“Hacemos esta huelga para que TMB se siente a negociar”. Esta es la principal -y más urgente- demanda de los trabajadores del metro de Barcelona (bajo el paraguas de un comité que une diversos sindicatos) tras cuatro días consecutivos de cese parcial del servicio.
La respuesta de la empresa -según la secretaria de la sección sindical de la CGT del metro de Barcelona, Victoria Rodríguez-, el absoluto silencio y la negativa a acordar condiciones mientras haya en pie una huelga (lo que incluye los 12 días de antelación obligatorios para convocarla). Pero, ¿cuáles son exactamente estas condiciones? ¿Qué piden los trabajadores?
Primero, el fin de la congelación salarial que sufren desde hace cuatro años. En este sentido, Rodríguez se ha referido a la necesidad de incrementar un sueldo base “insuficiente” y maquillado de cara a la opinión pública, a la que se le trasladan cifras en las que ya se han sumado extras por nocturnidad o trabajar en jornadas festivas: “hacemos un trabajo de 365 días y prácticamente 24 horas. Eso debe pagarse”, dice. Además, los empleados en trenes y estaciones de Barcelona tienen una responsabilidad civil y penal respecto a cualquier suceso que pueda acontecer, lo que -según ella- también debe verse reflejado en su nómina.
El segundo aspecto a negociar es -en palabras de la secretaria- “la precariedad”. “Hay gente que lleva trabajando en TMB seis, siete u ocho veranos con la promesa de ser contratados. Y, ¿qué pasa? Este empleo es mejor que los trabajos de los que suelen venir, los dejan para estar tres meses en el metro y después vuelven a verse colgados. Nunca podrán tener una vida laboral normal, porque no pueden decidir sobre su futuro con toda la información en la mesa”, explica. En estas condiciones -fuera del convenio colectivo- se encuentran 300 personas, aunque recientemente una sentencia haya declarado esta situación ilegal. Por otro lado, Rodríguez denuncia el hecho de que a partir de la aplicación de la última reforma laboral, hayan aumentado las contrataciones al 75% de la jornada: “cada vez que hay una jubilación -dice- se va alguien que trabajaba ocho horas y entra otro que trabaja seis”. Las consecuencias las paga el usuario, pues el servicio se precariza.
Lo que llaman “cambios organizativos” son la tercera demanda del comité de trabajadores del metro o -en otras palabras- que la empresa no tenga potestad para “hacer lo que quiera con el personal”. En una compañía de 3.400 trabajadores e incontables departamentos, existen acuerdos prácticamente para todo (incluso para el tiempo de descanso de cada empleado), y la petición es que el comité siga teniendo el poder para formularlos y mantener lo ya pactado. Por último, los sindicatos piden la ultraactividad del actual convenio colectivo que -con la reforma laboral- podría decaer pasado un año.
Al finalizar la tercera convocatoria de huelga en la capital catalana en tres meses, la solución queda aún muy lejos. Desde que los trabajadores denunciasen el convenio en septiembre del 2015, ninguna de las dos propuestas presentadas por el comité de empresa en ocho meses ha sido aceptada por la asamblea: la última, pedía suspender las huelgas durante un año para mantener “la paz social”, concepto que ha levantado ampollas. Respecto al papel del Ayuntamiento, Rodríguez lamenta que el consistorio no haya ejercido presión para sentar a TMB a la mesa: “sólo nos han recibido cuando hemos ido con una manifestación. Antes, tuvimos que reunirnos en un bar con uno de los asesores de Mercedes Vidal y de lo que nos dijeron que se haría no se ha hecho nada”. El contacto entre empresa y trabajadores necesita una mediación de la Generalitat que no llega y el consistorio carece -según CGT- de experiencia y actitud. “El primer día que nos vimos, Vidal nos dijo que no tenían personal cualificado para tratar este asunto”, aseguran después de lamentar que “hayan cogido un camino del que no se quieren mover”. ¿Podrían haberse evitado las huelgas si el Ayuntamiento se hubiese apoyado en asesores especializados? El sindicato cree que sí.
La situación de los trabajadores del metro de Barcelona es -por lo menos- insólita. Como empresa pública municipal, TMB gestiona la Sociedad Anónima Ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona: “no somos funcionarios ni trabajadores privados, nos llevamos lo peor de las dos partes”, denuncia Rodríguez. Hoy en día, el metro sólo recibe alrededor del 30% de su financiación de fondos públicos y -el resto- proviene del gasto de los cinco millones de usuarios diarios en billetes o los pequeños espacios publicitarios que se alquilan. “Si no tuviésemos que pagar el alquiler de los metros, no necesitaríamos prácticamente ayuda pública para mantener la empresa”, asegura Rodríguez tras cuestionar la gestión y la externalización de diversos servicios -como la seguridad, la limpieza o el mantenimiento de trenes- los últimos años. Según el comité, el personal se ha reducido en unos 400 trabajadores.
Sin embargo, dice Rodríguez que cada vez hay más directivos, casi más oficiales que soldados: TMB es un cementerio de elefantes para gente de todos los partidos y sectores de la sociedad (aseguran desde CGT que las nuevas líneas automáticas las controlan las altas esferas eclesiásticas, y por eso escasea la contratación de mujeres). Sueldos millonarios, contratos blindados y -sobretodo- falta de transparencia; aunque una inspección de trabajo obligará ahora a informar con detalle sobre el salario de los directivos: “cuando para hacer públicos los sueldos hacen una media entre el más bajo y el más alto, es porque tienen algo que esconder”. El problema no es la falta de capital, sino donde se destina: ni al personal ni a las infraestructuras, pero si -dicen desde el sindicato- a despachos, secretarias, móviles y mutuas privadas de los directivos. “Lo que más nos duele es que hablen de que aumentará el precio del billete si suben nuestros sueldos, cuando la realidad es otra muy distinta”, lamenta Rodríguez.
Y es que la opinión pública no suele ser muy favorable a su lucha, pues afecta directamente a su dia a dia y -en muchas ocasiones- es desacreditada en los medios. “Nosotros recibimos la ira porque damos la cara por un servicio que otros están precarizando”, afirma Rodríguez. “¿No lo estamos sabiendo vender bien? Igual no, y los trabajadores también se queman”, concluye la secretaria tras denunciar que la empresa ha anulado la contratación de 60 personas a modo de represalia y presión para acabar con las movilizaciones. Aún así, su lucha no cesa y el próximo 9 de junio la asamblea de trabajadores deberá ratificar nuevas huelgas para el 16, 17 i 18 del mismo mes. Otra fecha en el punto de mira es el dia 23 de junio, víspera de San Juan.
