El govern de la Generalitat de Catalunya anuncia que no habrá más dinero para combatir la pobreza y que no destinará un euro de más a gastos sociales de los que ya están presupuestados. Por su parte, el portavoz de dicho gobierno, Francesc Homs (CiU),
El govern de la Generalitat de Catalunya anuncia que no habrá más dinero para combatir la pobreza y que no destinará un euro de más a gastos sociales de los que ya están presupuestados. Por su parte, el portavoz de dicho gobierno, Francesc Homs (CiU), repitió lo que viene siendo un mantra, cínicamente intolerable en la situación que vivimos: “No hay que fomentar la cultura del subsidio”. Y el propio president, Artur Mas, en el debate sobre la pobreza en el Parlament habla de una pobreza estructural que el gobierno central, el español, no ayuda a erradicar y que, una futura “Catalunya independiente”, podría acometer. Es una forma de tirar balones fuera ya que, ni uno ni otro ejecutivo, tienen la voluntad política de cambiar el sistema actual y aprobar medidas como la moratoria de los desahucios y del pago de los suministros básicos de aquellas familias que no pueden pagar las facturas. La realidad en que en el debate sobre la pobreza, los pobres estuvieron ausentes, así como las organizaciones sociales que están en el día a día de esta lucha.
Los derechos básicos recogidos en la Constitución y el Estatut d’Autonomia de Catalunya, como son a una vivienda digna y garantizar el acceso universal y sostenible a bienes comunes como el agua, la electricidad y el gas, están siendo vulnerados por la mercantilización de los suministros y la dejación los poderes públicos, que ponen en manos privadas estos servicios que se rigen por la leyes del mercado y la libre competencia, aunque esto último es aparente, porque las empresas distribuidoras actúan en régimen de oligopolio. De hecho, la banca y el sector energético están en manos de unos pocos que controlan el mercado y, en época de grandes crisis como la que estamos viendo, es cuando hacen más negocio. Según portavoces de la Alianza: “Mientras Endesa, la distribuidora de electricidad, prácticamente monopolista de electricidad en Catalunya, obtuvo 2.771 millones de euros de beneficio en 2012, Gas Natural Fenosa, la distribuidora monopolista de gas en Catalunya, obtuvo 1.657 millones de beneficio en 2012 y Agbar, la distribuidora casi monopolista del agua en Catalunya, obtuvo 432,9 millones de beneficio en 2011. Beneficios conseguidos a costa de subir los recibos de la electricidad un 63% desde 2008 y el agua un 65%, precisamente cuanto más cruel está la crisis para las familias”.La reforma laboral, el escandaloso aumento del precio de los billetes del transporte público, la troika de la Unión Europea con su política de recortes, el paro, las bajadas de salarios y el bloqueo de las ayudas sociales como la de la Ley de Dependencia, etc., son algunas de las causas de la creciente tasa de pobreza. En España hay 7 millones de personas que padecen pobreza energética. En Catalunya son más de 2 millones de familias que están en el límite de la pobreza y de la exclusión social, entre ellas 300 mil son niños. Con todos los miembros en paro, se encuentran 225 mil familias y, 95 mil, no tienen ningún ingreso. Estos son las cifras de la vergüenza.
DENUNCIAN EL CORTE DE SUMINISTROS
Las familias sin recursos y más vulnerables denuncian el corte de suministros durante el invierno. El Decreto Ley sobre el Código de Consumo que aprobó la Generalitat el diciembre pasado –y que finaliza el 31 de marzo-, sólo aplazó la deuda energética de 50 familias catalanas, porque: “la definición de familias vulnerables que hace el decreto excluye a la mayoría de afectados por la pobreza, y el proceso de acreditación es altamente confuso e inoperativo”, nos dicen miembros de la plataforma. Claro que otro de los problemas que tenía la ley era que lo que no se pagaba en invierno había que hacerlo en verano, o lo que es lo mismo, que las familias pobres que no podían pagar las facturas de gas, agua o electricidad en invierno, la administración creía, erróneamente, en la capacidad de los afectados para pagar el doble en abril. Para corregir en parte esta ley, el ejecutivo catalán acaba de aprobar ampliar la tregua energética durante todos los meses del año, pero se mantiene lo que critican las entidades sociales, que no se condonan las deudas, sino que se acumulan y tarde o temprano tendrán que pagarse. Por otra parte, el gobierno de CiU y ERC prometen estudiar ayudas para las familias con ingresos inferiores a 850 € mensuales, así como una vieja reivindicación ciudadana, la renta mínima garantizada. Claro que el ministro Cristóbal Montoro ya amenaza con posibles recursos de inconstitucionalidad.
MONTORO CREE INCONSTITUCIONAL LA TREGUA ENERGÉTICA
De un tiempo a esta parte, el politizado Tribunal Constitucional está siendo utilizado por el gobierno del PP como una segunda cámara legislativa, demostrando que el principio democrático de la separación de poderes es una entelequia en España. En una carta del Ministerio de Hacienda que preside el señor Montoro se advierte al gobierno de la Generalitat que: “Se avenga a negociar con el gobierno español para evitar recurso de inconstitucionalidad”, en la misiva también se dice: “Que el decreto de pobreza energética vulnera la regulación estatal en el sector eléctrico y de hidrocarburos”. Montoro dice que es competencia de Estado el tomar decisiones cuando hay un incumplimiento de contrato, o lo que es lo mismo, cuando no se pagan las facturas. Además advierte que retrasar el pago de facturas repercutiría en los ingresos de las compañías, lo que podría encarecer las facturas de los consumidores del resto del Estado. Parece irreal que tratar de combatir la pobreza se convierta en una pelea política por las competencias entre el Estado y una Autonomía, pero así están las cosas.
LAS CARAS DE LA POBREZA ENERGÉTICA
En muchas casas se está plateando una cuestión: “Comemos o pagamos los recibos y la hipoteca”. María y Fran es una joven pareja del barrio barcelonés de Sant Adrià del Besós que tienen tres hijos de 5, 9 y 10 años: “Desde octubre no podemos hacer frente al pago de las facturas –nos cuenta María-de los suministros básicos de agua, luz y gas. Los ingresos globales en nuestro hogar son de 427 € y hemos escogido comer a pagar los recibos. Estamos a punto de que nos corten los suministros. Nos encontramos negociando el fraccionamiento de la deuda del gas con la Asistente social del Ayuntamiento, pero cómo vamos a poder pagarla en esta situación si se nos va acumulando”. Fran nos dice: “Yo tenía una pequeña empresa de construcción en la que invertí todo mi patrimonio, y que perdí con la crisis. Somos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ya que nos quieren desahuciar de nuestra vivienda. Yo era autónomo, por lo que apenas cobro nada, además ahora tengo una incapacidad que me afecta a las caderas, pasé un año en una silla de ruedas y ahora me estoy recuperando. Cuando creía que podía salir del agujero, nos hunden con estas deudas. Los servicios sociales hacen lo que pueden, pero no les dotan de recursos”.
Rafael es un parado de L’Ametlla del Vallès, población cercana a Barcelona: “Soy parado desde el mes de febrero del año pasado. Estoy esperando que el Tribunal de lo Social dicte sentencia para ver si tengo derecho o no a cobrar la indemnización del despido. En mi casa vivimos con los 500 € que gana mi mujer y los 600 que tengo del subsidio de paro. Nos cortaron la luz en el mes de febrero por una factura del mes de abril. Vinieron sin avisar y se llevaron el contador y quitaron la electricidad del poste. Soy diabético, además tengo que dormir con un aparato eléctrico porque sufro apneas del sueño. No preguntaron si había algún enfermo en la casa. Como la compañía lo primero que hace es darte de baja, volvimos a hacer todos los papeles para darnos de alta. Cuando estaba todo entregado y vinieron a hacer el enganche, nos dijeron que no podían hacerlo porque la instalación no reunía las condiciones que marcaban, no industria, sino Endesa. Con la historia de los nuevos contadores, por cierto se llevaron el antiguo que era de mi propiedad, te obligan a pagar unos 1.000 € por la instalación de los contadores electrónicos. Pagué la factura antigua de abril, 96 € de los boletines, y la instalación nueva”. Pero para que vean lo kafkiano de la situación, ahí no acabó la cosa: “Cuando ya lo teníamos todo, resulta que se había pasado el plazo y la compañía nos exigía volver a presentar una nueva documentación, cosa a lo que nos negamos. Fuimos a la compañía y dijimos que no nos iríamos de allí hasta que tuviéramos el contador puesto, en cuatro horas lo pusieron. Nos agravan la situación de pobreza obligándonos a realizar instalaciones y gestiones que no podemos afrontar, y esto le puede pasar a cualquier ciudadano, le pueden obligar a cambiar la instalación de su casa, por una normativa interna de ellos”.
Lo dicho, María, Fran, Rafael no fueron oídos en el Parlament, cosa que quieren evitar las organizaciones que los representan cada día, como las que forman la Alianza contra la Pobreza Energética, que son un total de 11 entidades, entre ellas la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya, los iaioflautas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Plataforma Agua es Vida, las Asambleas de Parados o la unión de con
