Unos 300 trabajadores de todos los ámbitos de la Función Pública se han concentrado en la plaza de Sant Jaume para protestar contra los últimos ajustes impuestos por la Generalitat, que introducen, entre otras medidas, la supresión de una paga extra, y defender unos presupuestos sociales.
Los sindicatos se reunirán el próximo martes con la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, que preside la Mesa General de la Función Pública, con el objetivo de revertir las medidas acordadas por el Ejecutivo catalán el pasado mes de febrero y que pueden ocasionar “consecuencias imprevisibles” en el funcionamiento de la Administración Pública, según advirtió Xavier Cases, responsable del sector de la Generalitat de la UGT de Cataluña. Los representantes sindicales mantienen así la denuncia sobre los recortes salariales y de derechos aplicados a los funcionarios que les ha llevado a mantener desde el martes un encierro en la conselleria de Empresa y Ocupación, abandonado tras pactar la reunión con la vicepresidenta Ortega. Para Cases, la reunión que mantendrá la Plataforma Sindical Unitaria, convocante de la concentración bajo el lema ‘No ens fiqueu la mà a la butxaca’, servirá para “llevar a cabo por primera vez una negociación y para que la Generalitat de la cara de una vez, y deje de lado la imposición”. Una negociación considerada “imprescindible” por Xesús González, coordinador del Área Pública de CCOO de Catalunya, que abundó en la idea que “hay margen económico para llegar a un acuerdo, ya que la Generalitat conseguirá unos 600 millones de euros gracias a la ley de imposición bancaria y otros 600 con la recuperación de la ley de sucesiones. Para arreglar la nómina de los empleados públicos sólo son necesarios unos 420 millones de euros”. Para el responsable de CCOO, es “necesario que la Generalitat entienda la realidad” y se muestre dispuesta al diálogo y a “desbloquear una situación que afecta a casi 200.000 personas”.
En la reunión prevista para el martes 18 de junio, los sindicatos mantendrán su exigencia de la retirada de la supresión de la paga, así como la mejora de las condiciones de conciliación entre vida laboral y personal y la defensa de la ocupación pública y de unos servicios públicos de calidad. Ante la perspectiva que la reunión pueda quedar en una simple toma de contacto, Cases incidió en que la Generalitat será “la única responsable del fracaso” después de unos meses en que se les ha negado el diálogo. Tanto Cases como González valoran de forma positiva el inicio de conversaciones y confían que la Generalitat se muestre receptiva a algunas de sus propuestas, después de “imponer medidas con una actitud dictatorial”. Los sindicatos, que este sábado tienen prevista una nueva movilización, mantienen así su presión para intentar alcanzar un acuerdo que evite los recortes y “medidas preventivas” como la supresión de la paga hasta conocer el carácter y la orientación de los presupuestos de la Generalitat para este 2013.
La supresión de la paga extra supondrá una merma salarial de entre el 6% y el 7%, según la Plataforma Sindical Unitaria, y el ejecutivo catalán pretende fraccionarla descontando media paga en la extraordinaria de junio y la otra media, en la de Navidad. Mientras que los sindicatos se mantienen a la expectativa y no descartan impulsar acciones de protesta más contundentes si fracasan las anunciadas conversaciones, la Generalitat mantiene que con el déficit impuesto este año desde Madrid, e inspirado, a su vez, por Bruselas, no le queda otra que recortar gastos y personal. El ejecutivo de Artur Mas busca con estas medidas, a las que se unen otras como la reducción al mínimo de la contratación de interinos, el no cubrir jubilaciones o congelar las aportaciones al fondo de pensiones, reducir a la mitad el gasto público y frenar la destrucción de empleo. En este sentido, el conseller de Empresa y Ocupación, Felip Puig, valoró que “la reforma laboral emprendida por el gobierno español era necesaria” y que así se ha frenado el crecimiento del paro. Para Puig, “sin reforma se destruyeron en dos años más de 370.000 puestos de trabajo, mientras que desde que se impulsó la reforma se han destruido 70.000”.
