El alto mando de la Guardia Civil, Manuel Gómez Cantos (1892-1977), fue “un siniestro personaje que debería figurar en el cuadro de honor del fascismo español”; el fiscal militar Manuel Fernández Martín (1914-1967) “actuó en cientos de causas pese a no tener ni la carrera de Derecho”; en la zona central y occidental de la provincia de Badajoz fueron asesinadas más de 500 mujeres; Miguel Muñoz Murillo, edil del Partido Socialista en el municipio de Azuaga, fue condenado –en marzo de 1942– a 20 años de prisión por un Consejo de Guerra.

Se trata de personas y episodios represivos incluidos por el historiador Francisco Espinosa Maestre (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1954) en el libro Por la sagrada causa nacional. Historias de un tiempo oscuro. Badajoz 1936-1939, editado por Crítica en enero.

La investigación recorre 29 municipios extremeños ocupados por el bando fascista entre agosto y septiembre de 1936. “La justicia militar carecía de principios que rigieran su actuación; era simplemente un instrumento represivo al servicio del golpe”, afirma Espinosa Maestre, también autor de La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz (2003); La justicia de Queipo (2009); y Violencia roja y azul. España 1936-1950 (2010), entre otros volúmenes. Además fue coordinador del proyecto de recuperación de la memoria Todos los Nombres, promovido por el sindicato CGT y la Asociación Andaluza Memoria Histórica. La siguiente entrevista se realiza por correo electrónico.

-¿Cuántos expedientes judiciales consultaste para la investigación y cuál fue el punto de partida?

El archivo militar se abrió a la investigación en 1997. Su estado era desastroso, pero había que alegrarse de que al menos todo ese material, que sufrió dos mudanzas, hubiese llegado a nosotros. Su ordenación y catalogación llevó años. De los mil expedientes relativos a Badajoz seleccioné doscientos cincuenta, de los que finalmente me quedé con unos sesenta. Del tiempo que llevó este proceso dará idea el hecho de que los primeros procedimientos los vi a fines de los años noventa y el último en 2018. Desgraciadamente, pese a existir una mínima descripción de ellos, no todos aparecieron.

-¿Te encontraste con dificultades en la consulta de los archivos militares?

Dado que mis primeras incursiones en estos archivos fueron en los años ochenta puedo decir que ha habido de todo. En los primeros años te hacían sentir como un intruso. Recuerdo que en el antiguo Servicio Histórico Militar uno no podía ver catálogo alguno sino que el militar de turno te preguntaba qué buscabas y él te decía lo que podías ver. El actual Archivo Militar e Histórico de la Defensa, situado en el Paseo de Moret, existió antes con otro nombre y otro emplazamiento. Acudir allí era una pesadilla. Una copia que solicité de un expediente me la enviaron al año y medio.

Y ya en Moret, hasta no hace mucho, te ponían pegas para todo hasta el punto de que para consultar unos expedientes de Badajoz, cuya consulta me negaban, tuve que presentar un recurso de alzada. ¿Y qué decir del de Segovia, en el que te impedían ver cualquier hoja de servicio en la que hubiera cualquier trámite reciente? La suerte que hemos tenido con el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla es que siempre ha sido un archivo abierto a la investigación y con un personal colaborador. No es el único, ya que otros, como el de Ferrol, también han cumplido su función social.

-En el artículo “El revisionismo en perspectiva: de la FAES a la Academia” (Conversación sobre la Historia, 2019), te refieres al “carácter indiscriminado de la matanza de Badajoz, sin duda el mayor ejercicio de terror que hubo en todo el país”. ¿Qué singularidades tuvo la represión fascista en esta provincia?

Lo ocurrido en Badajoz se debió a varias circunstancias. La primera es común a todo el suroeste: era una provincia marcadamente de izquierdas en la que la derecha no ganó ni en las elecciones de 1933. La fuerza del Partido Socialista era enorme y se había forjado desde fines del XIX. Como en el caso de Huelva el golpe militar fracasó y miles de derechistas fueron detenidos por orden del Gobierno Civil. Y lo peor: la decisión de subir a Madrid por Extremadura con el ejército de África en cabeza convirtió esa operación que va de julio a noviembre en el último coletazo de la guerra colonial al estilo africanista. Se actuó igual que antes con las cabilas rifeñas: una violencia ilimitada y el premio del botín de guerra tras cada localidad ocupada. Todo ello dejó un reguero de terror desde el norte de África hasta Madrid, la época del golpe triunfal en marcha. La derrota ante la capital supuso el inicio de la larga guerra civil.

-Según el magistrado e investigador Juan José del Águila Torres, en el periodo 1936-1945 se celebraron más de 300.000 Consejos de Guerra en España. ¿Qué fueron los auditores militares?

Los auditores orientaban la actividad de la acción judicial militar de principio a fin. Su firma aparece en todos los procedimientos inmediatamente antes del jefe militar de la zona, que en este caso fue Queipo. El auditor de la Segunda Región Militar fue Francisco Bohórquez Vecina. Su poder le permitía todo, desde decidir qué procedimiento se abría y cuál no hasta orientar el curso y conclusión de la instrucción. Resulta escandaloso cómo ayudaban a los suyos y cómo dejaban que su modo de actuación llevara a los demás al final deseado. Bohórquez llegó a dar instrucciones a la Fiscalía de las Audiencias Provinciales sobre el porcentaje de las penas que debían dictarse.

-¿Sobre qué aspectos llamarías la atención respecto a la justicia castrense aplicada por los sublevados?

La justicia militar carecía de principios que rigieran su actuación. Era simplemente un instrumento represivo al servicio del golpe. Fue adaptándose a las circunstancias. Las grandes matanzas de los primeros meses se hicieron a golpe de bandos de guerra que todo permitían. Antes del cerco a Madrid prepararon lo que se llamó la Fiscalía del Ejército de Ocupación, instalada en Talavera y formada por una docena de consejos de guerra. Ante el fracaso de Madrid optaron por enviar la denominada columna jurídica a las diversas provincias que se iban ocupando, empezando por Málaga a comienzos de 1937. Por este mismo tiempo pusieron en marcha la segunda etapa represiva mediante los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, que actuaron primero hasta el final de la guerra y que ya con el país ocupado y al amparo del nazifascismo, siguieron hasta 1944, cuando el curso de la guerra mundial les aconsejó parar. Es decir, ocho años seguidos. Pero no acabó aquí, ya que la represión de la lucha guerrillera prolongó esta situación hasta ya entrados los años cincuenta.

-¿Se produjo una violencia específica de los golpistas contra las mujeres?

Aquellas comprometidas con la experiencia republicana fueron víctimas de una represión similar a la de los hombres. Me refiero a líderes sindicales o a maestras de izquierdas. Aparte de maltrato y humillaciones, hubo mujeres que antes de ser asesinadas fueron violadas y hubo hombres que tras ser asesinados fueron castrados. También sufrieron violencia por ser familiares directos de izquierdistas huidos o asesinados. Por lo demás y de modo general quedaron en total indefensión y a merced de las fuerzas que ocuparon cada localidad y de los fascistas que ocuparon el poder. En esa situación cualquier contacto o relación social era importante y, al mismo tiempo, su ausencia, podía resultar fatal. Sirva de ejemplo el caso que se cuenta de Montijo.

-¿Qué métodos de represión practicaron en los pueblos de Extremadura los falangistas y los requetés?

Hay que tener en cuenta que en la zona en la que se desarrollan las historias del libro, Falange y Requeté eran grupos minoritarios antes del 18 de julio. La avanzadilla del golpe en cada localidad no era otra que la Guardia Civil, punto final de una línea que empezaba en los Estados Mayores y las Auditorías de guerra pasando por las Comisarías de Orden Público y las Comandancias de la Guardia Civil. Falangistas, requetés y cívicos no eran sino el eslabón final de la cadena. Siempre obedientes a las órdenes que venían de arriba, ya fuera la camarilla que orientaba la represión en cada pueblo o las directrices marcadas por las Comandancias. Por así decirlo eran la parte visible del iceberg, de ahí que la gente los percibiera como responsables de todo lo ocurrido. Nadie sabía el nombre del comandante militar ni del que daba las órdenes desde Badajoz o Sevilla, pero todos sabían los nombres de los falangistas.

-¿En qué consistieron los saqueos y “donativos” forzosos con que se castigó a los rojos?

La mayoría de los represaliados de izquierdas eran gente de escasos medios, jornaleros por lo general. Diferente era en el caso de algunos dirigentes, que disponían de algunas posesiones y de ciertos medios. El expolio tuvo dos fases. Una primera, ya mencionada, a cargo de las fuerzas de ocupación, que orientadas por gente de la localidad saqueaban los domicilios y las empresas. Y una segunda a través de los Comités Provinciales de Incautaciones y tras la guerra los Tribunales igualmente provinciales de Responsabilidades Políticas. Todo ello quedaba englobado en lo que llamaron “reparación pecuniaria”. A esto hay que añadir los simples saqueos, bien documentados en el libro.

-¿Qué papel desempeñó la prensa “por la sagrada causa nacional”?

La prensa liberal o de izquierdas fue igualmente absorbida por el Nuevo Orden. El ABC de Sevilla o el HOY de Badajoz siguieron su trayectoria reaccionaria aunque ahora volcados claramente hacia el fascismo, tanto hacia el de aquí como hacia el de Alemania o Italia. Se convirtieron simplemente en medios de propaganda al servicio del golpe militar justificando todos sus excesos. El HOY, creado en 1933 por la Editorial Católica, estuvo siempre al servicio de la reacción y contra la República.

-Por último, ¿rescatarías del olvido alguna escabechina o episodio represivo que haya quedado en el olvido/impunidad?

La lista sería interminable. Hay que pensar que lo que nos ha llegado es solo una mínima parte de lo ocurrido. Las razones por las que se abrían o no diligencias sobre un asunto quedan fuera de nuestro alcance. La mayor parte de los hechos violentos ocurridos en aquellos años no dieron lugar a procedimiento alguno. Los que conocemos no son más que ciertas ventanas abiertas a ese pasado oscuro del que ya no queda memoria y al que, pese al tiempo transcurrido, aún no hemos podido acceder plenamente por las limitaciones de acceso a fondos documentales de carácter civil, militar, judicial y eclesiástico.

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