debate aún encendido y controvertido, ni en el silencio de las fuerzas políticas de izquierda de entonces, porque ya se ha contado. Yo me emocioné al escribirlo y en la propia investigación. Espero que también se emocionen los lectores, que seguro, como yo, también se enfadaran e indignarán, pero luego les pido que conviertan esa indignación en acción por la causa de Carme, Imma, Montse y la Merçona.
Las hermanas de Puig Antich pasaron muchos años sin recibir apoyos en su lucha por la revisión del caso de Salvador; revisión que les ha sido negada en dos ocasiones. Ese silencio vergonzante, de todos como sociedad, y de políticos y juristas, en particular, fue un manto de silencio que hoy se está rompiendo. Personadas como querellantes en la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo esperan asistir un día a la publicación del libro: “Salvador Puig Antich, caso cerrado”.
