Desde la entrada en vigor de la ley de amnistía al ‘procés’ el 10 de junio, al menos 98 personas han sido beneficiadas, incluyendo tanto condenados exonerados como absueltos cuyos antecedentes fueron cancelados, incluso los policiales. En el primer mes y medio de vigencia, un 20% de los encausados han sido amnistiados, de un total estimado de 486 posibles beneficiados, según la Fiscalía General.
Las amnistías han sido concedidas exclusivamente por tribunales y juzgados en Cataluña, abarcando delitos como malversación, prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos, pertenencia a grupo criminal y otros. Recientemente, un juzgado de Solsona amnistió a cuatro miembros de los CDR por intentar boicotear la Vuelta Ciclista a España en el 2023. También fueron amnistiados el exconseller Francesc Homs y el exsecretario Senén Florensa por gastos relacionados con la promoción de la independencia de Cataluña.
Entre los primeros casos amnistiados están el exconseller Miquel Buch y el escolta Lluís Escolà, condenados por malversación en relación con la escolta del expresidente Puigdemont. Otros beneficiados incluyen a la exalcaldesa de Figueres, Marta Felip, y un exsecretario del Ayuntamiento de Hostalric, condenados por desobediencia y prevaricación respectivamente. Además, 46 agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas del 1-O en Barcelona también han sido amnistiados.
La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a cuatro miembros de los Mossos d’Esquadra por delitos contra la integridad moral y lesiones. Una treintena de manifestantes condenados por atentado contra la autoridad durante las protestas del 1 de octubre del 2020 y las manifestaciones entre el 2018 y el 2019 también han sido beneficiados. Entre ellos, una persona condenada por tenencia de artefactos explosivos durante una manifestación en el 2018 ha sido amnistiada junto con otros absueltos en el mismo caso.
La Fiscalía General estima que hasta 486 personas podrían beneficiarse de la amnistía, afectando aproximadamente a 82 procedimientos penales en tramitación en diversos tribunales. Sin embargo, algunos tribunales han decidido esperar a aplicar la amnistía debido a dudas sobre su legalidad. El Tribunal Supremo ha consultado al Tribunal Constitucional sobre la amnistía por desórdenes públicos del ‘procés’, planteando además la posibilidad de revisar la redacción de la norma respecto a los delitos de desobediencia.
