La causa que desde 2010 llevan adelante desde Juzgados argentinos, porque en España se niega toda posibilidad a la reparación histórica, ha sido presentada oficialmene en Barcelona con una mesa redonda protagonizada por el ex fiscal general, José María Mena, el abogado de los querellantes, Carlos Slepoy, y numerosas víctimas directas de la dictadura franquista.
Este martes la Querella impulsada desde Argentina por los crímenes cometidos durante el franquismo se ha vestido de largo y se ha presentado oficialmente en Barcelona, con una mesa redonda integrada por quienes, de un lado y otro del charco y del tiempo, protagonizan esta lucha histórica por la verdad y la justicia. El acto, organizado por el Memorial Democràtic de la Generalitat, en colaboración con la Asociación Catalana de Juristas Demócratas (ACDJ)y el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE), contó con la presencia del ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, José María Mena, y del abogado de los querellantes, el argentino, Carlos Slepoy que explicaron, uno desde su perspectiva como profundo conocedor del sistema judicial español y otro desde su implicación directa con la causa que instruye en su país la Jueza María Servini de Cubría por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista desde 1936 hasta 1977.
Si la intervención de Slepoy y Mena le ha conferido a la presentación de este martes un carácter especialmente significativo– teniendo en cuenta que no es la primera vez que las organizaciones catalanas que forman parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) realizan un acto dedicado a la causa– quienes ocupaban las dos primeras filas de la sala del CEJFE no impresionaban menos. Familiares de represaliados y víctimas directas de la dictadura dejaron allí también su testimonio de la larga lucha contra la impunidad que libran desde hace años. Carles Vallejo, sindicalista de CC.OO. de la SEAT y actual presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH); Merçona, Imma, Carme y Montserrta Puig Antich, hermanas de Salvador, último agarrotado por el franquismo en 1974, y Antonio Martos, hermano de Cipriano Martos, antifascista y sindicalista que fue asesinado en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Reus el 17 de septiembre de 1973 han sido algunos de los asistentes a la mesa redonda de Barcelona.
Jordi Palou-Loverdos, director del Memorial Democràtic, ha inaugurado la presentación recordando que el acto se enmarca dentro de un proyecto que la institución lleva a cabo para “el requerimiento de que la Ley de amnistía sancionada en 1977 deje de tener la interpretación que tiene hoy en día”. En efecto, Palou-Loverdos empezó por el principio. Si ayer tuvo lugar la presentación de una Querella que ha nacido en Argentina y no en España es porque el Gobierno del PP y el sistema judicial de este país utilizan la Ley de Amnistía como una ley de punto final, no aplicable a crímenes de lesa humanidad, como lo es el de la desaparición de 150 mil personas durante el régimen franquista.
El exfiscal jefe del Tribunal Superior Justicia, José María Mena, también criticó- al iniciar su intervención- la interpretación dada a la normativa por el Gobierno de Rajoy. “Una cosa es la verdad que todos sabemos y otra es la judicial, que no tenemos. Según el Gobierno, la memoria histórica está suficientemente saldada con la Ley de Memoria Histórica. El Gobierno dice que ni esta norma ni la de Amnistía son leyes de punto final porque una ley de este tipo es siempre la creación de una dictadura para su autoperdón y su futura autoimpunidad. Rajoy, en cambio, afirma que la Ley de Memoria Histórica fue libremente pactada por partidos democráticos durante la Transición. Pero el pequeño detalle es que se sancionó en 1977 y la Constitución es del 1978”, advierte Mena.
La segunda crítica disparada hacia la política del PP en materia judicial, ha sido sobre la modificación del artículo 23.4 de la Constitución acerca de Justicia Universal, según el cual los crímenes en masa podían ser investigados en cualquier país cuando no fueran debidamente perseguidos en su propio lugar. José María Mena recuerda cómo, gracias a la lucidez de un joven fiscal que, a pocas calles de donde ayer se celebraba la conferencia, le presentó hace casi diez años una denuncia contra los genocidas de Argentina y Chile, basada en el principio de la Justicia Universal, que la Constitución española defendía. “Lió el gran terremoto del Derecho penal, el más importante después de Nuremberg. Nunca lo olvidaré”, evoca el ex fiscal.
José María Mena explicó que, en su día, la primera crítica que se le hizo a la Justicia universal fue que, desde la perspectiva europea, se trataba de un verdadero colonialismo jurisdiccional. “Pero, en la práctica, eso no tiene sentido porque lo cierto es que la Justicia universal sí se admite para África o América Latina, y no para las torturas de Guantánamo o las masacres de Palestiina o Tibet”, puntualiza Mena. “Cuando Zapatero tenía que aterrizar en Tel Aviv y le dijeron que no tomaría tierra allí si no quitaba el articulito de la Constitución, salió una reforma parcial del artículo 23.4 en el BOE ese mismo día. Luego, ya en tiempos de Rajoy, cuando la Audiencia nacional dinamizó la causa contra los crímenes del Tíbet, los chinos los amenazaron con retirarles el préstamo y acto seguido se modificó la ley para que resultara inaplicable”, denuncia.
Para concluir su intervención, el ex fiscal general, quiso dejar pese a todo abierta la esperanza a que, también desde los Juzgados españoles, pueda moverse la losa impuesta a la memoria del país. “Lo que hasta aquí había sido imposible y la causó la carrera a Baltasar Garzón hace pensar que en España está todo perdido. Pero las leyes siempre se pueden interpretar en un sentido u otro, algún juez encontrará un recoveco y estos juristas de Argentina nos van a enseñar cuál es el modelo”, recalcó.
Carlos Slepoy es uno de ellos. Junto a otros abogados, en el año 2010 presentaron la Querella contra el franquismo en los Tribunales de Buenos Aires y, desde entonces, mantienen un arduo proceso en el que los principales obstáculos los pone el Gobierno y la Justicia españoles. Despùés de que el actual fiscal general, Torres Dulce, sentenciara en abril del 2012 que los juristas argentinos debían inhibirse del caso porque atañaba únicamente a la jurisdicción española, la Jueza María Servini de Cubría planteó hacer videoconferencias para que las víctimas declararan y el Gobierno español también se opuso.
Pero ante cada traba interpuesta por el Gobierno de Rajoy, la Querella argentina se ha hecho más fuerte. A partir de la prohibición de las videoconferencias, los querellantes empezaron a viajar a Argentina para prestar declaración y se entrevistaron directamente con la jueza, lo cual, para Slepoy, es “un acercamiento. a la verdad judicial porque, por fin, las víctimas están pudiendo ser escuchadas por la Justicia”.
El último bloqueo de la Justicia española a la búsqueda de verdad y reparación histórica, ha sido la negación de las solicitudes de extradición y detención de los torturadores Billy el niño y González Pacheco. La Audiencia nacional dictaminó que sus crímenes han prescrito por ser delitos aislados. “Esto era infumable- denuncia Slepoy- fusilamientos, represión de movimientos populares y denuncias de múltiples torturados no pueden ser considerados como aislados”.
Pero, al igual que en las anteriores negativas por parte del Gobierno del PP, los querellantes argentinos no se dan por vencidos. “Hemos hecho 20 solicitudes de extradición y estamos en tramite de exigir que se lleven a cabo. Hemos tenido reuniones con diversos partidos de la izquierda que nos apoyan y con el PSOE, que se lo está pensando”, explica Carlos Slepoy. En breve, además, se va a presentar una iniciativa en el Parlamento europeo a través de Izquierda Unida y Podemos para exigir que se proceda a las detenciones y la Querella cuenta actualmente con más de cien ayuntamientos que la apoyan.
En este sentido, el abogado argentino tiene motivos para ser optimista, sumados a los que trae de su experiencia con la dictadura argentina y el excepcional trabajo que en su país se está haciendo para la obtención de verdad y justicia. “Quiero recordarles que nosotros tuvimos que esperar trece años desde el fin de la dictadura para mover una situación que parecía inamovible. También las leyes de punto final habían sido establecidas por un gobierno democrático y, sin embargo, hoy hay más de 500 condenados, mil procesados y juicios en todo el país”, constató Slepoy. “ En España puede suceder lo mismo y tenemos la sensación de que va a haber cambios políticos muy importantes y muy pronto en este pais que van a favorecer esta causa”, auguró.
