El enésimo escándalo en relación con la Administración de Justicia está, nuevamente, pasando de largo de los medios de comunicación y muy lejos de que los ciudadanos de este país conozcan el nuevo proyecto del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón: la privatización del Registro Civil.
El Registro Civil que en la actualidad depende del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registro y del Notariado (DGRN) es el órgano al que acudimos todos tarde o temprano para inscribir o recoger certificaciones de diverso tipo: nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas, entre otros trámite como el cambio de nombre, expedientes de nacionalidad, etc…
El Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros que está en fase de borrador y que se desconoce todavía cuándo pasará por el Consejo de Ministros, contiene una perversión de gran calado. El Registro Civil pasará a ser controlado por los Registradores de la Propiedad que, además de ser el grupo que asume la gestión del Registro Mercantil pasará también a ser “propietario” del Registro de Seguros de Vida, del de los actos de última voluntad (testamentos), del Registro de Asociaciones y del de Fundaciones, citando sólo los principales.
El Registro Civil es un órgano que en la actualidad está bajo la tutela de un juez y de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Estamos pues hablando de un grupo de empleados públicos que obedecen a la Ley Orgánica del Poder Judicial y que están sometidos a un estricta reglamentación. No podría ser de otro modo dado el carácter de la información confidencial que manejan.
¿Por qué Gallardón quiere que el Registro Civil pase a manos de los Registradores de la Propiedad? Él mismo ha manifestado que dicho colectivo ha sufrido una caída en sus ingresos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, por tanto, aduce a motivos de índole económicos. En pleno apogeo de registro de inmuebles y compra-ventas no escuchamos grandes quejas de dicho colectivo. Es escandaloso pues que quienes se han enriquecido durante los últimos años, junto a notarios y banqueros, ahora lloren por la caída de sus ingresos. No olvidemos que los Registradores cobran por cada nota simple que expiden o por cada inscripción que realizan y que dichos ingresos no van a parar a las arcas públicas sino a sus propios bolsillos.
Reitero nuevamente la pregunta anterior ¿Por qué los Registradores de la Propiedad? Aquí es cuando nos adentramos en relaciones familiares con el partido de Gobierno. El presidente del Gobierno es Registrador de la Propiedad así como tres de sus hermanos, el cuarto es Notario y Gallardón tiene también estrechos lazos familiares con este grupo. Sin ir más lejos Enrique Rajoy Brey ha sido uno de los ideólogos de este Anteproyecto. Y no queda ahí todo. Los propios registradores han remitido enmiendas y propuestas al Anteproyecto, actuando de legisladores. El deseo cumplido de cualquier lobby. No sólo presionar sino además legislar.
Hasta aquí entendemos el por qué. Ahora pasemos a intentar analizar qué consecuencias tendrá sobre todos que el Registro Civil pase a manos de los Registradores de la Propiedad.
Desde 1870 el Registro Civil es un servicio público gratuito que todos y todas pagamos de nuestros impuestos para que así sea, si se aprueba el Anteproyecto dejará de serlo. Los Registradores cobrarán un arancel por cada inscripción o certificación que realicen. Según el Anteproyecto quedarán exentos de pago las inscripciones de nacimiento y defunción, al no ser actos voluntarios (uno no decide nacer ni morir) y también quedarán exentas del pago las administraciones públicas. Para todo lo demás se deberá pasar por caja y pagar. Se estima que el pago podría rondar entre los 10 y los 40 euros dependiendo del tipo de trámite.
Además será de obligado registro cuestiones que hasta ahora no lo eran: el domicilio a efecto de notificaciones, el régimen económico del matrimonio… Es decir, toda nuestra vida registral quedará a manos de los Registradores de la Propiedad. A eso se le llama privatización y monopolio. No obstante el Ministro de Justicia no lo ve así. Según Gallardón únicamente se traspasan las funciones que ahora realizan unos funcionarios, los de justicia, a otros funcionarios, los Registradores. Entremos en los matices de dicha afirmación. Los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia nos rige un estricto reglamento disciplinario y estamos bajo el control de una Ley Orgánica y los Registradores de la Propiedad se rigen por la Ley Hipotecaria. Un viso fundamental y además de ello, los Registradores no cobran un sueldo del Estado y el personal que trabaja para ellos no es empleado público. Ellos deciden a quién contratan y en qué condiciones, por tanto su plantilla tampoco ostenta la condición de funcionario.
En los últimos años, además, se ha llevado a cabo una importantísima inversión tecnológica en los registros civiles de todo el Estado mediante la digitalización de los libros y la unificación de la información en un solo programa: INFOREG cuyo coste, según el propio Ministerio de Justicia, ha sido de 130 millones de euros (pagados por todos). Este programa será entregado a los Registradores de la Propiedad. Nuestros datos, nuestra vida registral, nuestra privacidad estará en una sola mano que se rige por criterios más bien empresariales y no precisamente por vocación de servicio público.
La verdad estará en los libros y su propiedad en manos de los Registradores. La ex directora de la DGRN, Pilar Blanco ha manifestado que “ello supone la creación de una especie de Gran Hermano”. Estoy de acuerdo con ella. Nuestras vidas estarán en sus manos y los Registradores controlarán nuestra privacidad. Un auténtico escándalo que, nuevamente, no tiene parangón en ningún país europeo. Es posible incluso cuestionar la constitucionalidad de dicho anteproyecto. ¿ En qué lugar queda el derecho a la intimidad?
No obstante que nadie piense que esto alegra a una parte de los registradores de este país. Quieren que en el borrador se explicite qué tipo de ingresos van a recibir. Es por ello que el próximo mes de abril y por tercera vez en su historia, los registradores se reúnen en un Congreso en Zaragoza para debatir esta cuestión. Aquí además entra en juego otro colectivo que también ha visto mermado sus ingresos, los Notarios. En el Anteproyecto los notarios serán aquellos “funcionarios” ante los que debamos contraer matrimonio. Ni alcaldes, ni jueces…se estima un precio de entre 90 y 100 euros. Una vez felizmente casados, deberemos acudir al Registro Civil para inscribir el matrimonio (entre 10 y 40 euros). Vayan sumando.
Los notarios están indignados ante este Anteproyecto. Se les ha dejado de lado, dicen y no tendrán ni de lejos tantas competencias como los Registradores. Es lo que tiene que de tus cuatro hermanos, sólo uno sea Notario. Hay en estos momentos una guerra entre ambos colectivos. Veremos cómo acaba.
Mientras tanto desaparecerán los registros que actualmente existen en los Ayuntamientos. Sólo existirá un registro civil por provincia. El ciudadano verá de nuevo cómo se le dificulta el acceso a sus derechos y cómo la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia queda en un cúmulo de buenas intenciones.
Además puedo aportar datos de cuánto supondrá para los Registradores de la Propiedad adueñarse de los registros civiles. Doy como ejemplo un par de ciudades del Estado.
En Lleida, por ejemplo y tomando como referencia el total de actuaciones que se llevaron a cabo en el Registro Civil en el año 2012 y calculando una media por certificación o inscripción de 20 euros, sumaría aproximadamente medio millón de euros anuales para los registradores de la propiedad o lo que es lo mismo medio millón que saldrán del bolsillo de cada uno de nosotros cada vez que acudamos a él. Elche, otro ejemplo, un millón de euros anuales.
A partir de aquí sólo nos queda seguir intentando parar esta aberración que supondrá además la eliminación de más de 3.500 puestos de trabajo en todo el Estado. Lo denunciamos en un anterior artículo (Gallardón el justo) La justicia está desapareciendo y el justiciable pasaré a ser un don nadie. Gallardón sigue, lamentablemente, haciendo historia.
Siguiendo en la ficción orweliana quién puede tener la certeza de que en algún momento no se le obligará a inscribir su militancia política, afiliación sindical, sus creencias religiosas o su condición sexual. ¿A alguien le parece exagerado estas afirmaciones? Al tiempo.
