Este lunes, 1 de julio de 2024, se cumplen nueve años de la entrada en vigor en España de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como «ley mordaza». Con motivo de este aniversario, nueve organizaciones de la sociedad civil (Amnistía Internacional, Greenpeace, Defender a quien Defiende, Futuro Vegetal, Novact, Irídia, Extiction Rebellion, No Somos Delito y Rebelión Científica) han emitido el manifiesto Protestar no es terrorismo, en el que sostienen que, tanto con la norma como con la doble reforma del Código Penal “han aumentado las herramientas de censura, obstaculización y control de la sociedad civil, a través de la vía penal y administrativa, y han enquistado la impunidad de la violencia policial”; es decir, “ha crecido la criminalización de la protesta”.
En el texto, las nueve organizaciones resaltan el nuevo ciclo de movilizaciones alrededor del mundo: los movimientos feministas, antirracistas, ecologistas y, ahora, por la solidaridad con Palestina. Y, “si bien la movilización ha sido masiva y global, se ha encontrado, sin excepción, con la respuesta represiva y a menudo violenta del Estado”.
El manifiesto señala que la definición “excesivamente amplia e imprecisa en algunos artículos en el Código Penal de los delitos de terrorismo implica graves repercusiones para las personas que ejercen el derecho de reunión, manifestación y la libertad de expresión e información”.
Estas acusaciones, no obstante, “no son ni nuevas ni constituyen un caso aislado, sino que forman parte de una tendencia que va en aumento, como se evidenció en la última memoria del Fiscal General del Estado (2022)”, recuerdan, la cual clasificó las acciones de los movimientos antifascistas, ecologistas e independentistas catalanes en la sección de “terrorismo nacional”.
Asimismo, informan, el último informe anual de la Europol sobre la situación del terrorismo en la Unión Europea (2023), incluyó los movimientos independentistas catalanes y vascos como terroristas.
La aparición de estos movimientos en ambos informes, consideran las organizaciones, “demuestra cómo el Estado categoriza estas expresiones del derecho a la protesta”: “Asistimos con rabia a cómo medios de comunicación y redes sociales definen a activistas ecologistas como ecoterroristas. Recibimos indignadas cómo los activistas contra la islamofobia Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir fueron deportados a Marruecos después de vivir 30 años en el Estado español bajo la acusación que ambos rechazaron rotundamente”, apuntan en el texto.
¿Qué es terrorismo?
El manifiesto también denuncia que “el caso más grave —que no el único— es la investigación abierta en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por terrorismo contra el movimiento catalán Tsunami Democràtic” al considerar que la acusación contra este movimiento “ataca directamente a los derechos fundamentales de las personas que en 2019 salieron a la calle en Cataluña y demuestra la aplicación extensiva de algunos artículos del Código Penal, que penalizan indebidamente la protesta y la desobediencia civil”.
Ante esto, las entidades firmantes consideran que el término terrorismo se ha “banalizado” y se ha convertido “en una herramienta punitivista y ejemplarizante contra la movilización social masiva, para prevenirla y silenciarla”.
Dada la definición “excesivamente amplia e imprecisa que existe actualmente” las organizaciones recuerdan que el Congreso debe aprovechar la actual tramitación de la reforma del Código Penal para garantizar “que sólo son tipificados como delitos de terrorismo los que se adecúen a la definición proporcionada por Naciones Unidas”. Según el Relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, “para que un acto pueda ser considerado terrorista debe cumplir tres características acumulativas: intencionalidad de causar muerte, heridos graves o tomar rehenes; propósito de atemorizar o intimidar a la población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; y cometer delitos definidos en convenciones y protocolos internacionales (o que contenga todos los elementos necesarios para constituir un delito grave según se define en la ley), algo que no ocurre en las actividades realizadas por Tsunami Democràtic”, destacan.
El manifiesto de las organizaciones por el aniversario de la ley mordaza también señala que el número de casos aumenta y, actualmente, “se investiga a más de 50 personas acusadas de terrorismo, organización o grupo criminal”.
