Muchos se extrañaban ayer al ver a Laura Borràs -y a su inmaculado bolso blanco de Armani- protestar con vehemencia durante la concentración de Sabadell por la libertad de los detenidos por pertenecer a un “grupo terrorista de índole secesionista catalán”, según el escrito de la Audiencia Nacional. La ex responsable de Cultura del Govern -y actual diputada en el Congreso- llegó a Sabadell al volante de su Jaguar y fue una de las políticas abanderadas en la concentración. No obstante, la filóloga no fue la única representante del establishment catalán que puso el grito en el cielo. El propio Quim Torra comentó en su cuenta de Twitter: “están construyendo un relato de violencia” y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, apareció en rueda de prensa para denunciar que “quieren criminalizar el independentismo construyendo un falso relato”.
Dos de los detenidos ayer (uno de los cuales ha sido puesto en libertad) forman parte de Els nou de Lledoners, nueve acusados por el Govern de la Generalitat (JxCat + ERC) por robo, lesiones, atentado a la autoridad y desórdenes públicos durante el traslado de los presos independentistas el pasado 1 de febrero. Ese día, según los atestados policiales, un nutrido grupo de personas cortaron la C-55 a la altura de Sant Joan de Vilatorrada y lanzaron aceite y clavos sobre la vía. Consecuencia de ello resultaron heridos tres Mossos d’Esquadra y dos de ellos causaron baja laboral.
Hace apenas cinco días se supo que un juzgado de Manresa investigaba a estas nueve personas que, presuntamente, participaron en los hechos de Lledoners. La Generalitat forma parte de la acusación porque dice que es su obligación defender a los policías heridos, aunque en realidad no tendría por qué hacerlo si considera que los Mossos no actuaron conforme a la legalidad. Lo curioso del caso es que los investigados niegan su participación: según explicó Èric Laredo, uno de los nueve encausados, todo forma parte de “un montaje policial” porque se les acusa de “algo que no pasó”. Laredo añadió que el objetivo de la Generalitat es “intentar reprimirnos”.
Además, se da la circunstancia que en uno de los casos, por las protestas del 21-D, la fiscalía pide dos años de cárcel al acusado por los disturbios, mientras que el Departament d’Interior eleva la pena a cuatro años y medio de prisión. De lo cual se desprende que el Govern de la Generalitat también sabe construir sus propios relatos, incluso más contradictorios y siniestros que los de otras administraciones.
El caso es que en este momento los siete detenidos ayer se encuentran incomunicados en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid), dirigida por el coronel Diego Pérez de los Cobos, responsable del operativo policial durante el 1-O. La Generalitat no ha prestado defensa jurídica alguna a los detenidos y es Alerta Solidària (organización antirrepresiva de la izquierda independentista) quien se encarga de ello. Según esta entidad, el juez interrogará a los siete CDR el próximo jueves. Veremos entonces por dónde discurre el relato del Govern.
