Profesores, alumnos y familias de más de treinta ciudades salieron a la calle bajo el lema “Ni LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa) ni recortes”, vestidos en su mayoría con las camisetas amarillas que son ya todo un símbolo de la lucha en favor de la enseñanza pública. Y si este color está tan instaurado es porque lleva tiempo tiñendo las calles y las escuelas. El rechazo de la comunidad educativa hacia la “reforma Wert” viene siendo casi unánime desde que en abril se dictó el primer decreto para aumentar las ratios de alumnos por aula, incrementar las horas lectivas del profesorado o limitar las sustituciones de los maestros. Pero durante la última semana, la difusión del anteproyecto de la LOMCE, terminó de disparar las alarmas, sobre todo, en las comunidades autónomas que poseen idioma propio.
Cataluña lleva, en tan sólo cinco días, dos jornadas de protesta con millares de personas convocadas por el MUCE (Marco Unitario de la Comunidad Educativa) y una cumbre de emergencia a la que asistieron todas las fuerzas políticas autonómicas para frenar la aplicación de una ley que es considerada como “un ataque” a su modelo de enseñanza y su lengua. El borrador de la normativa prevé relegar el catalán a una asignatura de “especialidad” por detrás de las troncales (biología, física y química; geografía e historia; lengua; matemáticas; idioma extranjero) y las materias que la nueva ley llama “específicas” (educación física, música, plástica, religión o segunda lengua extranjera, entre otras), además de garantizar la escolarización en castellano en colegios privados, a costa de las arcas autonómicas. Desde el MUCE, rechazan “este intento de desmantelar un modelo de escuela que, durante más de 30 años, ha demostrado su éxito” y, por su parte, los partidos acordaron defender el sistema vigente en la comunidad, “aunque entre en contradicción con la ley propuesta a nivel español”, según declaró la Consejera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau.
Sin embargo, no es el problema lingüístico el que ha impulsado, principalmente, a la gente a salir a la calle. Hablando con los manifestantes ayer en Plaza Universidad, la mayoría coincidía en señalar la privatización de la enseñanza pública como el punto más grave de la nueva ley.
Ana, maestra de música de primaria, se quejaba de que “con el bombo del catalán se esté desviando la atención de lo verdaderamente importante: la amenaza de una reforma que secciona la sociedad de acuerdo a sus ingresos, porque facilita la privatización de los recursos públicos”. Ana explicaba que otro de los motivos de su indignación por la ley Wert es la subvención de los centros según los resultados académicos de los alumnos. “Viene alguien a examinar a los niños siguiendo unos criterios y unos contenidos estipulados desde fuera. Eso no tiene ningún sentido y sirve sólo parafomentar una competencia absurda entre escuelas” declaraba la maestra que, al empezar la protesta, no había encontrado aún ningún compañero de su centro. “Soy la única que estoy aquí, los maestros en general no tienen mucha información sobre lo que está pasando y, en mi opinión, están un poco dormidos”.
Juanjo, estudiante de la Facultad de Historia, manifestaba también su descontento ayer en el centro de Barcelona: “la ley de Wert es otra vuelta de tuerca en una maniobra concientemente planificada para pasar el dinero público a manos privadas”. Según este joven, la reforma no sólo es “una ofensiva centralizadora que reduce el catalán a una materia optativa”, sino que “responde a la filosofía más derechista de la derecha española” al blindar materias como la de religión. La eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el aumento de carga lectiva para la de religión demuestran, desde su punto de vista, “el peso que sigue teniendo la Iglesia en España”.
Elvira, maestra de primaria, estuvo en la concentración porque piensa que “esta propuesta de ley está en contra de todo lo que tiene que ser la escuela”. Coincide con la mayoría de los manifestantes en criticar la progresiva privatización de la enseñanza y el papel destacado que se le está concediendo a la religión, “mientras que se atenta contra un bien cultural como la lengua”. Pero más allá del tema del catalán, Elvira insiste en que “no hay que olvidar lo mal que están las condiciones laborales de los profesores”.
Alfonso, jubilado de la enseñanza,se declara totalmente a favor de la inmersión lingüística porque “los niños pueden aprender el castellano en la calle o en el patio pero el catalán se estudia en la escuela” como, asegura, ha sucedido con sus hijos. De todos modos, Alfonso también recalca que la principal razón que lo mueve a manifestarse es el rechazo a los recortes en servicios públicos. “Estoy aquí por mí, por mis hijos y por mis nietos. Sin educación no hay salida”.
Flor Ragucci
Periodista.
