La asamblea de trabajadores de Justicia protestó ayer jueves contra la política de recortes que impulsan de forma conjunta Gobierno y Generalitat, con un juicio del pueblo a la Justicia, un acto simbólico que sirvió para recordar 20 meses de protestas del colectivo de funcionarios y que acogió también una charla que contó con la presencia de activistas sociales, como Ada Colau, Esther Vivas o Albert Sales.
Un centenar de personas se congregó frente a las puertas de la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet del Llobregat para rechazar las políticas de austeridad y reivindicar una justicia independiente del poder político y económico y defensora de los derechos humanos y sociales y que no sirva de “brazo represor del Estado capitalista”. Una tarde, y noche, de movilización organizada por la Assemblea de Treballadores i Treballadors de la Ciutat de la Justícia (ATCJ), que ya celebró el pasado año un primer juicio, y que demandaba así “una justicia que debe proteger al pueblo, garantizar los bienes públicos y condenar la corrupción de forma ejemplar”. Albert Fages, miembro de la ATCJ, explicó que “la protesta va más allá de una mera cuestión laboral y está en estrecha relación con la oleada de movilización surgida a raíz del 15M. Nuestro objetivo es una justicia que sirva a los ciudadanos”. Otro miembro de la asamblea, Rubén Sánchez, incidía en la misma idea: “formamos parte de un mismo movimiento que continúa la lucha por unos derechos básicos”, y lamentaba que los recortes, a nivel laboral, “no parecen tener vuelta atrás”. Para la ACTJ, su movilización, “permanente desde hace 20 meses” sirve para “concienciar a la sociedad que sin lucha no se conseguirá un nuevo modelo de Justicia que piense en el 99% de las personas y no, como hasta ahora, en el 1%”.
El juicio quiso dar voz a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), yayoflautas y familias afectadas por distintos procesos judiciales que denunciaron la Justicia a “dos velocidades, una para ricos y otro para pobres” y el distinto tratamiento que reciben “según los privilegios con que se cuente”. Así la asamblea atacó a “una Justicia vendida a las órdenes de los partidos que gobiernan con demasiados casos de corrupción a sus espaldas, una Justicia dependiente y contaminada que crea impunidad y genera impotencia, y que tiene la cara sucia”. Una problemática subrayada, según miembros de la asamblea, por la imposición de medidas, como las tasas judiciales, y acentuada por la precarización de la función pública. En este sentido, Albert Sales, profesor de Sociología de la Universitat Pompeu Fabra, denunció “el relato impuesto de esta crisis, considerada como una simple catástrofe natural” desde el ámbito político neoliberal y la deriva hacia la caridad que están tomando las políticas sociales públicas.
Sales explicó que la progresiva desaparición del Estado del Bienestar “aumenta la vulnerabilidad de amplios estratos de la sociedad” y que de ahí a entrar en la categoría de nuevos pobres hay, apenas, “un paso”. Unos nuevos pobres que el discurso neoliberal “aparca” y que “son sometidos con una política punitiva, copiada de los Estados Unidos, que ha llevado a España a tener el índice más alto de población carcelaria de toda Europa, con 160 presos por cada 100.000 habitantes”.
La activista social Esther Vivas explicó, por su parte, que “hoy la crisis es la excusa perfecta para precarizar nuestros derechos y aplicar las políticas deseadas por el neoliberalismo” y consideró que “ahora se vive un conflicto entre legalidad y legitimidad, que el Estado busca criminalizar persiguiendo la protesta pero que no tiene efecto”. Vivas celebró que “uno de los éxitos del 15M ha sido recuperar la confianza en el valor de la lucha y de la protesta social. Antes mucha gente se veía derrotada. Sin embargo esto ha cambiado. Aunque cambiar la política requiere tiempo y paciencia”. En relación con el 15M, la activista afirmó que “una de sus grandes victorias ha sido frenar el auge del fascismo en España”, aunque observó que en Grecia, ejemplo continuo de la crisis y de las repercusiones sociales causadas por las políticas impuestas por el eje Bruselas-Berlín, Amanecer Dorado ya sería la segunda fuerza más votada tras la coalición de izquierdas Syriza.
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