Carlos Slepoy, que junto a Ana Messuti son abogados de la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, ha declarado: “Se están dando cada vez más condiciones para que se haga justicia en España”
Carlos Slepoy, que junto a Ana Messuti son abogados de la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, ha declarado: “Se están dando cada vez más condiciones para que se haga justicia en España”. Dicha afirmación la hizo Slepoy en rueda de prensa en San Sebastián (Donostia), en el marco de la Jornadas sobre los Crímenes del Franquismo, que se celebraron en el Museo San Telmo los días 8 y 9 de octubre. Las jornadas estaban organizadas por la Plataforma Vasca contra los crímenes del franquismo y, a través del área de Derechos Humanos, contaban con el apoyo del ayuntamiento donostiarra y la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Carlos Slepoy se mostró optimista y recordó que la causa se abrió hace cuatro años: “Prácticamente sin fiscal, a fuerza del impulso de los querellantes particulares y de los abogados de la acusación”, para luego añadir:“Felizmente esta situación se ha resuelto con la designación de un nuevo fiscal, que ha elaborado un voluminosos informe y piensa solicitar una serie de medidas, algunas en consonancia con las que hemos pedido”. Entre las medidas que piden los querellantes está la imputación de responsables de crímenes y torturas que aún están vivos: “Tenemos una larga serie de responsables vivos del franquismo, entre los que se encuentran jueces, torturadores y muchos exministros que han firmado sentencias de muerte en la dictadura y, luego, han tenido cargos en la propia democracia, algo que es inadmisible, deben rendir cuentas ante la justicia”.
Slepoy señaló la importancia de las resoluciones que apoyan la reparación, verdad y justicia, de las distintas comisiones de relatores de las Naciones Unidas que han visitado España y le han sacado los colores al actual gobierno del PP, por todas la dificultades que están poniendo para que se juzguen los hechos y se mantenga la impunidad y el olvido. Ante esto Slepoy dijo que hoy la impunidad cada día es más visible: “Ante el desprestigio enorme que está causando al Estado español esta situación de impunidad, el fiscal de la causa González Torrijos emitió un dictamen en el cual decía que había que denegar la extradición, pero que debían ser escuchados por un juez español y, en el caso de la acusación de Andoni Arrizabalaga, lo que planteó es que el juez de Azpeitia debería escucharle”. El vecino de Ondarroa, Andoni Arrizabalaga, pasó cinco días esperando ser ejecutado, condena a muerte que le conmutaron. Arrizabalaga murió en los Alpes, en 1984, donde le sobrevino una avalancha. Ahora, sus familiares están personados en la causa de la Querella por las torturas que sufrió su familiar: Así contó el propio Arrizabalaga, uno de los fundadores de Comisión Obrera de Euskadi, su detención en agosto de 1968: “Me detuvieron en Ondarroa y sin mediar pregunta comenzaron a golpearme diez guardias civiles. Después me llevaron a Zarautz para poder alargar el tiempo legal de detención, porque en Gipuzkoa había estado de excepción”.
Claro que en la comisaría de Zarautz se encontró con un siniestro personaje aficionado a experimentar con nuevas formas de tortura, el capitán Jesús Meñecas, imputado por la juez argentina María Servini en la Querella, y cuya extradición fue denegada por las autoridades españolas. En Rambla ya lo contamos: “Jesús Muñecas Aguilar fue condenado a cinco años –de los que sólo cumplió tres– de prisión por su participación en la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, junto a su amigo Antonio Tejero. Ha sido denunciado por ejercer y mandar ejercer torturas a los detenidos antifranquistas en las comandancias de Tolosa y Zarautz (Guipúzcoa). En el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz se produjeron las torturas a Andoni Arrizabalaga en 1968, donde el detenido pasó 22 días incomunicado. Colgado por las piernas recibiendo golpes de siete agentes, simulacros de ahogamiento metiéndole la cabeza en agua, uñas arrancadas y demás técnicas criminales son lo que la Audiencia considera prescritos o que, como ni denunciantes ni acusado son argentinos, no hay razón para la extradición, cuando saben sus señorías que, para vergüenza de la democracia española, la única causa abierta contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo se está llevando en Argentina, ya que ni la judicatura, ni los diversos gobiernos de nuestro país se han dignado en hacer nada al respecto”.
El abogado de la Querella anunció novedades “importantes” en un par de meses, quizá sean nuevas medidas solicitadas por la juez Servini, como fueron las exhumaciones de cuerpos que se realizaron en distintos lugares de España, o la extracción de muestras de ADN a los familiares para su comparación. También se anuncian nuevas videoconferencias en el consulado argentino en Madrid para recoger testimonios y declaraciones de víctimas y familiares. Está claro que solo la movilización, nacional e internacional, serán las que impulsen y mantengan esta lucha por la dignidad de la memoria de las víctimas de la barbarie franquista, ya que, como dijo Slepoy: “Estamos convencidos de que el Gobierno español no ha hecho nada hasta ahora, ni lo va a hacer en el futuro, en relación con la memoria, la verdad y la justicia, pero esto provoca su desprestigio, su aislamiento”.
Por su parte, el alcalde de Donostia presente en la rueda de prensa, el señor Juan Karlos Izagirre (Bildu) ha manifestado que era necesario: “Combatir los 41 años de impunidad y olvido del franquismo”. Y mostró el apoyo del consistorio a las más 150 causas abiertas.
