El escenario de paro y recortes sociales marcado por la crisis y las medidas económicas impuestas hizo que en el primer semestre de 2014 más de 26.500 hogares españoles se vieran obligados a entregar su vivienda a la entidades bancarias, ante la incapacidad de sus propietarios para poder hacer frente a los pagos de las hipotecas.
El escenario de paro y recortes sociales marcado por la crisis y las medidas económicas impuestas hizo que en el primer semestre de 2014 más de 26.500 hogares españoles se vieran obligados a entregar su vivienda a la entidades bancarias, ante la incapacidad de sus propietarios para poder hacer frente a los pagos de las hipotecas. Así, entre enero y junio de este año, se produjeron 26.549 entregas de casas, un 24,4% menos que durante la primera mitad del 2013 (35.000 viviendas). Una cifra que hay que sumar a los cientos de miles que ya se han producido desde que empezó la crisis y el creciente número de desahucios por alquiler.
Una tendencia contraria se produce en la ejecución hipotecaria de segundas viviendas, que no solo no retrocede sino que incluso se incrementa un 0,8 %, hasta los 6.984 inmuebles embargados. El mismo incremento se da con los desahucios forzosos, que pasaron de los 1.041 desalojos entre enero y junio del 2013 a los 1.218 que se produjeron en los seis primeros meses de este año, un incremento del 18 %. Este dato, sólo en lo relativo a las viviendas habituales, es decir, aquellos casos en los que la familia se queda en la calle, porque el aumento es todavía mayor en lo que respecta a los desahucios de segundas viviendas, que se incrementaron un 37 %, llegando a los 329 desalojos.
Unos indicadores “especialmente preocupantes por el descenso de las daciones en pago” señala la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que considera que “esto significa que la mayor parte de las familias que se ven obligadas a entregar sus viviendas además se quedan con una deuda impagable de por vida, sumando al ya de por sí grave problema habitacional y riesgo de exclusión al que se ven abocadas”.
Según los datos hechos públicos por el Banco de España la pasada semana, dos terceras partes de las viviendas entregadas eran el domicilio habitual, esto es 19.565 propiedades, mientras que las 6.984 restantes eran otro tipo de viviendas, por ejemplo, segundas residencias. La mayor parte de las entregas de vivienda se produjo tras decisión judicial pues hubo 17.472 desahucios (un 65,8% de los casos), pero también tras llegar a un acuerdo con el banco para entregarla, lo que sucedió en 9.077 ocasiones. De éstas, 7.207 de ellas fueron daciones en pago (entrega de la propiedad a cambio de la cancelación de deuda), frente a las 11.348 del primer semestre del 2013. A pesar de estos números, el Banco de España remarca que nueve de cada diez viviendas que tuvieron que ser entregadas a la entidad que las financió estaban vacías en el momento en que se consumó la ejecución. El supervisor bancario constata también un descenso en la conflictividad de los desahucios, ya que “solo en 16 casos fue necesaria la intervención de las fuerzas del orden para efectuar el desalojo, un 82 % menos que en el primer semestre del año anterior”.
Para la PAH el incremento de un un 18% en el número de viviendas habitadas en el momento de la entrega judicial “es un claro reflejo de la pasividad de las instituciones públicas, que ante el drama habitacional de miles de familias siguen sin llevar a cabo medidas valientes para garantizar el acceso a una vivienda a través de políticas públicas”. En este sentido, desde la plataforma se denuncia que el hecho de hablar de 19.565 entregas de vivienda, no refleja si se ha ofrecido una vivienda alternativa a las personas forzadas a abandonar sus hogares, una práctica que encubre desahucios silenciosos, “especialmente preocupantes” en el caso de 1.218 viviendas ocupadas cuando se produjo el desahucio.
A pesar de que los datos publicados por el Banco de España (estadísticas parciales y que provienen de la información facilitada por las entidades financieras, que gestionan el 85% del crédito hipotecario en España) pretenden mostrar una tendencia al descenso en el número de ejecuciones hipotecarias como otro indicador más de la recuperación económica, desde la PAH se denuncia “que no hay nada que celebrar con estos datos: más de 26.500 familias han perdido su casa durante el primer semestre de 2014 y sin contar los desahucios de alquiler, según los datos del Consejo General del Poder Judicial del primer semestre de 2014, suponen un 53% del total. Por lo tanto, la emergencia habitacional, lejos de disminuir está aumentando”.
A pesar de las sentencias judiciales europeas y de la activa movilización social, la PAH recrimina a las administraciones públicas que ”en España siguen ejecutándose todos los días desahucios. Las leyes aprobadas por el actual gobierno como supuestas medidas para paliar la emergencia habitacional no han sido más que parches que no han impedido que miles de familias se queden en la calle y con deudas de por vida sin ninguna alternativa habitacional por parte de las administraciones”.
En este sentido, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca insiste en que “hace más de 3 años que la PAH hizo una propuesta de mínimos, la ILP, apoyada por más de 1 millón y medio de firmas. Estas 3 propuestas, dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y políticas activas de vivienda pública, siguen siendo de vital necesidad para miles de familias y una exigencia legítima por parte de toda la sociedad”.
