Barcelona ha sido siempre un escenario muy potente para las reivindicaciones sociales. Diversos colectivos han alzado la voz para denunciar situaciones insostenibles que son ignoradas por las administraciones públicas. Es el caso de los migrantes y refugiados, encerrados desde hace días en la antigua escuela Massana para reclamar sus derechos civiles. Hablamos con Norma Falconi, ecuatoriana de nacimiento pero residente desde hace 25 años en la ciudad condal. Falconi nos explica qué derechos están dispuestos a conquistar gracias a la unión de 45 organizaciones de inmigrantes.
Entre sus reivindicaciones, hay dos principales: el padrón sin domicilio, un derecho que se ganó en los años 90 pero que, con la entrada de Convergencia en el Ayuntamiento de Barcelona, fue liquidado. La cuestión se solventaría si las ONG u otros colectivos pudieran ceder la dirección de su local como dirección de notificación. El padrón es un pilar fundamental para recibir atención médica, ya que sin éste no se puede aspirar a la tarjeta sanitaria. El gobierno municipal accedió a hablar con ellos esta misma semana, pero les siguen exigiendo el padrón con un domicilio concreto, como si todo el mundo tuviera la posibilidad de poder pagar una habitación en una ciudad con precios de alquiler al alza. Están esperando la visita de Oriol Amorós, secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía del ayuntamiento barcelonés, que prometió asistir el jueves pasado, sin éxito.
Por otro lado, reclaman que puedan conseguir los papeles sin necesidad de un contrato de trabajo. En España hay 1 millón y medio de sin papeles, sin ningún tipo de regularización. Sobre esto, Falconi alerta sobre las mafias que ofrecen a los migrantes contratos de trabajo a cambio de entre 500 hasta 10.000 euros. Estas mafias están inmersas dentro de empresas y, cuando el trabajador sugiere la elaboración de un contrato laboral para poder regularizar su situación, les exigen tal cantidad de dinero. “El Gobierno lo sabe, tiene una lista de las empresas que hacen esto, pero giran la cara ante esta situación. Nosotros siempre hemos planteado que la Ley de Extranjería es el paraguas de las mafias. Si no tienes derechos, si estás en la economía sumergida, todo el mundo se convierte en mafia”. Durante los días de encierro, realizan sesiones informativas para prevenir que los migrantes se sumerjan en estas prácticas.
Falconi nos habla del propósito que tiene Europa en relación a los inmigrantes: la obligación de trabajar en negro. Lo que los estados europeos necesitan es mano de obra barata e inmigrante. Según esta pauta, cuando hay un vacío de este tipo de mano de obra, abren las fronteras y dejan entrar a los inmigrantes, en cambio, cuando el mercado está saturado, empiezan con los controles migratorios. En el caso de España, ésta “necesita mucha mano de obra barata que entre a formar parte de la economía sumergida, la cual está fortalecida por el Gobierno español. El propósito de la Ley de Extranjería es que nos convirtamos en personas fáciles de aplicar medidas represivas”.
Otro de los obstáculos para las personas migrantes es tener que pasar dos exámenes con preguntas sobre la historia de España, sobre qué tipo de alimentos comen en Navidad o sobre la elaboración de un pastel. También hay cuestiones referentes a la configuración y la estructura de la lengua castellana, lo que supone una barrera importante para los inmigrantes que no provienen de países latinoamericanos. Para la preparación de estos exámenes existen diversas escuelas por toda España, que tienen acuerdos con el Instituto Cervantes. Los cursos cuestan de 100 a 300 euros y, si se suspenden los exámenes, hay que volver a pagar el curso. “Se han creado muchas escuelas que les están sacando el dinero a los inmigrantes y, además, están financiadas por el Gobierno. Todo es un proceso mafioso típico de sistemas corruptos”.
En el caso de las mujeres, éstas sufren una doble discriminación: por ser mujer y por ser migrante. “No hay políticas de género orientadas a las mujeres inmigrantes. Si vas a denunciar una situación de maltrato o acoso sexual, te dicen que tú te lo has buscado”, sentencia Falconi.
Desde 2016, el Ayuntamiento de Barcelona dispone de un programa llamado Nausica para la acogida de solicites de asilo, con un plan de pautas concretas. Aquellos que no cumplen los requisitos y son expulsados del plan, se quedan en la calle. Son las organizaciones sociales las que tienen que buscar alojamiento para estas personas a través de casas de conocidos o amigos. Muchos de estos refugiados son familias con niños que tienen que vagar por las calles porque “no han sido sumisos con el programa ni tampoco lo entienden porque no hablan la lengua”. No hay un plan que funcione y permita que los solicitantes de asilo sean acogidos. Sin embargo, muchos de ellos se integran en la sociedad y cuando consiguen hablar castellano y catalán, tener un trabajo y un piso, los echan del plan. Nunca alcanzan la condición de refugiado.
Incluso los inmigrantes que consiguen ser legales en el país, están sufriendo una situación de maltrato por parte de las administraciones. La cuestión se concreta en no darles cita previa para renovar los papeles, o bien se demora de 3 a 6 meses y, por consiguiente, los pierden. Por otro lado, se tiene constancia de que la Seguridad Social alerta al Gobierno sobre quienes son las personas regularizadas en el país que no están trabajando y, sin avisar, les quitan los papeles. Cuando van a renovarlos, se encuentran con que los han perdido y tienen que volver a empezar de cero.
Otra de las reivindicaciones del colectivo es la despenalización del “top manta”. Antes se establecían multas para sancionar la actividad de estas personas, pero ahora y gracias a la Ley Mordaza, se aplican las “penas-multa”. En España, quien tenga causas penales no puede acceder a los papeles, de esta forma, se está consiguiendo que la masa de la economía sumergida aumente. Cuando son detenidos, los manteros son objeto de torturas por parte de la policía. “Hace poco le pasó a un compañero, que ya salió del hospital. Muchos duermen aquí, estamos con ellos”. Falconi nos cuenta que durante la campaña han fallecido 15 compañeros a causa del corazón, los cuales estaban encabezando la lucha. Denuncia que para los sin papeles no existe atención especializada, “si tienes un tumor en la cabeza, te dan sólo paliativos”.
Los apoyos que han recibido estos días las personas que se encuentras encerradas en la antigua Escuela Massana han sido por parte de los sindicatos alternativos, como CGT o CNT –los cuales son los encargados de las comidas− a diferencia de los grandes sindicatos, que ni se han acercado al lugar del encierro. “¿Tú ves a estas grandes organizaciones luchando por papeles para todos? Solamente se llenan la boca hablando de igualdad de derechos”, afirma Falconi. Tampoco lo han hecho organizaciones dedicadas a la acogida como Cáritas, Cruz Roja o ACNUR, devotas del Estado español, su principal financiador. “La realidad nos ha mostrado que estas organizaciones obedecen la pauta de los gobiernos”.
No saben cuánto tiempo más va a durar el encierro, están centrados en la lucha diaria y en la unión de fuerzas. “Hemos demostrado que estamos organizados tanto hombres como mujeres. La lucha es la única que nos saca de este abismo”. Esta veterana activista acaba previniéndonos sobre la situación de los nacidos en el país: “Nos quitan los derechos a las personas emigradas y ya saben cómo hacer para quitárselos a los de aquí”.
La tarde del pasado sábado llevaron a cabo una manifestación por las calles de Barcelona para que sus proclamas lleguen a la ciudadanía. Esperemos que sus reivindicaciones sean atendidas por los poderes públicos y que éstos dejen de poner trabas a todos aquellos que vienen a nuestro país con la aspiración de trabajar y vivir en paz.
Marta Pérez
Periodista.
