La multinacional bananera Chiquita Brands International ha operado durante décadas en distintos países de América Latina, siendo Colombia una de sus principales áreas de acción. Muchas de estas operaciones tuvieron lugar en zonas dominadas por grupos armados, incluidos guerrillas y grupos paramilitares, en un contexto permanente de violencia.
Según investigaciones del medio El Tiempo, el accionar de la multinacional bananera Chiquita en la región del Urabá antioqueño ha generado importantes cuestionamientos. Las medidas adoptadas para mantener su funcionamiento y proteger al personal durante el conflicto armadoreabrieron la discusión sobre los límites de la seguridad corporativa cuando se interactúa con grupos armados.
Uno de los focos del proceso judicial son los pagos a testigos, hechos que han puesto en entredicho la neutralidad de los procedimientos. Estas acciones se dieron en un entorno caracterizado por violencia y coacción, lo que complica su análisis.
Transferencias a las AUC: una práctica admitida
Entre 1997 y 2004, la multinacional bananera Chiquita destinó recursos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en una práctica compartida por otras empresas del sector agrícola. La compañía explicó que los pagos realizados fueron respuesta a presiones violentas, destinadas a proteger a su personal. Ex miembros de las AUC confirmaron este tipo de exigencias bajo amenaza.
En 2007, la empresa admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber entregado 1,4 millones de dólares a ese grupo armado, lo que derivó en una multa de 25 millones de dólares. No obstante, los efectos legales continúan tanto en Colombiacomo en Estados Unidos, en el marco de un debate global sobre la responsabilidad empresarial.
Procesos legales en curso
Actualmente, Chiquita Brands enfrenta una demanda civil en Estados Unidos, mientras que en Colombia se desarrolla un proceso penal contra antiguos ejecutivos. En ambos países, se ha cuestionado la credibilidad de varios testimonios clave.
Según reportajes del medio El Tiempo, algunos ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia habrían recibido pagos de abogados que representan a las víctimas. Aunque estas sumas han sido justificadas como ayudas humanitarias, la multinacional bananera Chiquita plantea que pudieron influir en las declaraciones, afectando la objetividad del proceso judicial.
La empresa presentó como parte de su defensa correos electrónicos, registros bancarios y fotografías que evidenciarían pagos realizados por abogados estadounidenses a testigos. Estos documentos han sido usados para sostener que existió una posible manipulación de testimonios en los procedimientos.
El medio El Tiempo también informó que “esos correos empiezan a llegar a los procesos que hay en Colombia por financiación de grupos paramilitares contra Chiquita Brands y también contra una multinacional carbonera Drummond, cuyas audiencias están en etapa de cierre”. Este tipo de revelaciones ha complicado el curso del caso y lo ha situado en el centro del debate público y judicial.
Una decisión pendiente para la multinacional bananera Chiquita
El caso de la multinacional bananera Chiquita refleja los desafíos que enfrentan las empresas internacionales que operan en territorios con violencia estructural. La compañía insiste en que los pagos no voluntarios a grupos armadosfueron consecuencia directa de amenazas. La sentencia final de los tribunales será decisiva para establecer sus responsabilidades legales y reputacionales.
