El cambio de modelo energético movilizó a los fundadores de Som Energia. La primera cooperativa que ofrece la posibilidad de consumir (y producir) energía de fuentes renovables echó a rodar hace tres años
El cambio de modelo energético movilizó a los fundadores de Som Energia. La primera cooperativa que ofrece la posibilidad de consumir (y producir) energía de fuentes renovables echó a rodar hace tres años y ya supera los 11.000 socios, con las redes extendidas por todos los rincones de la geografía española. El responsable de comunicación de la cooperativa, Marc Roselló, se muestra crítico con las medidas energéticas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y la connivencia entre intereses políticos y empresariales que frenan el desarrollo de iniciativas que apuestan por el uso racional y eficiente de la energía.
¿Cómo aparece una cooperativa de este tipo?
Surge para intentar replicar un modelo de cooperativas ya existente en Europa, tanto a nivel de consumidores como de productores de energías renovables. Unas iniciativas que habían demostrado que se puede generar una transformación social en un entorno con el cambio de modelo energético. Cooperativas como Ecopower, que supera los 40.000 asociados, o Enecorp, ahora mismo se están creando un gran número de cooperativas energéticas en Europa. Si queremos un cambio real, necesitamos llegar a una gran masa social
¿Qué es necesario cambiar en el modelo energético?
Buscamos un modelo basado 100% en energías renovables, en una mejora del uso y de la eficiencia de la energía, pero también de un modelo distribuido que huye de las grandes centrales que concentran el poder. Pequeñas centrales, de proximidad, lo que evita pérdidas en el transporte de la energía y que las personas formen parte de este modelo. El sol llega a todos sitios, el petroleo, en cambio, no, tampoco tenemos minas de uranio en el patio de casa. Sí que es cierto que el modelo de las renovables es un modelo distribuido y democratizador de la energía. Nos ayuda a ejercer un control y a decidir sobre qué energías podemos y queremos usar. En este sentido, en los proyectos en que trabajamos buscamos un equilibrio entre producción y su uso cercano. El cambio, por desgracia, viene más de las personas que de las instituciones.
La retirada de las subvenciones a las renovables parece que ha frenado su implantación.
Ha provocado un paro absoluto, pero en cierto modo este freno se produjo ya en 2012, los últimos proyectos en desarrollo se han podido alargar hasta este pasado mes de marzo. Desde entonces, la derogación de los decretos de apoyo a las renovables nos ha dejado en la incerteza más absoluta porque no hay nada definido. Además de alargar los períodos de amortización de las instalaciones. Si como mínimo se hubiese creado un marco de trabajo, bueno o malo, pero así podríamos saber a que atenernos y como trabajar, pero no hay nada de esto. El movimiento en este aspecto ha sido cero, y nadie se atreve a dar un paso, porque no se sabe que nos podremos encontrar en un futuro. Estas decisiones tomadas desde el Gobierno han creado una enorme inseguridad jurídica. Y hay que recordar que el petróleo barato se ha acabado, las prospecciones se realizan cada vez más en zonas de alto valor natural y el impacto ecológico es enorme.
El sector energético parece afectado por cierta confusión.
No es confuso porque no hay nada, se derogaron las ayudas las renovables y se habló de instaurar un nuevo sistema, y en ese punto estamos. Es una situación extraña, sobre todo por los cambios en la tarifa eléctrica, que dan más peso a la parte fija, lo que desincentiva el ahorro y frena cualquier medida de eficiencia energética. Además, se liquida la autoproducción doméstica. La realidad es que no sabemos en qué margenes nos podemos mover, más con la amenaza de sanciones encima.
¿Qué camino sigue la política energética del Gobierno?
La política energética del Gobierno va en contra del sentido común, que debería ser realizar un uso adecuado de los recursos disponibles y buscar la eficiencia. Pero nos encontramos que todo lo realizado hasta ahora va en la dirección contraria. La máxima prioridad del ministerio es mantener unos ingresos a través de la factura eléctrica. La deriva que ha tomado la política energética es preocupante. En este caso, la máscara se la han quitado totalmente. Parece que lo único que importa es proteger los intereses privados de un oligopolio en detrimento de los intereses generales, y no sólo de los consumidores, sino que estos intereses se pueden extender a la lucha contra el cambio climático. También esta potenciar un sector emergente para la economía, que sirva para reducir la dependencia energética del exterior y de los combustibles fósiles.
¿La política energética viene marcada desde las empresas del sector?
A veces se puede dudar de si esta connivencia político-empresarial se produce con tanta frecuencia como se denuncia, pero en este caso la evidencia es esta. En un momento en que el consumo se reduce por la crisis, en que las renovables comienzan a tener peso en el sistema eléctrico y a desbancar inversiones en gas de las grandes empresas, se lanza un ataque directo a las renovables. Ahora que cualquier persona se puede colocar unas placas solares y producir energía, que sale más barata que la comprada en la red, pasamos de primar a las renovables, a penalizarlas. Es algo que no se entiende.
¿Se persigue el autoconsumo y la producción propia de energía?
Si, es evidente. El autoconsumo es un elemento de eficiencia, de reducción de la factura eléctrica, además de constituir una amenaza para el mantenimiento del statu quo. Es así.
En 2010, el 35% de la electricidad provenía de energías renovables. Con una evolución así, en 2050 se podría alcanzar el 100%.
La progresión era esta, pero este crecimiento hace tambalear un modelo que lleva décadas ligado a unas determinadas estructuras de poder. Hay que pensar que el modelo distribuido hace todo más democrático y reduce de manera importante la dependencia. Además, lleva a preguntarnos de dónde surge ese déficit tarifario. Cuando se pide una auditoría del sector energético para conocer su origen y poder establecer una serie de medidas, el Congreso de los Diputados la rechaza en votación.
¿Las razones?
Bueno, tanto el PP como el PSOE decidieron que no era el momento de una auditoría. Una excusa. Pero cuando se habla de la existencia de un déficit tarifario que alcanza los 30.000 millones de euros, un déficit que lo condiciona todo, parece que ha llegado el momento de conocer como se encuentra el sector, de realizar una auditoría. Si no se quiere hacer, no se puede comprender la exigencia en el pago de una deuda que no se quiere auditar.
¿Sabemos por qué pagamos lo que pagamos?
Es complicado saberlo ahora mismo. Se han ido añadiendo demasiados conceptos, aunque creo que la factura es sencilla de entender. Hay una parte fija y una variable. El problema llega cuando queremos saber porque estamos pagando determinados conceptos. De qué forma se utilizan esos ingresos, aquí es donde falta transparencia. La gente tiene que entender que pagamos por la prima a las renovables, pero también por centrales de gas de ciclo combinado paradas, por si acaso un día se necesitan, por la moratoria nuclear, por las primas al carbón de producción nacional, quizás también se paga porque algunos políticos puedan ser contratados más tarde por las compañías eléctricas.
Nadie parece estar dispuesto a asumir el coste político de una reforma del sector.
Por lo que parece no. Puede que esto ocurra por tener antiguos compañeros en los consejos de dirección. No sé si es el pez que se muerde la cola, pero parece que los políticos no son capaces de enfrentarse a un oligopolio de este tipo, que controla el 70% de la producción. Falta un análisis profundo de la cuestión, las empresas eléctricas españolas han ganado el doble que la media del sector en Europa, luego hablan de un déficit…
Dicen que no se cubren los costos
Porque se les paga por unos costos reconocidos por ellas y aceptados por el Gobierno. Es un costo reconocido, lo que no quiere decir que sea real. En 2008, por ejemplo, hubo una reducción en el consumo, sin embargo los gastos declarados por las empresas en la distribución fueron más altos. Hay cosas que no tienen ninguna lógica.
Con más de 11.000 cooperativistas y diversos proyectos en funcionamiento, ¿se ha despertado el interés de las administraciones por el uso de energías renovables?
El 60% de los socios son de Cataluña, el resto están muy repartidos por el resto del país, pero el hecho es que se está creciendo porque hay cada vez más interés en cómo producimos y consumimos la energía. En cuanto a las administraciones, a nivel municipal sí que existe un gran interés por el uso de las energías renovables, y de hecho, muchos ayuntamientos han hecho un gran esfuerzo por dotarse de instalaciones que les permitan proveerse de energía, pero los cambios en la legislación estatal han frenado todo esto y no hay ningún avance. Para las administraciones locales, las renovables son un elemento muy valioso ya que facilita la aplicación de medidas de eficiencia energética y de ahorro. En este país falta el apoyo que se da en la mayoría de estados de la Unión Europea y el mensaje que queda es que hagas lo que hagas, se acabará pagando.
Uno de los aspectos más controvertidos de las medidas que el Gobierno busca aplicar en el sector energético es la realización de inspecciones, con las consiguientes multas por infracciones que podrían alcanzar los 60 millones de euros.
De momento es sólo un borrador, pero sí. Las multas que se impongan serán tres veces superior al ahorro conseguido. Es una penalización del autoconsumo que no se entiende, aquí y menos en Europa. Se han preocupado porque sea una infracción grave tener una instalación de autonconsumo. Han elevado las cuantías de las multas casi al nivel de un accidente nuclear. La amenaza es totalmente desmesurada.
El Gobierno no aplica las directivas europeas sobre energía, ¿hay miedo al cambio en el sector?
El Gobierno de España ignora las directivas en este sentido. El acceso a la energía, las implantación de medidas que faciliten la producción propia y el autoconsumo son elementos de salud democrática. En el resto de la Unión Europea, los gobiernos, los organismos reguladores han desarrollado una liberalización del mercado más adecuada y sin las presiones de un oligopolio. Aquí, no se ha hecho del todo bien, quizás por la falta de salud democrática.
¿Se puede sustituir la dependencia energética de, por ejemplo, la energía nuclear, por las energías renovables?
Debería poder ser así. Por nosotros mismos y por los que vendrán, pero esto dependerá de la presión popular que hagamos, tanto como ciudadanos como consumidores. La energía nuclear, y hay varios ejemplos conocidos por todos, no llega a ser segura. Es un peligro latente. Sus residuos son de alta actividad, emiten altas dosis de radiación y su vida activa se alarga miles de años. Por otra parte, sale muy cara porque está muy subvencionada. El uso de una central no se puede alargar más de 40 años y su desmantelamiento supone un coste muy alto, por costes y por recursos destinados. A todo esto, se puede sumar que un modelo energético que apuesta por centrales nucleares, o grandes centrales de otro tipo, provoca que los beneficios económicos se concentren en pocas manos y sea casi imposible que se reinviertan en la sociedad.
Una de las fuentes renovables es la biomasa, ¿su impacto ecológico es compatible con el social?
La biomasa despierta siempre cierto debate, que no escapa al resto de las renovables como la fotovoltaica, la eólica… Creemos que no podemos apostar por una única fuente de energía renovable, apostamos por todas y también por todos los niveles de uso de energía, el eléctrico y el térmico. En este último uso, la biomasa, tanto como aprovechamiento de los residuos forestales como en biocombustible, ofrece grandes beneficios. Siempre hemos trabajado con la biomasa con el ojo puesto en su uso térmico. A esto, se le puede sumar el aprovechamiento de un recurso propio y renovable, que existe a nivel local. Las instalaciones de biomasa ayudan a la economía local y ofrecen una salida laboral en zonas rurales muy castigadas por el despoblamiento.
