“El Rey no sabe lo que lee y la Infanta no sabe lo que firma”. Esta reflexión humorística de El Gran Wyoming ilustra el grado de desconcierto de la monarquía española y su lento declive de manzana que se va pudriendo con cada nuevo escándalo en forma de gusano.Este martes
“El Rey no sabe lo que lee y la Infanta no sabe lo que firma”. Esta reflexión humorística de El Gran Wyoming ilustra el grado de desconcierto de la monarquía española y su lento declive de manzana que se va pudriendo con cada nuevo escándalo en forma de gusano.Este martes el juez volvió a imputar a Cristina de Borbón, que el 8 de marzo –coincidiendo con el día de la Mujer Trabajadora– tendrá que declarar en Palma de Mallorca por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales por los negocios de su esposo.
Para la hija menor del Rey es la segunda imputación en menos de un año ya que el pasado abril se intentó dilucidar si había sido cooperadora necesaria en los negocios de su marido en el Instituto Nóos, entidad teóricamente sin ánimo de lucro pero que recibió más de siete millones de euros de los gobiernos balear y valenciano, parte de los cuales se destinaron a varias empresas privadas como por ejemplo Aizoon. Entonces, la Audiencia Provincial de Palma impidió que Cristina tuviera que comparecer.
En esta ocasión, según el magistrado José Castro existen indicios suficientes para citarla a declarar por unos supuestos delitos que habría cometido a través de Aizoon, la empresa que poseía al 50% con Urdangarín y que presuntamente se financiaba de manera ilícita. En un generoso auto de 227 páginas, el juez considera que los delitos contra la Hacienda Pública imputados a Iñaki Urdangarín “difícilmente se podrían haber cometido, sin cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa por mucho que, de cara a terceros, mantuviera una actitud propia de quien mira a otro lado”.
Vajilla, merengues y Harry Potter
Según Castro, los duques de Palma llevaron a cabo “un reparto fáctico, fiscalmente opaco, de dividendos sobre la base de la disposición de fondos de Aizoon para atender gastos personales”, unas facturaciones que supusieron “una doble defraudación en IRPF e Impuesto de Sociedades”. Entre los gastos que cargó a la sociedad mercantil, figuran ramos de flores, entradas para ver ‘El rey León’ en Broadway, una tintorería en Filadelfia, un safari en el Parque Krueger, vajilla de cerámica noble y otros caprichos más terrenales como clases de merengue y salsa en su casa, un casco de moto, libros de Harry Potter para sus hijos, un catering de sushi, tickets de parquímetro de precios irrisorios (60 céntimos) o 22 descargas de iTunes. Unos gastos “absolutamente ridículos” en opinión de Urdangarín que el pasado mayo tuvo que pagar una fianza de 6,7 millones de euros junto a su exsocio Diego Torres. Sin olvidar que la estancia de Cristina de Borbón en Ginebra (Suiza) -por razones estrictamente laborales según la Casa Real- supone un gasto anual de 480.000 euros (120.000 del colegio de sus cuatro hijos) más 60.000 del alquiler de la casa que paga La Caixa mientras que el Estado aporta otros 300.000 euros para garantizar la seguridad de la familia. O de ‘La Familia Irreal’, tal y como los ha bautizado una parodia teatral que se emitió por TV3 precisamente el día de Reyes.
El magistrado también incluye otras conclusiones igual de jugosas que justificarían la imputación. “Doña Cristina intervino en su propio beneficio y facilitando los medios para que lo hiciera su marido…prestándose a que Aizoon sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de delitos fiscales”. Y más adelante señala que “según testigos presenciales, la propia Cristina de Borbón contrató a personal del servicio doméstico al que anunció que si superaba un período de prueba, le pagaría sus salarios ‘en negro’”.
Lejos de pensar que la Infanta merezca un trato judicial diferente y pese a recalcar su presunción de inocencia y “la oportunidad de facilitar explicaciones sobre los hechos”, Castro recuerda que precisamente es ese tipo de personajes públicos y de gran relevancia mediática “quienes están llamados a observar un especial cuidado para no situarse en órbitas comprometedoras”. Sus abogados –entre los que se encuentra Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución– ya han avisado que presentarán recurso y que la hija del Rey quiere “que se haga justicia”. Todo sea para librarla del “martirio” que supone la investigación judicial, en palabras de la Casa Real.
Dimensiones internacionales
El caso ha acaparado las portadas de los principales medios internacionales, que advierten que puede pasar factura a la institución. Para Le Monde, “la monarquía española se ha visto sacudida por las acusaciones de evasión fiscal y blanqueo de capital” mientras que para The Washington Post se trata del “último golpe a la reputación de la familia real y ha dañado seriamente la imagen de Juan Carlos, una de las figuras más respetadas de España”.
La BBC decidió abrió su web con esta noticia, remarcando que es la primera vez en la historia que un pariente directo del rey deberá comparecer ante un tribunal acusado de mala conducta. El Corriere della Sera explica que la Infanta se enfrenta a seis años de prisión y Bloomberg pone el dedo en la llaga y habla de situación límite. “La presión está aumentando sobre la monarquía española, que ha visto caer su apoyo público en medio de la investigación de corrupción” al mismo tiempo que “su enfermo rey se esfuerza por llevar a cabo sus funciones”.
En este sentido, la última encuesta del CIS publicada el 5 de enero –día en que Juan Carlos cumplía 76 años– otorga a la monarquía un apoyo del 41,3%. El porcentaje de encuestados que pide su abdicación sube 17 puntos y se sitúa en un 62%, disparado hasta el 78,5% en el segmento de población más joven (entre 18 y 29 años). El 56,2% de los encuestados tiene una opinión regular, mala o muy mala del reinado de Don Juan Carlos, nada que ver con el 76% de simpatía que generaba su Majestad antes del episodio de Botswana. Claro que matar elefantes no resulta especialmente compatible con ser presidente honorífico de la World Wildlife Fund (WWF), cargo que sus socios suprimieron por una abrumadora mayoría (un 94%, 226 votos a favor y 13 en contra).
La estadística llegó justo después del tradicional discurso navideño: un año más tarde de mandarle un recado a Urdangarín (le dijo que la justicia era igual para todo el mundo), el Rey aseguró que la salud moral de una sociedad “se define por el nivel del comportamiento ético de cada uno de sus ciudadanos, empezando por sus dirigentes, ya que todos somos corresponsables del devenir colectivo”. Un ejemplo con el que la Infanta Cristina no parece predicar: según El Mundo, los Duques de Palma celebraron la Nochevieja en el hotel Intercontinental París Le Grand, donde cenaron cangrejo relleno de caviar en un menú selecto que costó 495 euros por persona.
Por si fuera poco, el deterioro de la institución (sacudida anteriormente por el divorcio de la infanta Elena y el famoso ‘Marichalazo’, Sabina dixit) se suma a la degradación física de Juan Carlos. Este martes el rey titubeaba y tuvo problemas para pronunciar el discurso de la Pascua Militar en el primer acto oficial del 2014. Todavía convaleciente y con muletas después de su última operación de cadera del pasado noviembre, habló con voz entrecortada, se trabó y confundió algunas palabras. Fuentes de la Casa Real atribuyeron esos problemas a la falta de luz en el atril sobre el que descansaba el texto. Las mismas pocas luces que tuvo al posar orgulloso ante el paquidermo cazado y al proclamar hace unos años que el castellano nunca había sido una lengua impuesta.
La Marca España, bajo mínimos
La mala salud de la monarquía significa el tiro de gracia para la Marca España, ya mortalmente herida por diversos sucesos mal gestionados en los que la autocrítica ha brillado por su ausencia: el desliz ideológico de su primer director adjunto, que en Twitter proclamó “catalanes de mierda”, el conflicto con Gibraltar por el peñón, el trágico accidente ferroviario de Galicia, las reformas involucionistas del PP en materia social y económica, su cerrazón ante el proyecto soberanista catalán, las lúcidas embestidas dialécticas de Aznar o las exigencias económicas de Sacyr en las obras de ampliación del Canal de Panamá. El episodio más reciente roza lo surrealista: el gobierno chileno que preside Sebastián Piñera obliga a la constructora española Azvi a corregir los defectos de fabricación del primer puente levadizo de la historia de Chile porque instaló las plataformas de construcción invertidas. La cotización de la marca ha caído un 20% (de 661.000 millones de euros el 2012 a 528.000 a finales del 2013) y en el ránking mundial ocupa el decimoctavo puesto.
La sobrevalorada imagen del monarca como símbolo cohesionador de la democracia (después de la dictadura y del golpe de Estado de 1981) ya es de color sepia. Sí, Spain is different porque entre otras cosas todavía tiene rey.
