La guardería Llar de Mar, en funcionamiento desde el año 1980, ha cerrado sus puertas definitivamente. Ligada a la Agencia Tributaria, a la Delegación de Hacienda, al INE, al Catastro, y al Tribunal Económico Administrativo de Catalunya, esta guardería se responsabilizaba diariamente de más de 60 niños de entre 0 y 3 años; hijos de los miles de funcionarios que trabajan en la provincia de Barcelona.
Muchos de estos funcionarios, residentes en Barcelona por exigencias laborales, no cuentan con familiares en Cataluña, lo que dificulta la tarea diaria de compaginar el trabajo con el cuidado de sus hijos. Las guarderías de Hacienda del Estado están creadas para subsanar este tipo de problemas, pero el cierre definitivo de la de Barcelona ha provocado importantes perjuicios a los trabajadores y padres de familia.
Con una plantilla de 15 trabajadores, de la que han sido despedidos 3 y recolocados los otros 12, la guardería Llar de Mar fue cerrada de forma provisional en el mes de julio del pasado año, aludiendo a la falta de un patio al aire libre exigido por la legislación vigente. A pesar de tener los permisos pertinentes de seguridad y sanidad, Mª Luisa Lamela Díaz, Directora del Departamento de Servicio y Coordinación Territorial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, decidió precintar el lugar de forma provisional hasta que las obras necesarias fueran realizadas.
El aviso del cierre, según fuentes de CGT, llegó a la guardería un miércoles, anunciando el cierre de la misma el viernes de la misma semana. En una fecha en la que el plazo para las preinscripciones de las guarderías está cerrado, “más de 60 niños quedaron en la calle.”
Los trabajadores afectados fueron reubicados en distintos organismos, y los arquitectos del Ministerio elaboraron un proyecto de obra, financiado por la Agencia Tributaria, que incluía la adecuación a la legislación. Desde ese momento, y hasta noviembre
En respuesta a los hechos y siguiendo la convocatoria de CGT, unos 500 trabajadores de la Administración Pública han hecho un paro parcial de dos horas y una posterior concentración en la sede de Hacienda de Barcelona, ubicada en la Vía Augusta, así como en la sede de la Calle Josep Carner. Los trabajadores aseguran sentirse engañados, ya que según el acuerdo que llegaron con Lamela, la guardería se volvería a abrir y no se procedería a despedir a sus miembros.
En el 2013, el Estado sigue pagando 23.000 euros al mes, un total de 270.000 euros, por el alquiler del local. Pese a las gestiones de los trabajadores ante distintos organismos oficiales para la reapertura de la guardería, el proyecto no se ha puesto en marcha, la respuesta de Lamela ha sido negativa y el Delegado Provincial de Hacienda de Barcelona ha dimitido. “Nos sentimos engañados y ninguneados”, afirma Irene Márquez, miembro del CGT por el INE. Irene considera que el único objetivo, desde el principio, era cerrar la guardería, y que los motivos aludidos por el Ministerio son una excusa, ya que se podrían subsanar. El proyecto de obra cuenta con la financiación de Hacienda y podría llevarse a cabo, por lo que entiende que no se trata de un problema de dinero. Además, alude al despilfarro de dinero público, por el pago del alquiler de un local que no se usa y que asciende a 270.000 euros.
En vistas a que existen otras guarderías de Hacienda en provincias como Madrid, Málaga, Zaragoza y A Coruña, el hecho de que se cierre la de Barcelona induce a pensar a estos trabajadores que, desde el Estado, se está intentando ‘atacar’ a Cataluña. El cierre de algunas delegaciones de la Agencia Tributaria en Barcelona también refuerza esta idea.
Después de hablar con el Delegado de Hacienda en funciones de Barcelona, los trabajadores han acordado una reunión con Lamela mañana, aunque no tienen muchas esperanzas. “Nos han mentido en todo. Ya no confiamos en los altos cargos de la Administración.”
