Una parte del estamento judicial no descarta medidas de presión como la huelga, si el gobierno no atiende sus reivindicaciones laborales.
Una parte del estamento judicial no descarta medidas de presión como la huelga, si el gobierno no atiende sus reivindicaciones laborales.
En una acción hasta la fecha insólita en el ámbito de la justicia española, la asociación progresista Jueces por la Democracia (JpC) presentó el pasado 12 de noviembre, ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, una demanda de conflicto colectivo contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a los que acusa de incumplir sus obligaciones como garante de unas condiciones de trabajo dignas para el cuerpo judicial.
Según JpD, la escasez de medios de la administración de justicia, así como el incremento de los litigios y casos de corrupción, han provocado la saturación de los juzgados, con lo cual se redobla el trabajo de jueces y magistrados. Esta sobrecarga laboral implica riesgos de salud para el personal judicial y obstaculiza el correcto ejercicio de sus funciones. Sobre esta queja responde Àngels García Vidal (Valencia, 1966), titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona y miembro del Secretariado de Jueces por la Democracia.
Pregunta: La demanda se interpone «a causa de la grave sobrecarga de trabajo que hay en los juzgados y la falta de medios que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales, pero especialmente a las causas por corrupción«. ¿Por qué se demanda a la par al Ministerio de Justicia y al CGPJ?
Àngels García Vidal: La demanda se interpone a la vez contra el CGPJ y contra el Ministerio de Justicia porque ambas instituciones comparten responsabilidades desde el punto de vista empresarial en relación al colectivo judicial. El vigente articulo 560.21º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) atribuye al CGPJ, entre otras competencias, la de elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que puede suportar un órgano judicial.
El CGPJ, como órgano de gobierno titular de competencias sobre la inspección, nombramientos, formación, potestad reglamentaria, determinación de la carga de trabajo, etc., es responsable de los riesgos laborales de los jueces, entre los que se encuentran los riesgos psicosociales. Al Ministerio de Justicia compete el abono de retribuciones, y además, junto con las comunidades autónomas, es el titular de los centros de trabajo y de los medios materiales. En cuanto se determine una carga máxima de trabajo, se hará patente la falta de jueces que desde hace mucho tiempo venimos denunciando. Y sí, la creación de nuevas plazas para corregir esta situación tiene, lógicamente, un coste económico que corresponde asumir al Ministerio.
La demanda se presenta ante la jurisdicción social, como una demanda laboral. ¿Jueces por la Democracia podría llegar más lejos, pidiendo al colectivo el empleo de medidas de presión laboral tradicionales, como los plantes y huelgas?
Tras la presentación de la demanda, confiamos en que tanto el CGPJ como el Ministerio cumplan con sus obligaciones legales. De hecho, ya se han dado algunas reacciones positivas, como el hecho de que el CGPJ haya entregado a las asociaciones judiciales un borrador de plan de prevención de riesgos laborales, que se pretende aprobar en enero de 2015. Por lo tanto, en este momento no nos hemos planteado el uso de medidas de presión como ir a la huelga, pero no las descartamos para el futuro, si el resultado de este proceso no fuera satisfactorio.
La demanda es novedosa, porque los jueces no son un colectivo muy dado a la protesta. ¿A qué se debe ese silencio tradicional? ¿Es apego a la disciplina, falta de conciencia social…?
Sí, se trata de una demanda novedosa. Y es cierto que el colectivo judicial tradicionalmente ha venido soportando de un modo estoico la sobrecarga de trabajo y la escasez de medios, sin protestar mucho. Pero la situación se ha visto agravada debido a la crisis económica, que ha incrementado los litigios de forma exponencial, y también debido a los numerosísimos casos de corrupción.
Como ponemos de manifiesto en nuestra demanda, según el último informe del CGPJ, cerca de la mitad de nuestros órganos judiciales están trabajando entre el 150 y el 200 por cien del indicador de carga de trabajo razonable. Y el excesivo volumen de trabajo de los juzgados está afectando muy negativamente a la salud de los jueces, que paradójicamente somos el único colectivo que carece de evaluación de riesgos laborales y de planificación de la actividad preventiva. De hecho, ya se han dado casos de accidentes laborales de compañeros, como la muerte por infarto del juez Ángel Luis del Olmo, titular del Juzgado nº 35 de lo Social de Madrid, quien, como relatamos en nuestra demanda, falleció en su lugar de trabajo un día en el que tenía diecinueve juicios por delante, y estando su juzgado afectado por una carga del trabajo del 206,26 % en relación a los módulos de productividad fijados por el propio CGPJ. Es evidente que en esas circunstancias no se pueden resolver los asuntos de forma satisfactoria y en un plazo razonable, si no es a costa de la salud de los jueces.
Redundando en la pregunta anterior: solo demanda Jueces por la Democracia, aunque se emplaza a otras asociaciones judiciales para sumarse o hacer alegaciones. ¿Tenéis noticias de reacciones y/u opiniones en tales ámbitos con respecto a esta iniciativa?
De momento no hay una respuesta pública de las demás asociaciones judiciales, pero me consta que, en privado, muchos compañeros asociados y no asociados han aplaudido nuestra iniciativa y han mostrado su adhesión a nuestros planteamientos.
¿Cuántos casos de corrupción hay en proceso?
Según datos del CGPJ, a mediados de 2014 había unas 1.700 causas por corrupción abiertas en España.
Desgraciadamente, y a pesar de tener el número más elevado de casos por corrupción, estamos a la cola de Europa en cuanto a número de jueces por habitante, por detrás de países como Moldavia y Albania. A ello se unen unas leyes procesales anticuadas, que permiten a los corruptos alargar los procesos, y unos medios informáticos insuficientes y descoordinados, que no facilitan en absoluto la necesaria agilidad y rapidez de los procedimientos.
Para la opinión pública es muy importante la cuestión que acabas de citar: se han dado procesos de corrupción alargados casi sine die, que acaban con los delitos prescritos gracias a la habilidad de los abogados. Por ejemplo: uno de los casos más sonados favoreció a Gabriel Cañellas, expresidente de la comunidad autónoma de Baleares, cuyo delito prescribió. ¿Pudo haber complicidad judicial en algunos de esos casos? ¿Un juez no puede parar las maniobras dilatorias de los abogados?
Es cierto que en ocasiones podemos tener la sensación de que los abogados intentan maniobras dilatorias en los casos de corrupción, pero mientras no se aborden las reformas legislativas necesarias, los procesos que tenemos son los que son, y los jueces debemos respetarlos.
¿Crees que los ciudadanos ven a los jueces como la última defensa de sus derechos y de la dignidad de la sociedad? ¿Crees que el colectivo, en líneas generales, obra en consonancia con esa visión?
Sí, en efecto, se dice que los jueces somos la última trinchera del Estado de Derecho porque es a los juzgados donde acuden los ciudadanos en última instancia, cuando sienten que los demás instituciones, públicas o privadas, les han fallado. En ese sentido, es una gran responsabilidad la que asumimos y creo que, en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, tiempos de crisis económica y corrupción, el colectivo judicial en general ha respondido con la sensibilidad y la firmeza que los ciudadanos demandan. Cabe pensar, por ejemplo, en los complejos casos de corrupción que se están resolviendo a pesar de todo y gracias al esfuerzo ingente de jueces y magistrados.
