Albert Batlle (Barcelona, 1953) es, desde hace tres años, director adjunto de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), organismo creado en 2008 por la Generalitat como instrumento de lucha contra la corrupción. Batlle, vinculado desde hace 30 años a la política
Albert Batlle (Barcelona, 1953) es, desde hace tres años, director adjunto de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), organismo creado en 2008 por la Generalitat como instrumento de lucha contra la corrupción. Batlle, vinculado desde hace 30 años a la política municipal y autonómica de la mano del PSC, fue responsable de Servicios Penitenciarios de la administración catalana y mantiene que dotar de mayores y mejores medios a la Justicia, junto a la necesidad de una profunda regeneración democrática son los elementos básicos para combatir la corrupción.
Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, según todas las encuestas, es la corrupción.
Desde hace unos años, las encuestas del CIS nos dicen eso. La corrupción es, junto a la crisis económica, la principal preocupación de la ciudadanía y si se tiene en cuenta que la tercera o la cuarta viene siendo la política, pues esta suma de política y corrupción es el principal problema. Es un tema generalizado, en España hay una preocupación creciente sobre la corrupción, pero es una cuestión que se produce a nivel mundial. Las encuestas de transparencia internacional, el mismo Eurobarómetro, demuestran que es una preocupación generalizada. No se puede hablar de España como un país de corruptos porque sería una exageración, pero sí está creciendo la intolerancia ante la presencia de conductas irregulares. No me atrevería a decir que el nivel de corrupción es ahora más alto que hace 20 o 30 años, lo que es seguro es que la preocupación ciudadana sobre este fenómeno se ha incrementado. Dicho esto, es evidente que tenemos un problema como se refleja en los medios de comunicación, más de 1.300 cargos públicos imputados, procesos continuados y de envergadura. Hay numerosos asuntos con un gran impacto mediático.
Desde la Casa Real hasta los pueblos más pequeños, los casos son continuos. ¿La corrupción es un problema enquistado en la sociedad española?
Sí, pero hay dos elementos diferenciados que son la percepción y la realidad. Desde la Oficina Antifraude pensamos que la corrupción nunca es simple anécdota, por muy pocos que caigan en ella se debe tratar como una categoría a la que hacer frente desde todos los ámbitos de la democracia. En la Unión Europea, la corrupción tiene un coste de 120.000 millones de euros anuales, un 1% del PIB europeo. Es una repercusión económica extraordinaria.
¿La corrupción se paga?
Creo que, de la misma manera que está aumentando la intolerancia contra la corrupción, está aumentando la respuesta que se le da. Está claro que tenemos que un sistema judicial muy garantista, lo que provoca que los procesos se alarguen de forma exagerada e incomprensible para la ciudadanía. Cuando al cabo de 10 0 15 años se sentencia, por ejemplo, un caso de malversación de fondos públicos, la sensación que queda es de impunidad, sí.
¿Se deben evitar los indultos en este tipo de casos?
En el caso de los indultos, somos muy críticos y pensamos que se debe dar una fundamentación muy razonada en cada uno de los casos afectados, y además la posibilidad de revisarlos o suspenderlos. Pero hay algo claro, los procesos son muy lentos, la ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1881, y sus intentos de reforma han quedado empantanados. Se debe revisar el procesamiento para ofrecer una respuesta que, sin perjuicio de las garantías para los procesados, sea más ágil de lo que es, porque se extiende una sensación de exasperación por parte de la ciudadanía que ve causas, como la Gürtel, Millet o Bárcenas, que se eternizan.
¿Sería una cuestión de velocidad judicial o de endurecimiento de las penas?
Pienso que en cuestiones de corrupción hay tres elementos a tratar. En primer lugar, los cambios legislativos. Nuestro Código Penal ya establece numerosos tipos delictivos que pueden dar respuesta a la corrupción y, en este punto, no creo que se necesiten excesivas modificaciones, se podría hablar, eso sí, del cumplimiento íntegro de condenas en casos como los delitos de prevaricación, etc. En segundo lugar, cambios estructurales como dotar de más medios a la Justicia. Los medios e instrumentos con los que se baten fiscales y jueces ante las defensas convierten, en muchas ocasiones, los procesos en batallas desiguales. Tenemos el ejemplo de los inspectores de Hacienda en varios casos sobre malversación de fondos públicos. Y en tercer lugar, una regeneración democrática que ponga, no la lucha contra la corrupción sino la lucha a favor de la integridad, como una de las prioridades para la sociedad.
Un elevado número de cargos políticos imputados mantienen sus escaños. ¿La corrupción tiene repercusiones electorales? ¿Ese rechazo social se refleja en las urnas?
Parece que no, pero es una percepción que no está tan clara en la realidad. Los estudios realizados hasta ahora demuestran que no es así, puede que cuando aún el tema no está claro parezca que no pasa nada, pero a la larga, la corrupción pasa factura electoral. El corrupto debe tomar conciencia que su comportamiento tiene consecuencias electorales, más allá de las judiciales y penales. La corrupción es una cuestión de erosión moral de la sociedad. Afortunadamente se está produciendo un giro en todo esto y dudo que más victorias electorales, como hizo Francesc Camps, por ejemplo, sean interpretadas como una absolución de la ciudadanía. También ocurre con los informes que emiten instituciones internacionales, como por ejemplo el GRECO -Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo dependiente del Consejo de Europa-. Primero, salen con excusas, pero a continuación, se ponen rápidamente las pilas.
¿Se ha sido demasiado tolerante con la corrupción?
No, creo que ha habido un momento en que este período de crisis ha ayudado a destapar la corrupción. Cuanta más intolerancia y más preocupación por la corrupción hay es ahora, en momentos de bonanza todo el mundo tira hacia adelante y datos como la tasa de paro no parecen importar tanto. Si esto se tuerce, comienzan las preguntas y antiguas prácticas, como por ejemplo la tolerancia sobra el “roba, pero hace” o “si no lo haces tu, lo va a hacer otro” se ponen en cuestión.
¿Hace falta una actuación más decidida de las administraciones para evitar y eliminar estas prácticas?
La Oficina Antifraude tiene limitada su actuación al ámbito público catalán, nos hemos puesto tarde a trabajar sobre esto, pero nos hemos puesto. Desde la OAC hemos participado en la cumbre sobre regeneración democrática convocada por el president Mas, con más de 50 propuestas de mejora. El mismo president de la Generalitat presentó en el Parlament toda una serie de medidas, que poco a poco se van implementado. Un déficit que se tenía en el Estado es no disponer de una ley de transparencia, hasta diciembre de 2013 fuimos el único gran estado de la Unión Europea que no contaba con una ley así, estábamos junto a Malta, Chipre y Luxemburgo que siguen sin una legislación sobre transparencia, que no es suficiente, pero es condición necesaria. Nos encontrábamos junto a tres paraísos fiscales, eso era un escándalo. El secretismo es el caldo de cultivo de la corrupción y la ley de transparencia permite que los ciudadanos puedan acceder a información pública. A esto se debería unir, por ejemplo, un cumplimiento más estricto de la ley de incompatibilidades que acabe con el fenómeno de las “puertas giratorias”.
¿Esta es la única oficina de estas características que funciona en el Estado?
Sí, tenemos tres misiones básicas, el fomento de la transparencia, de la integridad y la lucha contra las malas prácticas. No tenemos poder sancionador, como tampoco lo tiene, por ejemplo, el síndic de greuges, el defensor del pueblo o las sindicaturas de cuentas, pero si que tenemos la capacidad de analizar los casos que nos llegan. Si encontramos delitos, se ponen en conocimiento de la fiscalía, si sólo son malas prácticas emitimos un informe que las administraciones deben contestar.
¿Cómo llegan las denuncias?
Nos llegan a través de particulares y de los mismos grupos políticos. Por volumen, intervenimos más en la administración local y sobre cuatro cuestiones básicas: urbanismo y contratación -las dos terceras partes del trabajo-, más contratación pública y conflictos de intereses.
¿Parece que hay una relación muy clara entre corrupción y burbuja inmobiliaria?
Es evidente que sí, el enriquecimiento ilícito de cargos públicos viene, casi siempre, de la mano de la especulación inmobiliaria, pero hay otros temas a vigilar. En España hay una fragmentación municipal tremenda, sólo en Cataluña hay 947 municipios, de los que más de 300 tienen menos de 500 habitantes, con lo que no tienen capacidad de financiación pero sin embargo tienen muchas más competencias que los municipios de otros estados de la Unión Europea. La búsqueda de recursos municipales ha sido así la puerta de entrada de la corrupción y la especulación. Es un problema que se crea con la liberalización del suelo llevada a cabo por el Gobierno Aznar, a la que se suma la eliminación del Impuesto de Actividades Económicas -IAE-. Los municipios se quedan sin esa tasa pero les regalan el bombón del suelo…
¿Haría falta una reforma estructural del Estado?
Sí, pero a ver quién le pone el cascabel el gato, cuando ya hace años en Cataluña se habló de una posible fusión de municipios, se encendió el territorio. Pienso que se deberían fortalecer las administraciones intermedias, como es el caso de los Consejos Comarcales en Cataluña.
Se habló de eliminar las Diputaciones como una medida de ahorro…
Las Diputaciones funcionan como una caja de compensaciones para los municipios. Las Diputaciones pueden hacer una serie de cosas que los ayuntamientos no pueden acometer, ni luego tampoco gestionar.
Desde la OAC se ha pedido tipificar como delito el aumento injustificado de patrimonio.
Es una figura que existía a efectos tributarios pero es una iniciativa que aún tiene que realizar su recorrido. Es evidente que algo hay que hacer porque tienen difícil explicación algunos patrimonios justificados, por ejemplo, con sueldos de concejales. Es una propuesta reiterada en diversas ocasiones por el director de la OAC.
¿Se puede generar confianza en la sociedad con ministros relacionados con tramas de corrupción, partidos que gobiernan y tiene su sede embargada por la justicia, o mantienen contabilidades en “b”, etc?
Evidentemente todo esto genera una enorme desmoralización en la ciudadanía. Hay que ser muy cuidadoso en los procedimientos iniciados, pero en muchos de estos temas las explicaciones ofrecidas generan muchas dudas. Además, la extensión de las investigaciones y las instrucciones hace que desaparezcan y vuelvan a reaparecer y la existencia de piezas separadas acaba generando confusión entre la ciudadanía. La celeridad no puede ir en contra de las garantías, pero por citar sólo uno, el caso Palau va ya por el tercer o cuarto juez de instrucción.
¿Se están haciendo bien las cosas en el caso Urdangarín, el caso Innova, el caso Palau, en tantos de estos procedimientos?
Estamos en lo mismo. Se produce un cansancio, una exasperación por el hecho que parece no acabar nunca su instrucción. Pero admiro el trabajo de unas jueces que se enfrentan a casos enormemente complejos, en la mayoría de las ocasiones con pocos medios, y además sufriendo críticas y trabas a su tarea.
¿Ven con buenos ojos la reforma penal que prepara el ministerio de Justicia?
Desde la OAC no tenemos opinión. En estas cuestiones hay que ser muy prudente porque sobre modificaciones legales se habla siempre y, a veces, no se producen. Lo importante es que estos proyectos se acaben presentando en las Cortes. El último proyecto de ley procesal del Gobierno de Zapatero fue aprobado por el Consejo de Ministros dos días antes de la disolución de las Cortes, con lo que nunca entró en vigor. Ahora se ha presentado otro, esperemos que entre en vigor antes que acabe la legislatura.
Hay más de 10.000 aforados en España, ¿es necesaria aún esta figura jurídica?
Es una exageración y se comienza a extender la opinión que hay que reducir su número o incluso eliminarla. La figura del aforado entra en contradicción con el principio de una justicia igual para todos, es un principio que sabemos que no es así. Era una garantía para la clase política frente a un caciquismo poderoso, que ya no tiene razón de ser, y que se ha convertido en un auténtico abuso. Es una figura que apenas se da en el entorno de la UE y que, en todo caso, debería estar muy concentrado sobre la actividad como cargo público.
¿Cataluña es diferente de España en cuestiones de corrupción?
No, no hay ninguna diferencia. Si que es cierto que en algunas comunidades se han producido muchos más casos por su potencial turístico, caso del Levante o Andalucía. Pero también nos lleva a preguntarnos qué ha estado sucediendo durante tanto tiempo, que un 60 % de los ayuntamientos de Murcia estén inmersos en causas urbanísticas provoca muchas preguntas. Decir que Cataluña es menos corrupta es un ejercicio de autocomplacencia que no se corresponde a nuestra realidad.
Se habló de liquidar la OAC por cuestiones presupuestarias.
Es un tema recurrente, y más cuando se habla de racionalización de la estructura administrativa. Es un tema sin recorrido y, en todo caso, las funciones de la OAC se deberían seguir realizando igual. No tiene sentido liquidar sus funciones, otra cosa sería un cambio de nombre o un aumento de competencias, pero la investigación, la prevención, el fomento de la transparencia son atribuciones previstas por la ley y sería muy negativa una desaparición así. La OAC nace bajo el amparo de lo que establece el artículo 6 de la Convención de la ONU sobre corrupción, que los estados crearan oficinas específicamente destinadas a la lucha contra la corrupción. Es inimaginable que una institución de estas características pueda desaparecer.
También se trató la Oficina poco menos que como una agencia de viajes, ¿esto es una forma de silenciar o de liquidar organismos públicos?
Muchas veces son sólo anécdotas encadenadas. La lucha contra la corrupción es global. La relación y colaboración con organismos e instituciones internacionales que trabajan estos temas es absolutamente imprescindible. No es voluntad, se trata de una cuestión de necesidad. Estos contactos son positivos, después está la anécdota de si una convención se ha hecho en Panamá o en Perpignan, pero sin estas reuniones nuestro trabajo de coordinación sería más complicado.
